Contrato a cooperativas: CCSS pagaría $239 millones en sobreprecios, 6 veces más que préstamo Caja-Fischel

La adjudicación hecha por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para la operación de Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais) por parte de cooperativas, bajo investigación del Ministerio Público, representaría para la entidad un pago de sobreprecios total de $239 millones.

Esto es seis veces más de lo que costó todo el crédito por el sonado caso Caja- Fischel. Ese préstamo totalizaba $39,5 millones y se avaló para la compra de equipo médico en un caso que fue destapado en 2004.

El contrato avalado por la actual administración se encuentra en la licitación 2023LY-000002-0001101142, cuyo presupuesto total estimado supera los ₡628 mil millones, según el expediente disponible en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

Carlo Díaz, fiscal general del Ministerio Público, y Randall Zúñiga, director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), indicaron que la junta directiva de la CCSS, encabezada por la abogada Marta Eugenia Esquivel, habría ejercido una injerencia directa para adjudicar la licitación en detrimento de otra que estaba en curso desde 2 años antes (2021).

Díaz detalló que la adjudicación hecha a las cooperativas representaría un perjuicio económico por sobreprecio de hasta ₡12.400 millones (más de $23,8 millones, según el tipo de cambio vigente a este 23 de setiembre de 2024 en Monex).

Es decir, tomando como base los datos aportados por el fiscal y el plazo contractual, el perjuicio económico superaría los ₡124.000 millones al transcurrir los 10 años. Más de $239 millones, según el tipo de cambio vigente al 23 de setiembre de 2024.

La Auditoría Interna de la CCSS emitió varios informes en los que advirtió que las ofertas presentadas por las 5 cooperativas (Coopesana, Coopesalud, Coopesiba, Coopesaín y Asemeco) adjudicadas eran excesivas, representando el incremento anual ya expuesto, respecto al costo actual de la prestación del servicio en ejecución en las mismas áreas de salud y en igualdad de condiciones técnicas. Es decir, que serían más costosos de lo que invertiría la CCSS si tuviera que asumir el servicio.

La contratación contempla los servicios de administración de 138 Ebais existentes en 10 áreas de salud: Pavas, Desamparados 2, Santa Ana, Escazú, San Francisco-San Antonio, San Pablo, Barva, Tibás, La Carpio-León XIII, y San Sebastián-Paso Ancho.

El 6 de julio, a través de un comunicado de prensa, la CCSS alegó que a esta fecha la inversión anual con esta contratación rondaría los ₡4.000 millones. Sin embargo, el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae) denunció que al transcurso de los 10 años el monto total superaría los ₡471.555 millones.

"Esta investigación reviste mucha importancia, sobre todo porque se están disponiendo de muchos recursos públicos. Más de ₡12.400 millones al año. Esto va a afectar, tanto el bolsillo de los costarricenses, como el sistema de salud, donde definitivamente va a haber un detrimento al pagar precios excesivos", señaló el fiscal Díaz.

 

Allanamientos por el caso de la CCSS y la adjudicación a las cooperativas. CRHLenín Hernández Navas, secretario general del sindicato Sinae, hizo la comparación de la magnitud de este caso con el CCSS-Fischel, que involucró, además, la erogación de ₡5.000 millones sin justificación.

"No hay punto de comparación entre los ₡5.000 millones a estos ₡200.000 millones que pagará la CCSS en sobreprecios", puntualizó Hernández.

Por el caso actual, la Fiscalía sostiene que los imputados en el caso anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas.

Las autoridades judiciales también apuntan que miembros de la junta directiva sostuvieron reuniones con los oferentes, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida a estos.

También, se investiga sobre el plazo de contratación del servicio adjudicado, puesto que la Ley de Contratación Pública dispone de un período ordinario que no puede superar los cuatro años. Sin embargo, este se confirió por 10 años.

Entre los detenidos este lunes, además de la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel Rodríguez, figuran: María de los Ángeles Gutiérrez, gerente general interina; Johnny Gómez y Zeirith Rojas, representantes de los patronos en la junta directiva; Jorge Porras y María Isabel Camareno, representantes de los sindicatos; Roberto Quirós y Jorge Araya. Todos formaron parte de las juntas directivas que intervinieron en la adjudicación.

Todos fueron puestos a las órdenes de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) para ser indagados y luego enfrentarían la audiencia de solicitud de medidas cautelares ante el Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José.

Este lunes se realizaron en total 28 allanamientos, en distintos puntos del país, como parte de la investigación por los supuestos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.