Cooperativas agroindustriales en contra de más impuestos
Sector afirma que mayor carga de impuestos implicaría un deterioro del tejido cooperativo
(CRHoy.com).- Las intenciones del gobierno de Carlos Alvarado de gravar a las cooperativas con el impuesto sobre la renta despertó el rechazo del sector agroindustrial del cooperativismo, que suma su reclamo al de las empresas distribuidoras de electricidad que operan bajo esta misma forma de organización social.
El criterio del sector agroindustrial es que la eventual creación del impuesto para acarrear más recursos a las arcas del Ministerio de Hacienda contradice lo dispuesto en la Constitución Política y en la Ley de Asociaciones Cooperativas, además de que provocaría, según el gremio, una seria afectación a la sostenibilidad del modelo cooperativo.
Los cooperativistas agroindustriales son más de 28.000 pequeños productores. El Frente Agroindustrial Cooperativo concluye que un gravamen como el que impulsa el Poder Ejecutivo, ahogado por una crisis fiscal con pocos precedentes en las últimas décadas, golpearía a las empresas del sector, a las familias de los asociados y a las comunidades en las que tienen influencia.
Víctor Manuel Mora, abogado experto en derecho cooperativo que asesora a las empresas agroindustriales cooperativistas, recalcó que esas firmas, por disposición expresa de la Ley, no producen utilidades, debido a su naturaleza de servicio y no de lucro.
Indicó que los saldos a favor después de la liquidación correspondiente, entran en la categoría de ahorros o excedentes que pertenecen a los asociados de las cooperativas, quienes los reciben al final del año. La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que entró en vigencia en diciembre del 2018, gravó con el impuesto sobre la renta esos excedentes.
"Por otra parte, cada asociado a una cooperativa está en la libertad de retirarse de esta en cualquier momento y tiene derecho a que se le devuelva el capital social aportado, según lo define el estatuto de cada cooperativa", agregó el experto.
El abogado dijo que es un mito que las cooperativas no pagan impuestos. Puso como ejemplo para fundamentar su afirmación que las cooperativas agroindustriales pagan al año cerca de ¢15.000 millones en tributos como el impuesto al valor agregado (IVA), el selectivo de consumo, ad-valorem, entre otros y, en paralelo, aportan a la seguridad social unos ¢30.000 millones.
"La Ley destaca que dentro de su operación comercial las cooperativas deben contemplar indispensablemente el mejoramiento económico y social de sus asociados, y este precepto legal se visibiliza en la prosperidad evidente de los cantones cooperativistas a lo largo y ancho del territorio nacional, cuyas comunidades disfrutan de las bondades del modelo. Sin duda alguna, ese resultado significa desarrollo en democracia económica para los habitantes del país", comentó Mora.
El Frente Agroindustrial Cooperativo lo componen 15 empresas que emplean a 8.500 personas directamente y generan 75.000 puestos de trabajo indirectos. También generan encadenamientos productivos debido a la compra de insumos agrícolas, transporte y asistencia técnica, entre otros.
La organización citó en un comunicado de prensa que de acuerdo con estudios del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), en los lugares donde es más robusto el tejido cooperativo hay más progreso social.
