Contraloría: Sistema educativo del país no tiene planificación
Bajo cumplimiento ha incidido en la prestación de servicios educativos de calidad
Una nueva auditoría realizada por la Contraloría General de la República destacó que el sistema educativo del país carece de planificación.
Estas falencias fueron encontradas durante una evaluación que se realizó entre el 31 de marzo de 2021 al 31 de octubre de este año.
La planificación del sistema educativo no se realiza de manera integral, dado que existe un nivel muy bajo de cumplimiento en los aspectos significativos aplicables, relacionados con la planificación sistémica, participativa, coordinada y prospectiva, lo cual podría incidir en la prestación de servicios educativos de calidad, el uso óptimo de recursos y la generación de valor público, detalla el informe del ente contralor.
Al respecto, la auditoría ejecutada consideró un proceso participativo que conllevó el análisis y discusión sobre dicha planificación por parte de las instituciones públicas, donde se concluyó que no se realizan acciones que permitan su ejecución integral como sistema educativo.
En ese sentido, el proceso de planificación se realiza de manera institucional, sin contar con objetivos, metas, riesgos y determinación del valor público entre las instituciones que conforman el sistema educativo.
Asimismo, los resultados evidencian la ausencia de un involucramiento activo de las partes interesadas del sistema educativo que genere insumos tales como datos, estadísticas, análisis sectoriales, así como, la participación ciudadana como insumo de la planificación integral, se lee en el documento.
Ante esto, el ente contralor emitió varias disposiciones al Ministerio de Educación Pública y al Consejo Superior de Educación para la elaboración y aprobación de una Política del sistema educativo con enfoque prospectivo para los ciclos correspondientes.
Estos que oriente la planificación integral de mediano y largo plazo e implemente un instrumento metodológico que considere mecanismos de control y responsables de los procesos de formulación, seguimiento y evaluación de la Política del sistema educativo.
Así como, al Consejo Nacional de Rectores, la elaboración de una Política Educativa para la Educación Superior Universitaria Estatal, que considere su planificación de largo plazo, y un mecanismo de intervenciones públicas coordinadas entre instancias representantes de los ciclos educativos.
Ambas disposiciones deberán ser remitidas al Órgano Contralor en certificaciones de avance al 29 de marzo y al 28 de junio de 2024, y a setiembre del otro año, respectivamente.