Cosevi evita enterrar plan de cámaras en carretera y analiza alternativas para ejecutarlo
Desde 2021 hay contrato firmado con consorcio para propuesta de $54 millones
(CRHoy.com). La colocación de cámaras y sistemas de monitoreo para fiscalizar el comportamiento de choferes en rutas nacionales sigue en la carpeta de proyectos de interés para el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).
En febrero de 2020, durante la Administración Alvarado Quesada (2018-2022), el Cosevi y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) sacaron bombos y platillos para anunciar un proyecto ambicioso: el Sistema Integrado para el Control de la Movilidad (Sicom).
En principio, el proyecto, adjudicado al consorcio Gestión Tecnológica ITS, requiere una inversión total cercana a los $54 millones. Estaba pactado para ejecutarse entre 2020 y 2021, pero las limitaciones en trámites presupuestarios, derivadas del coronavirus COVID-19, provocaron que el plan se quedara varado.
Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, aseguró el pasado 22 de julio que impulsar este sistema no está en el radar del nuevo gobierno. Sin embargo, este 7 de diciembre de 2022, Cindy Coto, directora ejecutiva de Cosevi, aseguró a CRHoy.com que el plan es de interés para su gestión.
"Sobre ese proyecto, yo le voy a hacer sincera. Hasta ahora, que vamos a ver ejecución presupuestaria, voy a analizar qué va a pasar. El presupuesto de la institución es demasiado pequeño para ese proyecto. Tendríamos que analizar a ver cuáles son las opciones que tenemos, porque en realidad ese proyecto, es vital para el tema de seguridad vial", expuso la funcionaria.
El concepto del Sicom iba más allá que un sistema de monitoreo y sanción a través de cámaras en carretera. Permitiría aplicar la foto-multa, pero también otras acciones remotas para el control vial: control de carril exclusivo para buses, video-vigilancia con un centro de analítica, sistemas de control de velocidad, irrespeto a semáforos en rojo, control e irrespeto a la restricción vehicular, control de piques, generación de foto-multas y control de virajes no permitidos, entre otras acciones.
El consorcio Gestión Tecnológica ITS está conformado por Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa), la empresa Sensys Gatso US y la compañía Lanprosa S.A. Esa asociación empresarial planteó un recurso de amparo contra el Cosevi por dejar sin contenido presupuestario el contrato administrativo, pero fue rechazado de plano.
En agosto pasado, este medio contactó a representantes de la organización, quienes confirmaron que pese a contar el contrato firmado se mantienen en un limbo y está "totalmente en stand by (espera)".
"La video-vigilancia yo creo que es un tema muy importante, pero pasa por un tema financiero", acotó Coto.
¿Qué pasa con el contrato acordado con el consorcio adjudicado? Según la funcionaria, aparte de la legalidad, lo que determina que el plan esté en el limbo es la "parte económica" y el Sicom estará entre las propuestas a analizar para el ejercicio económico de 2023.
El proyecto
El contrato con el consorcio está firmado, pero hasta que no exista certeza presupuestaria no se podría refrendar ante la Contraloría General de la República (CGR).
Desde 2021, los presupuestos de los consejos adscritos al MOPT, como el Cosevi, deben ser aprobados por el Ministerio de Hacienda y no por la Contraloría General de la República (CGR), como ocurría antes.
El Sicom contemplaba la instalación de 100 equipos en distintos puntos de la Gran Área Metropolitana (GAM), principalmente en la ruta de Circunvalación y en las zonas más transitadas de la capital.
Los dispositivos serían monitoreados desde un centro que se construirá en Cosevi, en La Uruca, y que compartirá la información con otros cuerpos policiales e instituciones. En una segunda fase, se preveía la inclusión de las municipalidades del Valle Central.
Ante la incertidumbre con el proyecto, Edwin Herrera, director ejecutivo del consejo, reconoció en 2021 que existían riesgos con el adjudicatario y estaban a expensas de la existencia de eventuales reclamos legales al no poder ejecutar el contrato firmado.
"Eso ya es una decisión del adjudicatario (Gestión Tecnológica ITS) y en otras instancias se podría discutir, pero nosotros mantenemos conversaciones con ellos y en este momento están claros de la problemática que ha implicado la pandemia (COVID-19) para el país", apuntó el entonces funcionario, en esa oportunidad.
Herrera dijo que más allá del aspecto económico, con la eficiencia para generar multas por malas conductas al volante, procuran atacar los malos hábitos que disparan las muertes en carretera.
Los recursos provenían del fondo libre del Cosevi y la normativa señalaba que se debían usar en proyectos de seguridad vial.
