Contraloría revela graves deficiencias en la infraestructura del PANI
La Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe de auditoría en el que señala múltiples deficiencias en la gestión de infraestructura del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), institución encargada de velar por los derechos de los menores de edad en condición de vulnerabilidad.
El informe detalla fallas en áreas que van desde la construcción de nuevas obras hasta el mantenimiento y remodelación de instalaciones, lo que compromete la seguridad y el bienestar de quienes requieren atención integral en albergues y oficinas del PANI.
Nulo avance en nuevas obras
Uno de los hallazgos más graves es que ninguna de las 38 obras planificadas en 2019 se concretó, lo que dejó sin ejecutar más de ¢15 mil millones provenientes de un fideicomiso que finalmente fue cerrado en 2024.
Recursos mal aprovechados
El documento también revela que el 60% de los recursos del fideicomiso se destinó a gastos administrativos, en lugar de inversiones directas en infraestructura para la niñez.
Alquileres de infraestructura
De acuerdo con la Contraloría, actualmente, el 56% de los inmuebles utilizados por el PANI son arrendados, y entre 2020 y 2024 los gastos por alquileres aumentaron un 58%, presionando aún más el presupuesto de la institución.
Deterioro de oficinas
Según lo revelado por la Contraloría, la situación en las oficinas del PANI también es crítica:
- 67% presentan fallas que afectan la calidad del servicio.
- 43% se encuentran en estado regular o crítico, lo que compromete la atención de la niñez y las familias que recurren a la institución.
Albergues en crisis
El informe de la CGR pone especial atención en los albergues donde viven menores de edad bajo protección del Estado:
- 19% están en condiciones críticas o inservibles.
- 25% operan con sobreocupación.
- 47% tienen una capacidad inadecuada para los servicios que ofrecen.
Según la CGR, una gestión adecuada de infraestructura es vital para asegurar la continuidad y calidad de los servicios, reducir la dependencia de alquileres, ampliar la cobertura territorial y, sobre todo, brindar entornos seguros y estimulantes para el desarrollo integral de la niñez bajo protección estatal.
