Congreso decide próximo paso sobre pensión anticipada del OIJ
La Asamblea Legislativa aprobó una dispensa de lectura del veto presidencial al proyecto de ley que permite la pensión anticipada de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a los 55 años.
Este trámite se aprobó afirmativamente con el voto unánime de 41 legisladores.
Dicho procedimiento lo realizaron los diputados dado que retomaron el control de la agenda, que corresponde a su potestad en período ordinario.
Con esto, se remite el texto a la Comisión de Asuntos Jurídicos, foro que deberá rendir un informe respectivo al Plenario. En esa instancia, los diputados deben valorar si procede o no un resello legislativo, que requiere de 38 votos, para dejar sin validez el veto aplicado por Chaves.
El presidente Rodrigo Chaves aplicó un veto total a la propuesta por razones de oportunidad, conveniencia y constitucionalidad, el pasado 6 de mayo.
Respaldo a pensión del OIJ
Con 40 votos a favor y siete en contra, la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate —en abril anterior— el proyecto de ley que permite el retiro anticipado de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a partir de los 55 años de edad.
Únicamente se opuso la bancada chavista.
Se trata del expediente 22.817, titulado: "Adición de los artículos 226 bis y 226 ter a la Ley N.° 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993, y sus reformas", una iniciativa presentada por el exdiputado independiente Dragos Dolanescu durante el período constitucional anterior.
¿Qué establece el proyecto?
El texto aprobado permite que los agentes del OIJ puedan optar por la jubilación una vez cumplidos los 55 años, aunque no hayan alcanzado el tiempo completo de servicio normalmente requerido.
Según lo estipulado:
-
Si el funcionario ha cumplido los 55 años de edad, pero no la totalidad de los años de servicio requeridos, su jubilación se calculará en proporción a su edad, siempre y cuando tenga al menos esa edad mínima cumplida.
-
Asimismo, la pensión se calculará en proporción a los años laborados, siempre que el funcionario haya trabajado un mínimo de 10 años en el Poder Judicial.
Esta reforma pretende reconocer la naturaleza de riesgo y exigencia del trabajo que desempeñan los agentes judiciales, brindando condiciones más flexibles para su retiro.
Ahora la Comisión de Jurídicos deberán rendir su informe, sobre si recomienda o no aplicar el resello. Mismo que cuenta con el respaldo de la mayoría legislativa, para así eliminar el veto presidencial.