Contador del Infocoop desmiente pérdidas que condujeron a intervención

(CRHoy.com).- El contador general del Infocoop, de apellido Jiménez, desmintió la existencia de pérdidas por deterioro de la cartera de crédito del ente cooperativo por el orden de ¢26.500 millones.

Esas presuntas pérdidas fueron el principal argumento que utilizó la administración de Luis Guillermo Solís (2014-2018) para decretar la intervención de Casa Presidencial en el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) a finales de febrero del 2017, después de que se acusara a varios dirigentes del cooperativismo de utilizar recursos públicos en beneficio propio y de sus aliados políticos, según información anónima que salió de la entidad.

El contador general del Infocoop, quien ocupa ese cargo desde 1992, rindió una declaración jurada ante dos notarios públicos en la que afirmó que en diciembre del 2017 un alto funcionario del Departamento de Financiamiento del Infocoop, le solicitó realizar un ajuste contable para registrar una estimación por deterioro por una posible pérdida de la cartera de crédito al patrimonio de ¢22.000 millones, correspondientes a periodos anteriores, desde la existencia del Infocoop.

Además, en el protocolo de la notaria Ruth Mary Salas Cedeño, consta que Jiménez declaró que este funcionario también le pidió registrar una posible pérdida de ¢4.500 millones en el estado de resultados del periodo 2017.

De acuerdo con la declaración del contador general, el oficio que le hizo llegar el despacho de Financiamiento solo contenía un "simple cuadro", sin detalle alguno, sin la base de cálculo, y sin ninguna documentación adicional que respaldara el ajuste.

"Me sorprendió el dato porque de eso no ha habido registro anterior y resulta extraño que en un año se determine de pronto una pérdida tan alta. Yo tengo veintiocho años de laborar en Infocoop y conforme los registros anteriores de la cartera de crédito ese deterioro en esas condiciones me parece que no corresponde a la realidad contable del Infocoop", se lee en la declaración.

El funcionario dijo que procedió a incluir el asiento a pesar de que para realizar ese tipo de ajustes se necesita hacer un análisis de cada una de las operaciones de la cartera de crédito, el cual debe constar en los archivos de Financiamiento, y pese a que conocía que el cálculo se hizo con variables o parámetros que no parecían haber sido bien utilizados, por no corresponder a la realidad contable.

Cuando el ajuste se aplicó a los saldos de la cuenta mayor del Infocoop, narró Jiménez en el protocolo notarial, la encargada de la cartera de crédito en ese momento se percató de que en el saldo del auxiliar de la cartera no aparecía registrada la pérdida por ¢26.500 millones, a pesar de que sí se reflejaba en los estados financieros del Instituto.

"Eso significa que no es una pérdida real y por ende esa información de ese oficio que me fue remitido no tiene ningún respaldo documental contable", declaró el funcionario.

En su narración de los hechos, agregó que le informó de la situación a su superior inmediato, quien le ordenó hacer el ajuste que solicitaba el funcionario y que fuera este último quien se encargara de justificar las cifras posteriormente.

El contador general afirmó ante los notarios que se vio en la obligación de registrar el ajuste, a pesar de sus dudas, porque, durante el proceso de intervención, que se extendió hasta finales de noviembre del 2019, "se desató una cacería de brujas y cualquier oposición o desacuerdo con Gustavo Fernández (ex director ejecutivo del Infocoop), generaría persecución laboral", se lee en el documento legal.

2018: Intentan revertir pérdidas

El contador general continuó narrando lo que sucedió en el 2018. En ese momento, afirma, el Departamento de Financiamiento del Infocoop le envió varios oficios para que hiciera ajustes mensuales revirtiendo poco a poco las eventuales pérdidas de ¢26.500 millones.

La decisión se justificaba en pagos que, supuestamente, hicieron las cooperativas. Sin embargo, el contador afirmó en el protocolo notarial que esos pagos nunca existieron.

