Contralora alerta que el Gobierno quiere saltarse los controles de la contratación pública

La contralora general de la República, Marta Acosta, alertó a los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos que la "reinterpretación" que busca hacer el Gobierno de la Ley de Contratación Pública, abriría un portillo para que Casa Presidencial pueda hacer contratos a dedo.

Se trata del expediente 24.100 que el Gobierno presentó para buscar la realización del proyecto Ciudad Gobierno que el presidente Chaves busca concretar con una negociación con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $450 millones, mediante un arrendamiento y que la Contraloría paró debido a que su proceso de contratación iba en contra de la ley.

Cuando el presidente Chaves se reunió con Acosta en el edificio de la Contraloría donde hablaron de este tema, el mandatario señaló que iba a pedir a los diputados reformar la ley para que la "Contraloría no haga interpretaciones antojadizas".

La iniciativa busca reformar los artículos 67 y 77 de la Ley General de Contratación Pública, para la compra y arrendamiento de inmuebles.

"En relación con el artículo 67 y 77 no son aclaraciones, sino lo que se está haciendo es crear un nuevo tipo contractual que conlleva cinco contratos que permite a un privado construir en terrenos públicos escogido a dedo", mencionó.

Insistió que esta reforma busca permitir la contratación del diseño y construcción de obra pública sin concurso público. "Eso implica una huida de los procedimientos ordinarios de contratación pública", dijo la funcionaria.

"Contratar obra pública sin concursos, riñe con el sistema de contratación pública que acogió nuestro país mediante la Ley General de Compras Públicas, que elimina muchas de las excepciones previas precisamente para cerrar portillos", añadió.

La jerarca desmintió además lo dicho por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y la titular de Planificación, Laura Fernández, que con estas modificaciones el país ahorraría recursos y se evitaría el endeudamiento público.

"La figura propuesta en terrenos públicos implica más deuda, pues se pretende utilizar el arrendamiento en terrenos públicos, el cual será financiero, pues siempre el uso del bien deberá regresar al Estado, el inversionista deberá recuperar su inversión y el Estado tendrá, por tanto, una obligación de pago de mediano o largo plazo", señaló.

"Pretender no registrar el endeudamiento no es transparente y se podría tornar insostenible y perjudicial", añadió.

Boquete a la transparencia

Acosta agregó que aprobar esas reformas generarían un "boquete a la transparencia" en los procesos de contratación de obra pública.

"Atentan contra principios constitucionales y le abren un boquete al sistema de contratación costarricense. Más allá del tema, es el boquete que se le hace a la transparencia, a la libre competencia, que es importante y lo hemos cuidado por años", enfatizó a los diputados.

Remarcó que la Contraloría considera la reforma como improcedente.

"No vamos a estar asegurando ni la calidad de los bienes, ni la idoneidad del contratista. Vamos a dejar de tener ahorro y descuentos, porque mientras más oferentes hay, más ahorros se pueden generar. Lo consideramos improcedente", señaló.

La discusión de las iniciativas continúa con dicha comisión.