Corte eleva advertencias sobre proyecto para crear protocolo de alerta rápida por desaparición de mujeres
La Corte Plena del Poder Judicial aprobó y emitió un informe con una serie de advertencias sobre el proyecto de ley 24.311, que pretende crear un protocolo de acciones inmediatas y procedimientos para atender casos de desaparición o no localización de una mujer mayor de edad durante las primeras horas del reporte.
Adicionalmente, busca obligar a varias instituciones a coordinarse y a los medios de comunicación a difundir, de manera gratuita y obligatoria, alertas tanto sobre mujeres desaparecidas como sobre casos sin resolver.
La primera de las advertencias gira en torno a que la reforma pretende asignarle funciones adicionales al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) al nombrarlo como la entidad a cargo de coordinar una comisión de varias instituciones para establecer el protocolo de alerta temprana ante el extravío de mujeres.
Esto excede las funciones de la policía judicial establecidas en la legislación, como la Ley Orgánica del Ministerio Público, dado que el OIJ no está a cargo de la prevención de delitos, sino de auxiliar a la Fiscalía y a los Tribunales de Justicia en las indagaciones y la persecución de actos ilícitos.
"No es conveniente darle otras (obligaciones) que se refieran a temas de prevención. También me parece, con todo respeto, que hay una afectación al principio de división de poderes. No veo que el OIJ tenga algún tipo de jerarquía superior o inferior al Ministerio de Seguridad Pública o al Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) como para que los esté monitoreando o dando recomendaciones", detalló la magistrada Sandra Zúñiga.
A esto se suma que las nuevas tareas implican un mayor requerimiento de recurso humano y equipo tecnológico para hacerle frente a la coordinación de la comisión que se pretende instaurar.
Otra preocupación es el acceso a la información de las mujeres desaparecidas o no localizadas, dado que la propuesta de ley pretende facilitar algunos de esos datos al público en general, lo que podría infringir el derecho a la privacidad.
El proyecto también busca permitir la intervención de comunicaciones sin que necesariamente se esté investigando un delito, por lo que, tal como está planteado, podría entrar en conflicto con la Constitución Política al vulnerar el derecho a la intimidad sin establecer un filtro previo. Además, este tema ya ha sido abordado por otra legislación.
El proyecto, conocido como "Ley Kimberly", hace referencia a una joven madre que fue asesinada presuntamente a manos de su esposo en abril de 2024 y cuyos restos fueron encontrados días después en la ruta 32.
El plan propone la creación de un protocolo de tres fases para la atención de casos de desaparición de mujeres, en el que participarían tanto entidades públicas como privadas.
Además de la difusión obligatoria y gratuita de alertas en los medios, la iniciativa establece la posibilidad de intervención de comunicaciones y acceso a documentos privados cuando exista sospecha razonable de que una persona posee información clave para resolver el caso.
Asimismo, el proyecto contempla la prohibición de salida del país para la persona reportada como desaparecida o no localizada.
La alerta deberá incluir el nombre completo de la mujer desaparecida, fotografías, la última vestimenta con la que fue vista, el último lugar donde fue visualizada y el sitio de contacto para brindar información.
Además, se enviará de inmediato a todas las autoridades en fronteras, puertos, aeropuertos, servicios de Guardacostas y a la Dirección General de Migración y Extranjería, con el fin de evitar la salida del país de la persona desaparecida o de quienes sean sospechosos o posean información relevante para determinar su localización.
El proyecto también establece que un juez penal podrá autorizar el registro, secuestro y examen de documentos privados, así como la intervención de comunicaciones y telecomunicaciones de quienes sean sospechosos de poseer información relevante para la localización de la persona.
La nueva legislación dispone que el OIJ deberá mantener un registro nacional actualizado diariamente de mujeres desaparecidas, al cual podrá acceder la ciudadanía.
En febrero pasado, la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa dictaminó de manera afirmativa el proyecto de ley.