Los ajustes mensuales cesaron cuando el Contador Nacional, adscrito al Ministerio de Hacienda, le indicó al contador del Infocoop que los ajustes no se podían realizar mensualmente, sino que se debía hacer uno solo al final del periodo fiscal. En ese momento, comentó, le enviaron otro oficio para revertir pérdidas por ¢2.600 millones.

El movimiento lo justificó la administración del Infocoop en presuntos ingresos a la cartera de crédito, dineros que, según el contador general, nunca entraron a las cuentas del Instituto, que se financia con recursos públicos.

Las únicas vías en las que esos ingresos podían ocurrir eran por recuperación de cartera o adjudicación de bienes, lo cual, en su criterio, no ocurrió en ese periodo.

"Esta irregularidad yo la expongo ante la junta interventora en la sesión donde se exponen e informan los estados financieros del 2018 y cuando me cuestionaron por qué estamos haciendo esos registros, yo respondo que sigo las instrucciones de la jefatura y que corresponde a (se omite el nombre del funcionario, pues fue imposible consultarlo para este reportaje) explicar ese tema", manifestó.

¿Otro panorama para imputados?

Después de la intervención del Infocoop, en marzo del 2017, el Ministerio Público abrió una causa en la que figuran como imputados 28 dirigentes del movimiento cooperativo quienes, según la Fiscalía, crearon una "red criminal" para utilizar recursos del Instituto para beneficio propio y de sus allegados.

La Fiscalía señaló como el presunto cabecilla de esa estructura delictiva al líder cooperativista, Freddy González, quien fue detenido por unas horas en las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), junto con otros representantes del sector, después de que su casa fue allanada en marzo de 2017.

Su abogado, Alejandro Marín Pacheco, ofreció la declaración del contador general del Infocoop como prueba a favor de su cliente. El escrito fue presentado al Ministerio Público el pasado 6 de abril.

Marín dijo que la declaración jurada del funcionario confirma que fue presionado, obligado y direccionado por Gustavo Fernández y otra persona a realizar los cambios, pues estos son los principales testigos del fiscal que lleva la causa en contra de los imputados.

"Un informe de auditoría externa (de la firma Carvajal & Asociados) hace una reserva sobre esos asientos, lo cual genera una investigación interna en el Infocoop que determinó que hubo registros irregulares. Ante esa evidencia, el contador salva su responsabilidad. Luego de 4 años de investigación, de más de 60 informes del OIJ y de haber evacuado 50 testigos, la Fiscalía no ha aportado ninguna prueba que vincule a mi cliente con la existencia de ningún delito", afirmó el abogado.

Según Marín, varios de los funcionarios del Instituto que participaron en la intervención generaron prueba falsa, tanto testimonial como documental, lo cual, dijo, confirma la tesis de la defensa de que el proceso para analizar las finanzas del Infocoop fue en realidad un montaje político.

"No existen antecedentes en Costa Rica de que se haya dado una manipulación de estados financieros en entidades públicas a este nivel como ocurrió en el Infocoop, de alrededor de ¢45.000 millones", lamentó.

Este medio de comunicación solicitó una reacción acerca de la declaración jurada del contador general del Infocoop al exfuncionario del Departamento de Financiamiento, a Gustavo Fernández, y a Alejandro Ortega, actual director ejecutivo del Instituto.

Al exfuncionario del Infocoop se le hicieron varias llamadas a su teléfono celular y a su casa y se le dejaron mensaje de texto el miércoles y el jueves pasados, solicitándole su criterio. Sin embargo, al cierre de este reporte no devolvió la llamada ni se comunicó, aunque consta que recibió los mensajes. El Infocoop, en tanto, indicó que esta persona ya no labora para la institución.

Por su parte, la Dirección Ejecutiva declaró no tener conocimiento de los alcances de la declaración jurada del contador general, ni ha recibido una denuncia al respecto, por lo que no se manifestó sobre el asunto.

