Corte ya comenzó trámite sobre levantamiento de inmunidad a Rodrigo Chaves y Ministro de Cultura
Magistrados analizan si causa por concusión cumple requisitos para ser enviada al Congreso, donde diputados decidirían si retiran el fuero al mandatario y a su colaborador más cercano
El Tribunal de la Corte Plena comenzó este martes por la mañana a analizar la solicitud de levantamiento del fuero de improcedibilidad —conocido como inmunidad— del mandatario Rodrigo Chaves Robles y del ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, una de las figuras más cercanas al gobernante.
Se trata de una acusación penal por el delito de concusión, presentada semanas atrás por la Fiscalía General. La audiencia privada que se celebra este martes es clave: en esta fase, los magistrados no determinan si levantan o no la inmunidad, sino si la causa penal cumple con los requisitos legales para ser enviada a la Asamblea Legislativa.
En caso de avanzar, los diputados deberán seguir varios pasos, como crear una comisión especial, rendir un informe y finalmente votar en el Plenario sobre el retiro del fuero especial que protege al mandatario por su condición de integrante de los Supremos Poderes.
La acusación penal que enfrenta Chaves está relacionada con el caso BCIE–Choreco. Al presidente se le investiga por, aparentemente, idear un plan junto con el ministro de Cultura para obligar al empresario Cristian Bulgarelli a girar $32.000 al amigo íntimo y asesor presidencial, Federico Cruz Saravanja, alias “Choreco”, dinero que habría salido del pago de un contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
A finales de mayo, Rodrigo Chaves dejó entrever que ataca personalmente a magistrados de la Corte Suprema de Justicia con el fin de apartarlos del conocimiento de las causas penales en su contra.
Durante uno de sus programas televisivos, el mandatario intentó poner en tela de duda la neutralidad de altos jueces como el presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre, o la presidenta de la Sala Tercera de Casación Penal, Patricia Solano, solo porque él arremete constantemente contra ellos.
"Yo me pregunto a alguien como Patricia Solano, a quien yo cotidianamente denuncio, ¿ella tendrá la neutralidad para juzgar un expediente en contra mío? (…)
Sí, yo soy muy duro con ciertos magistrados y lo seguiré siendo. ¿Usted cree el señor Orlando Aguirre no es una persona que me ve con cierto grado de sesgo negativo?", señaló Rodrigo Chaves.
CR Hoy reveló el 27 de mayo que fueron ocho o menos los magistrados que presentaron abstenciones para no formar parte del Tribunal de la Corte que tramita este expediente, cuyo objetivo es votar el eventual levantamiento de la inmunidad del presidente.
No obstante, ninguna de esas solicitudes estuvo motivada por “temor” o por un afán de evadir el caso, sino por el interés de garantizar la transparencia del proceso y evitar eventuales conflictos de interés, según conoció este medio.
Entre los magistrados que plantearon dudas figuran varios integrantes de la Sala Constitucional, debido a una resolución dictada en el pasado que podría guardar relación con el caso. Sin embargo, como no se identificó un vínculo directo, la mayoría de las inhibitorias fue rechazada.
Una excusa o abstención es la decisión de un juez de no conocer una causa cuando exista duda sobre su imparcialidad o por motivos como un interés personal en lo que se juzga o con las partes involucradas.
De todas las planteadas, solo una abstención fue aceptada. Como también reveló CR Hoy, el magistrado Paul Rueda Leal, de la Sala Constitucional, es el único titular de los 22 actuales que no integrará el Tribunal que analiza el expediente contra Rodrigo Chaves.
Esa fue la única excusa aprobada por el resto de los altos jueces en la discusión para decidir si remiten el expediente a la Asamblea Legislativa con la solicitud de levantar el fuero de improcedibilidad que ampara al mandatario y que, de levantarse, permitiría procesarlo penalmente por el presunto delito de concusión.
Levantar la inmunidad es una decisión que corresponde exclusivamente a los diputados, conforme al procedimiento legal. No obstante, ese paso solo puede darse si la Corte autoriza la continuación de la persecución penal y remite el caso al Congreso.
Contrato con cariñitos
En abril pasado, la Fiscalía General, encabezada por Carlo Díaz, presentó una acusación formal contra Chaves y su ministro cercano, Jorge Rodríguez Vives.
En apariencia, ambos habrían ejercido presiones para inducir a Cristian Bulgarelli —empresario y productor audiovisual que obtuvo un contrato para ejecutar proyectos comunicacionales de la Presidencia— a otorgar un beneficio patrimonial indebido al coimputado Federico Cruz Saravanja, alias “Choreco”, exasesor de campaña, amigo personal e íntimo del mandatario.
Según la acusación, Chaves habría ideado un plan para inducir al empresario a girar $32.000 al asesor presidencial, con fondos provenientes del contrato con el BCIE. La contratación se formalizó entre octubre de 2022 y octubre de 2023, por un monto de $400.000, financiado mediante una donación de la entidad internacional.
A “Choreco” se le benefició con los $32.000 para la compra de una vivienda. En ese momento, también habría participado el actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, quien fungía como jefe del despacho presidencial y luego como ministro de Comunicación.
En audios incorporados como prueba, se escucha a Chaves pedir “cariñitos” y otros asuntos dirigidos a mejorar su imagen, que serían financiados con los fondos donados por el BCIE.
Además, de acuerdo con la acusación fiscal, antes del proceso de contratación, los funcionarios sostuvieron reuniones en Casa Presidencial donde instruyeron a Bulgarelli para que él mismo elaborara los términos de referencia del contrato.
La Procuraduría General de la República confirmó a CR Hoy que en este proceso judicial ostenta la condición de actor civil.
La acción civil resarcitoria es un mecanismo legal que permite a la víctima de un delito reclamar daños y perjuicios dentro del proceso penal, con el fin de obtener la restitución del daño o una indemnización.
Al tratarse de un presunto delito de corrupción que afecta la Hacienda Pública, la Procuraduría actúa en representación del Estado y, en consecuencia, podrá solicitar a los imputados Chaves Robles y Rodríguez Vives una indemnización al erario público.
No obstante, debido a que el proceso se rige por una vía distinta —al tratarse de miembros de los Supremos Poderes— y aún se encuentra en etapa de investigación preliminar, la Procuraduría no ha detallado el monto económico que eventualmente exigirá.
