Contraloría: Recortes en CCSS afectan a beneficiarios y pone en riesgo servicios a futuro
Edificio de la CCSS. Foto tomada del sitio ccss.sa.cr
(CRHoy.com) Los recortes en las transferencias en favor de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para el presupuesto de 2023, no solo afectará a los beneficiarios actuales de los seguros de la entidad, sino que también pone en riesgo la prestación de servicios a las futuras generaciones.
A esta conclusión llegó la Contraloría General de la República (CGR) en su documento "Consideraciones finales sobre el presupuesto 2023" dado a conocer este lunes.
La entidad alerta que la asignación presupuestaria a transferir a la CCSS para el 2023 cae en ¢26.319 millones, implicando una disminución del 13,9% respecto al 2022.
Al igual que en ejercicios económicos anteriores, la propuesta de gasto para 2023, evidencia faltantes presupuestarios en rubros de vital importancia. Un tema que ha sido reiterativo en las liquidaciones presupuestarias de ejercicios anteriores corresponde a que el monto asignado es insuficiente para el reconocimiento del gasto por cuotas estatales, y devoluciones por traslado de cuotas al Régimen de Pensiones y Jubilaciones de Invalidez, Vejez y Muerte, administrado por la CCSS.
Esta situación no es ajena al 2023, ya que uno de los rubros que presenta mayor decrecimiento es el de transferencias a la CCSS; en específico, aquellos renglones asociados con la cuota estatal del seguro de pensiones de trabajadores del sector privado y descentralizado, entre otros . Según la exposición de motivos, esto se explica por un recorte programado para dar cumplimiento a la Regla Fiscal, subestimando potencialmente la transferencia a esta institución por alrededor de ¢200 mil millones. Esta medida, además de afectar a los presentes beneficiarios de los seguros de la CCSS, pone en riesgo la prestación de servicios que esta institución pueda brindar a las futuras generaciones.
De acuerdo con el Órgano Contralor, el no estimar el presupuesto necesario correctamente, lesiona el principio de universalidad e integridad y resta credibilidad a las cifras presupuestarias para efectos de reflejar completamente la situación financiera del Gobierno.
Además, genera un pasivo contingente, con potenciales altos costos futuros.
"En el caso particular de las transferencias de la CCSS, la desatención de las obligaciones del Gobierno con esta institución incrementa el monto adeudado, que para 2021 alcanzaba un total de ¢2,6 billones, según reporta la propia institución.", agregó.
En el documento, el Ente Contralor destaca que las proyecciones presupuestarias permiten prever un panorama fiscal más positivo que en años anteriores.
Sin embargo, llama la atención sobre los recortes que se están realizando en el ámbito social, que pueden llevar a un deterioro a futuro.
