Contraloría estudia 2 denuncias por compra de carro de lujo para jerarca del AyA
Ente contralor pidió información detallada al instituto para esclarecer eventuales anomalías en compra de Toyota Land Cruiser Prado 2025 por $97 mil
Imagen del vehículo adquirido para la presidencia ejecutiva del AyA. Cortesía Sitraa
La Contraloría General de la República (CGR) solicitó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) un informe de rendición de cuentas tras la compra del nuevo vehículo asignado a la presidencia ejecutiva, ejercida en este momento por el abogado Juan Manuel Quesada Espinoza.
En febrero pasado, el instituto tramitó una licitación en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) que derivó en la compra de un vehículo Toyota Land Cruiser Prado 2025, cuyo valor ronda los $93 mil (₡47 millones, al tipo de cambio de este 11 de julio).
El Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana de la CGR confirmó que la petición de datos al instituto tiene que ver con 2 quejas que se recibieron solicitando investigar posibles anomalías en la adquisición del automotor.
"Se recibieron 2 denuncias asociadas con la compra de un vehículo para la Presidencia Ejecutiva del AyA. Se ha solicitado información como parte de las indagaciones preliminares. Ambas gestiones se encuentran en fase de admisibilidad razón por cual no se puede brindar mayor detalle al amparo de los artículos 6 y 8 de la Ley General de Control Interno y Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública", explicó esa dependencia de la CGR, a través de un correo electrónico.
Es importante indicar que la etapa de admisibilidad no corresponde a una investigación abierta aún. Se trata de la etapa previa de valoración de competencias de la CGR en el tema denunciado y de determinar qué trámite se le dará a la denuncia.
La compra del vehículo fue denunciada por el Sindicato de Trabajadores del AyA (Sitraa), quienes advirtieron que como parte de la compra del vehículo se entregó a la empresa adjudicada (Purdy Motor) el vehículo viejo: un Toyota Land Cruiser Prado, pero modelo 2017.
El 16 de junio, Antonio Ortega, diputado del Frente Amplio (FA), denunció en el espacio de control político del plenario legislativo que la empresa automotriz Veinsa apeló la decisión del AyA que terminó por adjudicar la licitación del automóvil al Grupo Purdy.
Veinsa alegó una supuesta afinidad de los requisitos cartelarios con lo que ofrecía el competidor.
"Habría que señalar que el Grupo Veinsa apeló este cartel (licitación) por ser realizado en referencia específica a vehículos Toyota. Porque, es decir, lo que mandó AyA como referencia era otro traje a la medida", señaló el diputado Ortega.
Ortega señaló que, de acuerdo con la solicitud de revocatoria de Veinsa, "en las características pusieron detalles que solo cumple la Purdy, por eso Veinsa hizo apelación".
"Y el AyA rechazó la apelación", enfatizó el congresista, en esa oportunidad.
El legislador cuestionó la forma en que el jerarca del AyA cambió un vehículo modelo 2017 por el nuevo automotor. "Como parte de pago por ese carro nuevo, el AyA entregó otro Land Cruiser Prado, modelo 2017, por apenas $18.600, unos ₡10 millones. Sin embargo, ese carro vale en el mercado entre ₡20 y ₡28 millones, y tiene un valor fiscal de ₡16 millones", indicó.
El 26 de junio, ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, el presidente ejecutivo aseguró que "no se trata de un vehículo de lujo, sino de una herramienta de trabajo" y que es un activo institucional.
