Contraloría advierte a Recope por deficiencias en mantenimiento de proyectos

La Contraloría General de la República (CGR) señaló deficiencias de mantenimiento en proyectos de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

A través de un informe publicado este 24 de julio, la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE) del ente contralor indicó que los controles para ejecutar la posinversión de los proyectos de inversión pública en la empresa estatal se cumplen parcialmente en aspectos significativos valorados, con el marco normativo y técnico aplicable, lo que puede comprometer la sostenibilidad, eficiencia y continuidad del servicio, así como el deber de Recope de mantener en buenas condiciones los activos ligados a la comercialización de petróleo y sus derivados.

La CGR efectuó la auditoría en el período comprendido entre el 1° de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2024. En total, se revisaron 4 proyectos: la planta de emulsiones asfálticas, los tanques de almacenamiento YT-7127 y YT- 7212, el sistema de filtraciones de líneas marina y poliducto y la terminal portuaria petrolera del Atlántico.

El análisis evaluó si las acciones realizadas para asegurar su operatividad, mantenimiento y evaluación de efectos e impactos se efectuaron conforme con la normativa y las buenas prácticas aplicables, garantizando la funcionalidad y sostenibilidad de los activos durante su vida útil.

¿Cuáles fueron los principales hallazgos de la auditoría?

• Faltan controles para garantizar la operatividad de las inversiones: aunque se cumple con la inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), inventarios y, en general, existen manuales de operación y capacitación: los proyectos en fase de post inversión no forman parte del portafolio, la presupuestación de recursos no es proactiva y se carece de algunos manuales técnicos para preoperar y mantener los activos.
• Escasas acciones para definir las evaluaciones ex post: ante la falta de criterios para seleccionar proyectos a evaluar, estándares para indicadores, disponibilidad de información y de personal capacitado para evaluar; además de la definición incompleta de responsabilidades.
• Deficiencias en los controles para la ejecución del mantenimiento de los activos: tales como indicadores que no reflejan las necesidades, ausencia de un plan de sustitución de activos obsoletos, de un inventario mínimo de repuestos, de redundancia de equipos críticos y de accesibilidad a los manuales técnicos.

Otros datos de la auditoría:

• Menos del 1% del promedio del costo de capitalización de los proyectos fue invertido en mantenimiento.
• 56,31% del total de ventas de Recope en riesgo por infraestructura (o equipos) en redundancia en terminales de La Garita y El Alto.
• 66,56% de cumplimiento promedio de las actividades de mantenimiento preventivo y predictivo programadas entre 2021 y 2024.
• $1.200 por hora de atraso en la descarga de hidrocarburo de buques por el deterioro de la infraestructura y equipos del muelle petrolero.
• 0 evaluaciones ex-post, a pesar de que los proyectos que avanzaron a post-inversión entre 2020 y 2024 valen más de ₡88 mil millones.

La CGR dispuso a Karla Montero Víquez, presidenta ejecutiva de Recope, revisar, ajustar, oficializar e implementar la normativa interna, en lo que corresponda, con el propósito de que el ciclo de vida de los proyectos públicos a cargo de Recope se vincule con el ciclo de vida de los activos resultantes de tales inversiones, en particular en lo relativo a la planificación para las etapas de preoperación y operación.

La jerarca también deberá elaborar, oficializar e implementar un proceso sistemático que integre el mantenimiento como una función crítica y prioritaria, que garantiza la continuidad del servicio público, de modo que permita: identificar y remplazar oportunamente los equipos obsoletos; determinar, conforme los planes de mantenimiento y sus especificaciones, los recursos, suministros y actividades necesarias para garantizar la ejecución adecuada y coordinada de las funciones asignadas a los departamentos y unidades correspondientes; indicadores relevantes, específicos, medibles, realistas y de duración limitada para evaluar el desempeño de la gestión del mantenimiento y respaldar la toma de decisiones; y dar acceso a manuales de mantenimiento y diagramas de flujo de plantas de proceso a los funcionarios que requieran del uso de la información.

Por último, la jerarca tendrá que revisar, ajustar y oficializar el procedimiento para el desarrollo de evaluaciones ex post de efectos e impactos de los proyectos de inversión, de forma que se establezcan los objetivos y propósitos empresariales bajo los cuales se deben efectuar este tipo de evaluaciones y se integre con el resto de las fases del proceso de inversiones.

La funcionaria, o quien ocupe el cargo de la presidencia ejecutiva, tendrá plazos que van entre abril de 2026 y febrero de 2027 para cumplir con lo dispuesto.