OIJ investiga a cooperativa que logró hacer rebajos a 17 mil empleados públicos en 30 entidades

El nombre Coopeeducación R.L. era poco conocido hasta hace unos días, cuando se vio envuelto en una polémica por deducciones de recursos que solicitó hacer a miles de empleados públicos a la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda.

No fue sino hasta hace ocho días cuando esa dependencia de Hacienda anunció que devolvería los montos rebajados a un total de 17.876 funcionarios de 30 instituciones públicas y 2.584 pensionados, tras conocer de una denuncia y una investigación judicial que se le sigue a la cooperativa.

Según informó la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda, la causa judicial se tramita en el expediente  No.24-023677-0042-PE.

Está a cargo de la Sección Especializada Contra la Estafa y el Fraude Registral del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Hacienda indicó que ellos no interpusieron la denuncia, pero sí han estado apoyando con la información requerida sobre la causa abierta.

La oficina de prensa del OIJ confirmó la apertura del expediente, pero indicó que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 295 del Código Procesal Penal de Costa Rica no se puede brindar mayores detalles.

Pero qué es Coopeeducación, cómo surgió, cómo llegó a solicitar a la Tesorería Nacional realizar deducciones de los salarios de servidores públicos y por qué se le investiga.

¿Qué es?

La organización se denomina Cooperativa de Servicios de Exportación e Importación de Proyectos Globales para la Comercialización Internacional y Afines (Coopeeducación), y se encuentra registrada en el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y en el Registro Nacional.

Fue constituida en agosto de 2018 bajo el modelo tradicional, según el expediente que tiene el Departamento de Organizaciones Sociales del MTSS.

El artículo 15 de la Ley de Asociaciones Cooperativas establece que las organizaciones bajo ese modelo son las de consumo, producción, comercialización, suministros, ahorro y crédito, vivienda, servicios, escolares, juveniles, transportes, múltiples y en general de cualquier finalidad lícita y compatible con los principios y el espíritu de cooperación.

Los estatutos de Coopeeducación, que están incorporados al expediente, indican que el objetivo general de la entidad es “gestionar los servicios de bienes escolares por medio del modelo cooperativo, mejorando con ello la calidad de la educación y consecuentemente logrando mejor trabajo multidisciplinario integral, el beneficio de los asociados y sus familias, las comunidades y el país en general”.

Sus objetivos específicos son:

• Comercializar paquetes educativos de bienes escolares que satisfagan las necesidades de educación del sector estudiantil a la medida.
• Capacitar un equipo de ventas y asesores comerciales que visitaría a cada padre de familia del sector público o privado de Costa Rica y, con ello, brindarle una mejor asesoría a la hora de la compra de los planes educativos.
• Definir procesos y procedimientos que permitan el cumplimiento de normas de protección al medio ambiente, con el fin de ajustarse a los nuevos requerimientos legales en esa materia, y lo relacionado al depósito de los residuos sólidos valorizables que generan beneficios para los asociados y mejoran los ingresos de la cooperativa.

La información consignada en el expediente señala que la localización de la cooperativa es en Mata de Plátano, El Carmen de Guadalupe.

El perfil de los asociados que se describe es el de un grupo de personas en su mayoría padres de familia.

Quien figura como gerente general en varios documentos es Donovan Marenco Molina, a cuyo número celular CRHoy.com contactó para conversar sobre lo sucedido con la Tesorería Nacional.

Esta fue la respuesta que dio a través de un mensaje vía WhatsApp:

Los temas relacionados con respecto a lo acontecido son problemas internos entre nuestra institución y nuestros asociados activos o pasivos, por lo consiguiente cualquier tema relacionado con los inconvenientes son confidenciales, lamentamos lo sucedido, de manera que nuestra cooperativa buscó una solución y todos serán recompensados con próximos proyectos que tenemos para el pueblo de Costa Rica y la información no se transmite a terceras personas que no están relacionadas con el tema. Lo más importante es que sepan en su identidad que estamos anuentes a cualquier entrevista que sea relacionada en proyectos futuros, se busco una solución y fue simplemente un problema de sistema interno que se está mejorando, agradecemos su preocupación en el tema y con gusto si desea transmitir una noticia de nuestra institución le agradeceríamos que sea la que beneficie a la población, ya que estamos próximamente anunciando la contratación de más de 4.000 puestos de trabajo en todas las provincias.

Cuando este medio le pidió ampliar sobre el negocio de la cooperativa, escribió: “Creo que fui muy claro. Saludos cordiales”.

Las deducciones

Mauricio Arroyo, subtesorero nacional, sostuvo que la ley obliga a la Tesorería a cumplir con las solicitudes que hagan las organizaciones sociales para hacer deducciones de la planilla.

Explicó que previo a otorgar los llamados códigos de deductores se hace una revisión legal y se estudia que la entidad cumpla con los requisitos.

En este caso, según dijo, Coopeducación hizo la solicitud en 2019 y se le dio la autorización porque estaba inscrita en el Ministerio de Trabajo y en el Registro Nacional, además de que presentó una cuenta cliente de un banco.

“En su momento presentaron toda la documentación y en 2019 se les autorizó, y recientemente lo que hicieron fue reactivar esos servicios. Nuevamente, presentaron la documentación respectiva para pedir los códigos, y a partir de ahí les activamos esos códigos, y ya después el siguiente proceso, que es mandar los archivos”, mencionó.

Arroyo indicó que en el caso de Coopeeducación la mayoría de deducciones que solicitó fue por concepto de afiliación a la cooperativa. El monto rebajado por persona fue de ¢15.000.

“Autorizamos a la entidad y le decimos qué cosas pueden hacer y la forma operativa en la que ellos van a los archivos. Los archivos se mandan los primeros días de cada mes, nosotros lo que hacemos es retener en el salario de la persona ese monto. Algunos días después se paga a la entidad. No podemos pedir las coletas de afiliación, legalmente no podemos pedirlas. Lo que retuvieron de los salarios y reintegraron fue la cuota de afiliación”, aseguró.

Quejas

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, dijo que dio la orden de detener el giro a esa cooperativa y reintegrar los dineros rebajados a los funcionarios públicos, así como de eliminar el código de deductor que tenía Coopeeducación R.L.

Arroyo reconoció que hubo quejas de varios funcionarios quienes manifestaron que en la cooperativa no les estaban dando respuestas a sus consultas y de otros quienes alegaban que no tenían ninguna relación con la entidad. A ello se sumó una denuncia judicial que se presentó.

“Derogamos el derecho que tenía la entidad y los códigos ya no los iba a poder utilizar, y actuando de oficio hicimos las devoluciones a los funcionarios que estaban afectados”, agregó.

En total, la Tesorería Nacional reintegró ¢223.125.000,00 por rebajos a asalariados y ¢38.760.000,00 por deducciones a pensionados, según información de Hacienda.