Coopeservidores usó ₡720 millones propios para pagar 4 mil pólizas de deudores que no abonaban
La alta gerencia de Coopeservidores utilizó dinero de la entidad financiera, para realizar pagos de pólizas de miles de deudores que hacía meses no las abonaban, lo que provocó un impacto financiero de $1,4 millones de dólares por gastos sin causa legítima, es decir, unos ₡720 millones de colones al tipo de cambio actual.
Así consta en la orden de allanamiento, a la cual crhoy.com tuvo acceso, con la cual se autorizó el operativo ejecutado a inicios de setiembre. Dicho legajo judicial recopiló parte de las irregularidades que se encontró el informe de una auditoría forense ordenada por el interventor Marco Hernández, que fue llevada a cabo por la firma Carvajal & Colegiados.
En el documento se señala que el administrador titular de la resolución de Coopeservidores R. L., Marco Hernández, denunció la "cancelación de pólizas de seguros con recursos propios de la cooperativa intervenida, sobre primas de pólizas de deudores aprovechando que CS Corredora de Seguros fue una empresa subsidiaria de la cooperativa agraviada"
"C S CORREDORA DE SEGUROS solicitó ante la Interventoría la cancelación de primas de diferentes pólizas al cierre del mes de mayo de 2024 por un total de ₡987,173,009.02 y $37,217.06, existiendo una discrepancia de ₵134,100,000.00 y $5,734.97, entre lo gestionado por C S CORREDORA DE SEGUROS y lo realmente pagado por los deudores, lo que implicó la cancelación de montos sin verificación previa", cita la orden de allanamiento.
Esto provocó una sobrevaloración en las acciones de los corredores, pagando más de cuatro mil primas mensuales sobre deudas en las que no se realizaban pagos desde hace más de cuatro meses.
La maniobra financiera es una de las que mantiene bajo indagaciones por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual, por los supuestos manejos irregulares y anomalías en la administración de Coopeservidores.
Al parecer, fueron varios de los altos funcionarios de la institución los que estuvieron a cargo de ejecutar estas acciones, o de no supervisar apropiadamente lo que estaba ocurriendo.
"También se logró determinar las acciones/omisiones de los imputados Oscar Enrique Hidalgo Chaves, en calidad de Gerente General, de Santos Joaquín Lozano Galindo, gerente de Operaciones, Juan Carlos Chinchilla Villalta, en calidad de Gerente de Servicios Generales, Víctor Julio Torres González, en su función de jefe de Cobros, en cuanto a la cancelación de pólizas con recursos propios de la cooperativa sobre primas de pólizas no contributivas de deudores", cita la orden de allanamiento.
Según detalla el documento, Coopeservidores instituyó a CS Corredora de Seguros como parte de sus actividades comerciales, la cual se encargaba de venta de seguros, aseguramiento de créditos y las pólizas de vida de todos los créditos que la cooperativa negociara.
Como parte de los hallazgos de la Interventoría se encontró la cancelación de primas de diferentes pólizas al cierre de mayo de 2024 por los montos ya mencionados y derivado de un análisis de razonabilidad, es que se determinó la discrepancia y el impacto económico de esta maniobra.
(…) determina una falta de control y supervisión de la Alta Gerencia, así como del Departamento de Cobros y Créditos, encontrándonos con que dicha práctica implicaba la cancelación de montos sin verificación previa, sobrevalorando las acciones de los corredores, lo anterior se desprende del informe de auditoría realizado por la empresa London Consulting Group, siendo que la cooperativa estaba pagando más de cuatro mil primas mensuales sobre deudas en las que no se realizaban pagos desde hace más de cuatro meses, representando un impacto financiero de un millón cuatrocientos mil dólares ($1,400,000.00) por gastos sin causa legítima, estas actuaciones como parte de los hechos imputados, debieron de estar siendo supervisados por el imputado Oscar Hidalgo en su calidad de Gerente General, así como la Alta Gerencia de la cooperativa, en el tanto que eran los responsables de la administración de los recursos dinerarios de la cooperativa, estableciendo una clara omisión a sus deberes como garante.
