Contraloría investiga 3 aspectos ligados con contrato de Racsa y Justicia sobre tobilleras para reos

La Contraloría General de la República (CGR) confirmó la apertura de una investigación para determinar si existió alguna irregularidad en la licitación por emergencia que promovió en 2023 el Ministerio de Justicia y Paz (MJP) para adjudicar las tobilleras para el monitoreo de privados de libertad durante un año.

El ente regulador acogió para análisis al menos tres aspectos relacionados con el contrato, uno para investigación y dos para fiscalización.

La cartera las adjudicó bajo la modalidad de entrega, según demanda, por un monto de $9,61 por uso de tobillera diaria por persona.

Para poder adjudicar el contrato intermedió Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa) que fue la encargada de dar el visto bueno a SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S.A. para suplir la tecnología del fabricante brasileño Synergie.

Con ese aval se dio curso a la contratación de emergencia 2023XE-000001- 0006900001, a pesar de que a través de la licitación Internacional 2022LI-00001-0006900001, según consta en la denuncia tramitada por la CGR, el MJP tenía un contrato firmado desde el mes de abril 2023 con el mismo consorcio por un monto de $5,99 por uso de tobillera diaria, es decir $3,62 por tobillera diaria más barata de lo que se pagó con el contrato aprobado posteriormente.

"El MJP ha venido pagando un sobreprecio injustificado de $3,62 /día tobillera, que asciende a una afectación de fondos públicos de aproximadamente $1.531.803,00. Desde abril 2023, el MJP estaba facultado para dar inicio a la licitación 2022LI-000001- 0006900001 por $5,99/Día por cada tobillera; sin embargo, el MJP ha continuado bajo el marco de ejecución contractual 2023XE-000001-0006900001 pagando $9,61 diarios por Tobillera, es decir, ha estado pagando un sobreprecio de $1,531,803 USD", cita la denuncia.

La queja presentada también ante el Ministerio Público y que actualmente está bajo investigación penal por parte de la Fiscalía General en el expediente 23-035050-0042-PE, aduce que otros oferentes hicieron la advertencia del presunto pago con sobreprecio en el que incurriría Justicia, así como la mala experiencia previa que tuvo el ministerio con los aparatos de monitoreo con el consorcio electo.

"En tal sentido, mediante la denuncia se conocen situaciones aparentemente anómalas, en donde los hechos cuestionados lesionarían el interés general, tales como el menoscabo grave al patrimonio público, incorrecto manejo de la hacienda pública, o por el indebido proceder de los funcionarios encargados de su administración", indica la réplica del ente contralor.

A raíz de lo expuesto en el documento, presentado por el diputado Francisco Nicolás y firmado por otros 17 diputados respaldando la solicitud para indagar posibles irregularidades, la CGR respondió el pasado 31 de julio que sobre las diferencias de precios existentes entre los contratos en cuestión "este punto está siendo investigado por el presente órgano contralor, y lo que se resuelva les será comunicado una vez emitido el producto final correspondiente".

"Al respecto, se le informa que el presente órgano contralor se encuentra investigando el procedimiento 2023XE-000001-0006900001, dentro del caso Nro. 958-2023, al cual serán remitidas sus argumentaciones como un insumo que será sometido a valoración", externó Rafael Picado López, gerente de Área de la CGR, en respuesta a la denuncia ingresada.

Consorcio niega irregularidades

Consultado sobre la apertura del expediente, Racsa contestó que no tienen conocimiento del tema, ni ha recibido notificación alguna, "por lo tanto, no es posible emitir comentarios al respecto".

Por su parte, la asesoría de comunicación de la empresa brasileña SGSV, que forma parte del consorcio, ante consulta de crhoy sostuvo que la denuncia planteada ante la CGR es "maliciosa e infundada".

"Fue presentada por el diputado de Liberación Nacional Francisco Nicolás y confunde de manera premeditada los procesos de contratación que se utilizaron, para bajar el precio que se pagaba por el MJP a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH). No se debe de confundir la licitación internacional que en este momento está siendo entregada al MJP por parte del Consorcio para el Monitorieo de Personas, integrada por 3 compañías: SGSV de Costa Rica, Synergye  de Brasil y Racsa por Costa Rica, misma que va a tener una vigencia de hasta 4 años a partir de octubre de 2024", indicaron.

