Contraloría abre investigación contra Diego Miranda por suspensión de cobro de parquímetros
Plan original disponía suspensión por cinco semanas, pero se extendió por nueve meses
El alcalde de San José, Diego Miranda Méndez, enfrenta una investigación en la Contraloría General de la República (CGR) por la suspensión temporal del cobro de parquímetros en el cantón de San José.
El caso se remonta al 23 de julio de 2024, cuando el alcalde convocó a una conferencia de prensa en la que anunció la interrupción temporal del cobro de estacionamientos y establecimiento de multas mientras conseguían un nuevo proveedor con un nuevo sistema de parquímetros que le ahorraría, según Miranda, hasta ¢700 millones al año. Completar ese proceso tomaría cinco semanas. Sin embargo, nunca se concretó y hasta el pasado lunes se reactivó el servicio con el mismo contratista.
La pesquisa contra el jerarca josefino fue confirmada por la oficina de prensa de la CGR ante una consulta de este medio de comunicación. Según esa entidad, el proceso fue abierto desde el 19 de noviembre de 2024 y se tramita bajo el número de expediente 978-2024.
Si se comprueba que el alcalde capitalino incurrió en una falta a la hora de suspender el cobro de parquímetros se expone a una sanción como suspensión sin goce de salario, inhabilitación para ejercer cargos públicos y hasta el cobro de un resarcimiento al gobierno local por los ingresos dejados de percibir.
"No podríamos adelantar sobre lo del reclamo patrimonial en esta etapa del proceso de investigación", dijo la Contraloría vía correo electrónico.
Se le consultó a Miranda a través de su oficina de prensa, pero aseguró que aún no ha sido notificado y, por lo tanto, no tiene una posición al respecto.
Hasta febrero de 2025, el ayuntamiento habría perdido ¢1.500 millones debido a la interrupción del cobro de espacios de estacionamiento. El cálculo se basa en los ingresos mensuales que percibió la Municipalidad de San José por parquímetros entre agosto y setiembre del 2023.
Por este mismo asunto, Miranda también encara una investigación judicial bajo el número de expediente 24-000333-1218-PE. La causa fue abierta desde el 11 de setiembre de 2024 por el presunto delito de influencia contra la Hacienda Pública.
Este tipo de procedimiento disciplinario es igual al que enfrentó Johnny Araya, exalcalde de San José, por presuntos pagos irregulares a la empresa Setex-Aparki, contratada por el ayuntamiento para suministrar el sistema de parquímetros y que derivó, en 2022, en una suspensión de 30 días sin goce de salario contra el político liberacionista.
¿Quién lo denunció?
Marvin Torres, subdirector de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de San José, confirmó que fue él quien presentó la denuncia contra Miranda ante la Contraloría General de la República.
De acuerdo con Torres, existen múltiples elementos para concluir que Miranda faltó a sus deberes al anunciar la suspensión temporal del cobro de parquímetros sin contar con criterios legales y técnicos que respaldaran esa medida.
En la denuncia, el subdirector de Asuntos Jurídicos también incluyó a otros cuatro funcionarios municipales.
"Considero que incurrieron en prácticas atípicas que causaron un grave daño al erario público, no lo digo yo, lo dice la Dirección Financiera, se dejaron de percibir miles de millones y, además, se pagaron altas planillas de inspectores que han estado subutilizados todo este tiempo", comentó.
Además, según aseguró, recibió presiones para que la Dirección de Asuntos Jurídicos recomendara declarar desierto el proceso de licitación que terminó, en setiembre de 2024, en la contratación de la empresa Setex-Aparki por diez años. Ese concurso fue objetado, en varias oportunidades, por el alcalde Miranda, pero la Contraloría dio la razón a la compañía luego de varias apelaciones.
Por meses, el ayuntamiento y la empresa tuvieron un pulso para la firma del contrato hasta que, finalmente, el lunes anterior se reactivó el cobro.
San José dispone, aproximadamente, de 3.000 espacios de parqueo. La tarifa para estacionar por una hora es de ¢960; la multa por parquear sin autorización es de ¢9.600. El no cobro de parquímetros y la suspensión de infracciones por mal estacionamiento representan un déficit de ¢246,9 millones, en promedio, al mes, según datos de la Sección de Parquímetros.
