Congreso deja en firme aumento de penas por crímenes con armas prohibidas
La tarde de este martes los diputados aprobaron, en segundo y último debate, el proyecto de ley que busca endurecer las penas de prisión para quienes utilicen armas prohibidas en el país, principalmente armas de fuego estilo fusiles de asalto con disparo en ráfaga, así como municiones y explosivos prohibidos.
El plan consiste en una serie de reformas en la Ley de Armas y Explosivos y en el Código Penal.
El proyecto aprobado eleva la pena de prisión hasta los 10 años para las personas que posean, compren, comercialicen, transporten, almacenen, introduzcan al país o nacionalicen, exporten, oculten, fabriquen, ensamblen o utilicen armas prohibidas, como las describe el artículo 25 de la Ley de Armas y Explosivos. Actualmente, esta pena va de 4 a 8 años de prisión.
Según la propuesta, si esas armas se usan para cometer actividades de delincuencia organizada, se les aplicaría la pena de 10 a 20 años.
Según los diputados impulsores de la reforma, en el 2013 los homicidios cometidos con armas de fuego eran el 68%, pero 10 años después, esa cifra llegó al 81%.
Se consideran armas prohibidas las que, con una sola acción del gatillo, disparan en ráfaga más de un proyectil (automáticas), así como las largas semiautomáticas, cuyo cargador tenga una capacidad superior a 10 tiros, y las armas cortas con capacidad superior a 17 municiones.
También son armas prohibidas los artefactos que disparen proyectiles de carga explosiva, los carros de combate, vehículos blindados de combate, sistemas de artillería, aeronaves de guerra, buques de guerra, misiles y lanzamisiles, y cualquier arma catalogada como de destrucción masiva.