También recalcan que la contratación de urgencia la realiza Justicia directamente a RACSA hasta por un plazo de 1 año y en este caso se buscó una solución integral que engloba varios elementos para ser entregada, por lo que no podrían privar los mismos elementos en la licitación internacional que finalmente se aplicó, tomando en cuenta que deben existe un retorno de la inversión para los oferentes.

"La diferencia de precio radica en el plazo para el retorno de la inversión, es diferente en ambos casos", reiteraron.

La compañía señaló que no existió ni existe irregularidad alguna en el proceso y sobre la legalidad de participar usando a Racsa como intermediario indicaron que no hay nada novedoso, pues en el pasado ya había ocurrido con otras empresas del Estado para el mismo servicio de tobilleras.

"Racsa es una empresa comercial del ICE, puede participar en consorcios públicos para licitaciones nacionales e internacionales. Recordemos que la ESPH ganó la anterior licitación bajo la misma figura con un precio mayor que inicialmente era de casi $17 por usuario del beneficio (diario), con la nueva solución el MJP pagará menos de $7 por usuario" indicó la compañía.

La empresa extranjera mantiene la postura de que el acuerdo comercial fue avalado desde un inicio por la CGR debido a que "se actuó a derecho" cuando se valoró la contratación de urgencia, que es un proceso excepcional, por medio de Racsa y luego con la licitación internacional.

 

40 contratos por medio de Racsa

Como parte de la investigación también se acogió la solicitud de indagar contratos concertados entre Racsa y otras empresas mediante la figura de alianzas estratégicas u otros modelos contractuales vinculados (acuerdos comerciales).

Como parte de los elementos aportados se incorporó prueba recopilada en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), donde se evidencia que del 01 de diciembre 2022 al 02 de noviembre 2023, Radiográfico resultó favorecida en más de 40 adjudicaciones, todas licitaciones por excepción, es decir sin concurso de oferentes, que habrían dejado $30 millones a las arcas de los beneficiados con los ligámentes contractuales.

Se detectó que instituciones públicas como Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Planificación, Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Banco Central, ICE, COSEVI, CTP, CCSS, IAFA, SINAC, SINEM, CNP, Centro Nacional de Música, Junta Administrativa de Migración y Extranjería, Junta Administrativa Imprenta Nacional contrataron a Racsa la cual finalmente tercerizó la operación que había ganado.

Ante los hechos expuestos, la CGR confirmó que se trasladó este aspecto en específico a la unidad que se encarga de vigilar este tipo de ligámentes del Estado.

"(…) una vez efectuada la correspondiente valoración de los aspectos contenidos en su denuncia, y considerando el vínculo entre el tema citado con la excepción entre entes de derecho público, se le informa que sus cuestionamientos han sido trasladados al Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Ciudades, a fin de que puedan ser considerados como un insumo, para los respectivos procesos de planificación y fiscalización", indicó Picado López.

Administrativo no, pero penal sí

En cuanto al resto de presuntas situaciones anómalas denunciadas como posible conflicto de intereses, sanciones de empresas ganadoras de contratos con penalizaciones en el exterior, retraso en la ejecución contractual de licitación internacional para tobilleras, la Contraloría consideró que no tienen evidencia concreta para abrir un procedimiento administrativo que pueda ser abordada por el Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana en el ejercicio de su potestad investigativa, por lo que se archivaron.

Sin embargo, en cuanto al presunto conflicto de intereses y las sanciones internacionales a los adjudicatarios, indicaron que su resolución no impide que se siga el proceso en la vía penal, mismo que la Fiscalía confirmó esta semana mantiene en curso y recibió una ampliación sobre dos casos más que se sumaron al expediente.

"Lo cual, no le impide acudir –si a bien lo tienen– a otra autoridad (administrativa o judicial), incluso ante esta misma instancia en el caso de conocer sobre otros argumentos o elementos que den cuenta de un presunto daño a la Hacienda Pública por el cual sea necesario instruir una investigación en esta sede", señaló la CGR.

Sobre los dos hechos acogidos para investigación relacionados con el contrato de tobilleras, añadieron que adicionalmente se realizará la fiscalización correspondiente e informarán los resultados una vez concluido el proceso.