Corte ya elige magistrados que conformarán Tribunal para tramitar acusación contra Chaves por financiamiento Jaguar
El Tribunal de la Corte Plena ya trabaja en conformar la lista de magistrados que tramitará la acusación penal que afronta el mandatario Rodrigo Chaves Robles por el denominado caso Financiamiento Jaguar.
En este se investigaron aparentes irregularidades en la forma en que se inyectaron recursos a su campaña electoral, con la que ganó la presidencia en 2022. Este trámite comenzó ayer lunes, según confirmó la Presidencia del Poder Judicial.
"En atención a su consulta, se informa que en la sesión de Corte Plena celebrada el lunes 13 de octubre, se dio inicio al proceso de integración del Tribunal que conocerá el expediente N.° 22-000116-1218-PE.
Dicho expediente contiene la acusación formulada por el Ministerio Público relacionada con un presunto financiamiento paralelo en la pasada contienda electoral", indicaron ante la consulta de CR Hoy.
Actualmente, el proceso se encuentra en una fase en la que se analizarán los posibles impedimentos presentados por los miembros de la Corte para conocer el caso, los cuales aún no han sido resueltos.
El pasado 23 de junio, la Fiscalía General de la República presentó una acusación penal contra el Chaves Robles y seis miembros más de los Supremos Poderes por el caso conocido como Financiamiento Jaguar.
Según el Ministerio Público, los acusados habrían recurrido a dos estructuras paralelas para costear gastos electorales del 2022 del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), contraviniendo las normas electorales sobre financiamiento político.
La pieza acusatoria fue remitida a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, ya que los imputados gozan de fuero especial de improcedibilidad —denominado inmunidad— que impide procesarlos por la vía judicial ordinaria.
Además del mandatario, fueron acusados el exvicepresidente Stephan Brunner Neibig y el canciller Arnoldo André Tinoco. La lista la completan los diputados Pilar Cisneros Gallo, Paola Nájera Abarca, Waldo Agüero Sanabria y Luz Mary Alpízar Loaiza, presidenta fundadora del PPSD.
A todos los acusados se les aplica un procedimiento penal especial establecido en la Constitución Política, el cual impide su detención mientras conserven el fuero y exige la intervención de la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa antes de iniciar cualquier proceso judicial formal.
Fases clave del proceso especial
Según el Código Procesal Penal, tras concluir la investigación, el fiscal puede presentar desestimación, sobreseimiento o acusación ante la Corte Suprema de Justicia. En este caso, la pieza acusatoria fue presentada casi 4 meses.
La Corte deberá analizar la admisibilidad de la causa. Para ello, designó a uno de sus magistrados, quien elaboró un informe que será discutido por la Sala Tercera de Casación Penal antes de llegar al Pleno.
Posteriormente, la recomendación se eleva al Tribunal de la Corte Plena, compuesto por 22 magistrados. El proceso se encuentra precisamente en esta fase, en la cual se está determinando cuáles altos jueces integrarán ese Tribunal cuando se tome la decisión.
Si este órgano determina que la acusación es admisible, la trasladará a la Asamblea Legislativa para iniciar el proceso de antejuicio. En la Asamblea se conformará una comisión especial de tres diputados que estudiará el caso, evaluará la prueba y emitirá una recomendación al Plenario sobre si debe levantarse el fuero.
El levantamiento de la inmunidad solo puede aprobarse por mayoría calificada, es decir, con al menos 38 votos a favor en el Plenario Legislativo. Semanas atrás, se rechazó el levantamiento de la inmunidad por el caso denominado BCIE-Cariñitos.
Una vez levantado el fuero, el magistrado instructor tomará el control del caso, ordenará a los imputados nombrar defensa en un plazo de tres días y les tomará declaración indagatoria. A diferencia del proceso ordinario, no es el Ministerio Público quien realiza esta diligencia.
Luego se abrirá un plazo de cinco días para el ofrecimiento de prueba. Una vez admitida, se fijará la fecha para el debate oral y público, el cual se desarrollará ante la Sala de Casación Penal, bajo las reglas de un juicio ordinario.
La sentencia podrá ser apelada por las partes y será la Corte Plena la que resuelva en última instancia.
Financiamiento oculto
La acusación, contenida en el expediente N.° 22-000116-1218-PE, sostiene que en la campaña presidencial del 2022 se habrían utilizado dos mecanismos paralelos de financiamiento político a favor de Rodrigo Alberto Chaves y otras candidaturas del PPSD.
En paralelo a la investigación judicial, el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) también realizó diligencias que confirmaron la existencia de esquemas que, aunque no lo declaraban explícitamente, operaron como estructuras paralelas para inyectar recursos y pagar gastos de la contienda.
Uno de estos mecanismos fue un fideicomiso constituido el 25 de febrero de 2021 por la agrupación Costa Rica Próspera, cuyo objetivo declarado era apoyar las aspiraciones políticas de Rodrigo Chaves.
El informe del TSE —IDI-DFPP-007-2024— fue secuestrado por la Fiscalía a inicios de este año y dado a conocer al público por CR Hoy el 1.° de febrero.
La investigación reveló que, incluso antes de la ratificación de la candidatura presidencial de Chaves, ocurrida el 4 de julio de 2021, ya se estaban ejecutando gastos orientados a respaldar la acción política del grupo.
Entre el 2 de septiembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022, se activó una segunda estructura de financiamiento paralelo en beneficio del partido oficialista.
Esta también respaldó la candidatura a diputado de Waldo Agüero Sanabria. Según el informe, en esa red participaron al menos el banquero Jack Loeb Casanova y Sofía Agüero Salazar, hija del actual legislador.
A través de ese esquema se gestionaron más de ₡12 millones y $208.844 en gastos de naturaleza político-electoral, sin ser reportados ni en los informes intermedios ni en los balances anuales del partido, como exige la ley.
Ellos dos y los demás implicados en las estructuras paralelas que no cuentan con inmunidad son investigados por aparte en el expediente N.° 22-000210-0276-PE, bajo la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
La Fiscalía concluye que ambos esquemas operaron al margen del control del TSE y de la tesorería del partido, lo cual vulnera principios fundamentales como la legalidad, la transparencia y la publicidad en el financiamiento político.
El Código Electoral establece que todas las contribuciones a partidos, candidaturas o precandidaturas deben ser realizadas por personas físicas nacionales plenamente identificadas y canalizadas exclusivamente por los mecanismos oficiales de la política.
En esta etapa procesal, el Ministerio Público sostiene que existen suficientes elementos de convicción para considerar que los imputados son responsables de los delitos tipificados en los artículos 273, 274 inciso e) y 275 incisos a) y b) del Código Electoral.