Contraloría halla posibles irregularidades en contratos con Racsa
La Contraloría General de la República (CGR) identificó una serie de aparentes irregularidades en contrataciones realizadas por diversas instituciones con Radiográfica Costarricense (Racsa).
Entre los hallazgos figuran 2 órdenes de cumplimiento inmediato. La primera se dirigió al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), Consejo Nacional de Producción (CNP), Instituto de Desarrollo Rural (INDER), Junta de Protección Social (JPS), Asamblea Legislativa (AL), Dirección Nacional de CEN-CINAI y la Municipalidad de San José.
A dichas entidades se les ordenó ejecutar acciones administrativas orientadas a no reconocer utilidad en los contratos analizados, así como implementar medidas para recuperar los montos pagados hasta la fecha por ese concepto, conforme al ordenamiento jurídico vigente.
La segunda disposición recayó sobre la empresa Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa), por presunto uso indebido de la excepción de contratación directa entre entes de derecho público.
Según la CGR, Racsa únicamente “puede realizar contratos de esta naturaleza cuando pueda llevar a cabo por sí misma el objeto contractual”, siempre y cuando esté conforme a sus competencias legales.
Esta condición impide recurrir a asociaciones empresariales cuya finalidad desvirtúe el procedimiento de contratación directa, lo cual permite “de forma ilegítima a privados ofrecer bienes y servicios a la Administración sin procesos concursales”.
“La CGR detectó que Racsa, fue contratada bajo la excepción de contratación directa entre entes de derecho público y para cumplir con estos contratos, Racsa recurrió a la figura de asociación empresarial con empresas privadas pese a que la ley posibilita esos contratos directos solo si la institución contratada (en este caso, Racsa) puede hacer el trabajo por sí misma, dentro de su marco competencial y normativo.
“Al contratar empresas privadas para cumplir con esos contratos, Racsa y las entidades contratantes incumplieron dicha regla legal. El uso indebido de este mecanismo no solo es contrario a la legislación vigente, sino que también vulnera el principio constitucional que exige al Estado contratar bienes y servicios mediante licitaciones públicas, asegurando transparencia, igualdad y libre competencia, sin evadir realizar concursos públicos y sus respectivos controles, así como que se trate de la mejor alternativa en precio y condiciones”, enfatizó la Contraloría.
Según el ente fiscalizador, aunque existe la posibilidad de establecer contratos y colaboraciones entre sujetos de derecho público y privados para cumplir con sus fines, esto deberá ejecutarse exclusivamente mediante mecanismos legales y constitucionales.
Sobre el tema RACSA respondió: "En este momento se encuentra en un proceso de análisis de la documentación emitida por la Contraloría General de la República, por lo que no es posible emitir criterio. Sin embargo, la empresa reitera al país su compromiso con la transparencia y el apego a las normas y leyes correspondientes".