Las autoridades judiciales consideraron que esta práctica constituye una mala gestión administrativa que impactó negativamente las finanzas de la cooperativa, además de violar los principios de transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos.
El día de los allanamientos, el director del OIJ, Randall Zúñiga, confirmó a crhoy.com algunos de los beneficios que recibió los altos mandos de Coopeservidores.
Lo que tenemos es que le otorgaron algunos beneficios a la alta gerencia de Coopeservidores. Por ejemplo, vehículos de alta gama, 10 vehículos cada uno con un valor de $67 mil dólares, con un costo total que ronda los $677 mil dólares.
Entre otras cosas, tenemos también de dentro de los beneficios estaban presuntivamente computadoras, celulares, equipo informático, este entre otras cosas. También hay un tema de problemas con pólizas de seguros.
Caso Coopeservidores
Coopeservidores fue intervenida desde mayo anterior por parte del Consejo Nacional de Supervisión de Sistema Financiero (Conassif) y que fue declarada inviable tras este proceso.
Tras la intervención financiera, ahora en el ámbito judicial se investiga la supuesta estafa a gran escala que se ejecutó en contra de Coopeservidores, entidad financiera que fue intervenida meses atrás el Consejo Nacional de Supervisión de Sistema Financiero (Conassif) y que fue declarada inviable tras este proceso.
A inicios de setiembre, las autoridades judiciales condujeron 23 allanamientos en las instalaciones de Cooperativa de Servicios Múltiples Fénix de Costa Rica (Coopefenix R.L.), Servicios de Cobro, Logística y Administración (SCLA S.R.L.) y RGM Servicio de Limpieza.
Como parte de las indagaciones, en mayo pasado la Fiscalía también dirigió allanamientos en el edificio de Coopeservidores R.L, sede Rohrmoser, tres bodegas de la empresa Access y en ADN Data Center.
Aunque el Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva en contra de Hidalgo Chaves; el gerente de Finanzas de apellidos Lozano Galindo y dos imputados de apellidos Mora Arias, el Juzgado Penal de Hacienda y Función Pública permitió la liberación de cárceles de estos imputados y en su lugar, dictó otras medidas cautelares como impedimento de salida, firmar una vez al mes y entrega del pasaporte por un año.
Contra las demás 7 personas de la lista de 11 imputados, el Juzgado no otorgó ningún tipo de medida cautelar, pese a que la Fiscalía pidió restricciones sobre todos. La Fiscalía de Delitos Económicos apeló dicha resolución.
Todos ellos figuran como imputados en una causa por los presuntos delitos de administración fraudulenta y estafa mayor, relacionados con Coopeservidores. La causa se tramita bajo el número de expediente 24-000017-0621-PE.
Además de Hidalgo Chaves, quien fue despedido meses atrás sin responsabilidad patronal, también son encausados el gerente de la Dirección de Finanzas, de apellidos Lozano Galindo y el gerente del Área Legal, de apellidos Mora Sánchez.
Los otros funcionarios de la entidad financiera procesados son el jefe de Servicios Generales y Seguridad apellidos Chinchilla Villalta, el jefe de Cobros de apellidos Torres González y una persona apellido Bejarano Barquero, jefe de Operaciones.
Además, la Fiscalía ordenó el arresto de tres personas de la empresa Coopefenix R.L.: Quesada Muñoz, primer gerente general; Corredera Ramos, segunda gerente general, y Mora Arias, empleado.
La lista de indagados la completa el representante de la empresa Servicios de Cobro, Logística y Administración, de apellidos Mora Arias. Todos ellos figuran como imputados en una causa por los presuntos delitos de administración fraudulenta y estafa mayor, relacionados con Coopeservidores.
Un sujeto de apellidos Gutiérrez Mora, quien figura como representante de la empresa "RGM Servicio de limpieza", quedó detenido y también afronta la audiencia de medidas cautelares, al ser uno de los imputados por la presunta estafa a gran escala.