En tanto que Gustavo Fernández, dijo, en dos ocasiones, el miércoles y el jueves, no conocer nada respecto de lo dicho por el funcionario declarante y pidió que se le trasladara el documento donde el contador narró los hechos, para evaluar lo que allí se expresa. Su solicitud fue a pesar de que en el correo en el que se le pidió su reacción se detallaron los principales aspectos de lo que narró el contador general. Este medio no puede trasladarle la información, pues eso revelaría la fuente de información y el medio se guarda el derecho de protegerla.

A través de la Oficina de Comunicación del Infocoop, se le contestó que el documento lo podía consultar en la Fiscalía y se le reiteró la solicitud de criterio en dos ocasiones. Sin embargo, al cierre de este reportaje no se obtuvo su respuesta.

Hay deterioro en cartera de créditos

En enero de este año, el director ejecutivo del Infocoop, Alejandro Ortega, confirmó a CRHoy.com que al 2020 la cartera de crédito del Instituto presentaba un deterioro del ¢25.289 millones.

A esa cifra se llegó después de que la Dirección Ejecutiva, con el visto bueno de la Junta Directiva, contrataran a una empresa especializada para que realizara un estudio.

La cifra llegó a aclarar el panorama, pues durante la intervención algunos miembros de la junta que se encargó del proceso y de la administración del Instituto afirmaron que las pérdidas eran de alrededor de ¢45.000 millones.

Para el 2020, detalló el Instituto, se hizo un ajuste anual por ¢4.495 millones, lo que permitió hacer un cálculo de deterioro ajustado por ¢25.289 millones sobre la cartera de crédito, lo cual, indicaron las autoridades, les permite tener seguridad razonable sobre el estado real de la cartera con base en un modelo estadístico de probabilidades, sobre la recuperación del crédito o la pérdida de las operaciones, que además contribuye a reducir la incertidumbre o el riesgo asociado a todo préstamo.

La nueva política de cálculo con bases técnicas la aprobó la Junta Directiva del Infocoop el pasado 19 de enero. La consultoría que generó el nuevo proceso técnico además le permitió al ente tener personal de planta capacitado para realizar las estimaciones técnicas sobre el deterioro de cartera.

Ortega, aclaró que el deterioro de la cartera de crédito no significa una pérdida materializada de recursos públicos, porque la institución mantiene activas las gestiones para la recuperación de créditos.

Agregó que uno de los proyectos que tiene su despacho para 2021 es realizar un estudio que permita determinar cuál es la pérdida real por operaciones crediticias malas, con el fin de mejorar la gestión de la cartera de préstamos, que ronda los ¢100.000 millones.

Una auditoría forense que contrató el Infocoop durante el proceso de intervención, durante el actual gobierno, determinó que en el Instituto, producto de supuestas "actuaciones irregulares" en su administración, se registró un impacto económico negativo de ¢45.000 millones.

Al cierre del proceso de intervención, algunos de los miembros de la junta que comandó el Infocoop durante ese periodo defendieron la cifra e incluso afirmaron que la estimación era "conservadora".

Ahora, con base en la metodología internacional NIIF 9, finalmente hay una cifra más aterrizada sobre el golpe financiero al Instituto. Primero, ese monto se calculó en ¢20.000 millones el año pasado, y luego de la consultoría se ajustó a ¢25.000 millones de deterioro real.

Durante una entrevista con este medio de comunicación, el año pasado, Alejandro Ortega afirmó que la pandemia del COVID-19 y su impacto en la economía contribuyó a deteriorar la cartera de crédito, pues múltiples empresas cooperativas con operaciones en el Infocoop entraron en crisis producto del frenazo en la economía, lo cual obligó a las autoridades del Instituto a negociar nuevas condiciones crediticias con sus deudores, con el fin de evitar el impago de los préstamos.