Contrabando de cigarrillos en Costa Rica
Un estudio reciente de la Universidad Nacional (UNA) ha medido la penetración del comercio ilícito de cigarrillos en la Gran Área Metropolitana (GAM). A través de una encuesta representativa a fumadores se estableció que la penetración de comercio ilícito es del 31%. Este estudio es el primero en su tipo que se realiza en Costa Rica, al estar libre de conflictos de interés, con aprobación de comités de ética, con una metodología científica validada y bases de datos que van a estar disponibles para el análisis de quienes estén interesados.
Esto contrasta notablemente con trabajos realizados por consultoras privadas contratadas directamente por la industria tabacalera o por organizaciones a las que las tabacaleras pertenecen. Las cifras arrojadas por estos trabajos (con conflictos de interés y metodologías opacas) superan hasta en un 60% a los presentados en el estudio de la UNA. Esta discrepancia es usual: en todos los países del mundo donde se han realizado estudios independientes (y son numerosos) se ha encontrado que los estudios ligados a las tabacaleras exageran groseramente el problema. El hecho de que el estudio de la UNA se haya realizado en la GAM no debe llamar la atención: la GAM es el mayor conglomerado urbano del país y los indicadores socioeconómicos nacionales promedios suelen ser los de la GAM. Es probable que haya áreas del país con más contrabando (especialmente zonas de frontera), pero las habría también donde el contrabando es inferior.
El estudio de la UNA, además de presentar una caracterización detallada de los fumadores de la GAM arroja información que debería ser considerada cuidadosamente por las autoridades fiscales. El estudio muestra que entre el 15% y el 20% de los cigarrillos ilícitos son de marcas comercializadas por Philip Morris International y British American Tobacco, dos empresas que operan lícitamente en Costa Rica. En otras palabras, los productos que estas empresas venden lícitamente en otros mercados se venden de manera ilícita en Costa Rica. Estas compañías, que se quejan amargamente por el contrabando y piden bajar impuestos para reducirlo, no realizarían el due dilligence básico que asegure que sus productos no terminen evadiendo impuestos en Costa Rica. Este modus operandi de las tabacaleras es universal. Se estima que dos tercios de los cigarrillos ilícitos que se comercializan a nivel global son producidos por tabacaleras transnacionales. El reclamo de éstas para bajar o no subir impuestos para frenar el contrabando es, simplemente, una estrategia interesada para incrementar sus ganancias.
El contrabando de cigarrillos existe y es un problema. Pero el contrabando no está asociado a los impuestos al tabaco como lo demuestra la evidencia internacional (dentro de la GAM los impuestos son iguales y, sin embargo, la penetración de contrabandos entre cantones difiere notablemente).
En Costa Rica (y en el mundo) el contrabando se relaciona con fallas en la fiscalización y con la falta de implementación de herramientas efectivas de control. Costa Rica ha ratificado el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito en Productos de Tabaco, de la Organización Mundial de la Salud. Este instrumento posee una serie de herramientas consistentes. Una de ellas es la implementación de un sistema de trazabilidad fiscal que permita controlar adecuadamente lo que ingresa al país y cobrar los impuestos correspondientes. Otra herramienta es el licenciamiento de personas físicas y jurídicas involucradas con el comercio de tabaco en todas sus etapas (cultivo, producción, importación, distribución, comercialización, etc.). Estas licencias permitirían controlar y responsabilizar a aquéllos que incurran en ilícitos. El establecimiento de responsabilidades legales sobre las empresas cuyos productos terminen en el mercado ilícito es otra de las herramientas contenidas en el Protocolo que deben ser implementadas. Todas estas medidas (y otras contenidas en el Protocolo) están siendo aplicadas en países que han sido exitosos en bajar el contrabando de cigarrillos.
El comercio ilícito de cigarrillos no puede ser un obstáculo a la implementación de medidas de salud pública, como el incremento a los impuestos al tabaco. Estos impuestos, que no son responsables del contrabando, son la medida más costo-efectiva para bajar el consumo de productos que matan a 1300 costarricenses por año. Estos productos producen, además, cuantiosos gastos para tratar enfermedades evitables, en un sistema de salud que necesita destinar esos recursos al tratamiento de otras condiciones.
El sistema actual de impuestos al tabaco en Costa Rica es engorroso, caro de administrar e ineficiente. La propuesta de simplificación de impuestos al tabaco que se encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa es una mejora notable, y esto ha sido reconocido por numerosos organismos nacionales e internacionales. Esta discusión no puede estar condicionada por la estrategia usual de las empresas transnacionales que meten miedo y en lugar de estar interfiriendo en la discusión, debieran estar explicando sobre por qué sus productos dañinos no pagan impuestos.