Coprocom presenta demanda contra regulación que planteó el gobierno en precios de medicamentos
La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) demandó al Estado costarricense ante el Tribunal Contencioso Administrativo con la intención de anular el decreto "Regulación de margen máximo de comercialización bruto de todos los medicamentos registrados ante el Ministerio de Salud", que rige desde el 18 de febrero de 2025, tras considerarlo excluyente de la competencia.
El decreto fue promovido y firmado por el gobierno de Rodrigo Chaves, pero ha sido cuestionado, pues a nivel técnico se señala que en lugar de beneficiar a los consumidores, más bien terminaría ocasionando aumento en algunos precios y eventuales desabastos.
La normativa plantea límites en algunas comisiones que se pagan por las medicinas.
Coprocom recurrió a esta instancia luego de que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) rechazara sus argumentos y emitiera el decreto número 44863-MEIC, sin consultarlos antes de su publicación.
El objetivo de la demanda es que se declare la disconformidad del decreto con el ordenamiento jurídico y se anule. Además, la entidad solicitó como medida cautelar la suspensión de la regulación debido a los posibles daños que su vigencia podría generar en el mercado.
Según Coprocom, el decreto presenta varios vicios legales que deben ser revisados por la vía judicial, entre ellos: restricciones al derecho de libertad de comercio y salud, falta de análisis sobre el riesgo de desabastecimiento en el mercado, inconsistencias en la metodología utilizada para fijar los márgenes de comercialización, incumplimiento del requisito de consulta a Coprocom y violación de la normativa de competencia.
Viviana Blanco, presidenta de Coprocom, advirtió sobre las consecuencias que podría generar esta regulación:
De continuar con la regulación de márgenes, los agentes económicos podrían decidir no abastecerse de ciertos productos porque no les resulta rentable como política o estrategia comercial, lo que provocaría un desabastecimiento con implicaciones para la salud pública y la vida de los pacientes. Además, esta regulación podría tener efectos contraproducentes en otros niveles de la cadena de comercialización más allá de las droguerías, como la comercialización institucional, afectando incluso las adquisiciones de medicamentos por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)".
