Condenan a Colegio Sagrado Corazón por no ser diligente con casos de bullying

(CRHoy.com) La Sala Constitucional condenó al Colegio Sagrado Corazón de Barrio Peralta de San José por no ser diligente en el manejo de casos de bullying y agresión contra dos exestudiantes -hermanos-, cuyos padres acudieron a los magistrados para denunciar inacción por parte del centro educativo para frenar los ataques contra sus hijos.

Los funcionarios de esta dependencia de la Corte analizaron el expediente 22-019545-0007-CO, interpuesto el 9 de setiembre del 2022 y concluyeron que se debía "condenar a la Asociación Sagrado Corazón al pago de las costas, daños y perjuicios causados a los menores".

Las víctimas son personas con discapacidad, uno tiene trastorno del neurodesarrollo (autismo), déficit de atención e hiperactividad y la otra tiene trastorno del neurodesarrollo (discalculia), diagnosticado desde 2017, y trastorno de ansiedad
grave, diagnosticado desde 2022.

Pese a condición, su rendimiento académico era excelente, incluso promediando notas superiores a 9o, en sus cursos de primaria y secundaria.

Los magistrados constitucionalistas Fernando Cruz (presidente), Paul Rueda, Luis Fernando Salazar, Jorge Araya, Anamari Garro, José Roberto Garita y Ana María Picado, mediante la resolución N° 20238649, expusieron:

En consecuencia, lo correspondiente es declarar parcialmente con lugar el recurso, únicamente contra el centro educativo recurrido por la falta de diligencia en abordar lo denunciado por los recurrentes en tutela del menor xxxxxx. Lo anterior, en los términos que se indicarán en la parte dispositiva de este pronunciamiento.

Eso sí, se desestimó el amparo contra las personas recurridas desde el inicio, entre los que estaban la Presidenta de la Asociación Sagrado Corazón, el Director de la Dirección de Educación Privada, el Jefe del Departamento de Fiscalización de la Dirección de Educación Privada y la Jefa de la Contraloría de Derechos Estudiantiles, todos del Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Coordinadora de la Oficina Local de Vázquez de Coronado-Moravia del Patronato Nacional de la Infancia
(PANI).

Pese a esto, se le ordenó a la directora Ana Elena Ramírez Quirós, en su condición de Presidenta de la Asociación Sagrado Corazón, "abstenerse de incurrir en la conducta que dio origen a la presente estimatoria, esto es, la de condicionar la apertura del protocolo interno del centro educativo -para investigar y abordar de manera integral la situación denunciada (bullying)".

"En cuanto a los demás extremos alegados por los recurrentes, así como respecto de las autoridades recurridas, en concordancia con lo expuesto líneas atrás, se desestima el amparo. Téngase presente que la Sala al desestimarlos no lo hace porque ellos en sí mismos sean carentes de mérito, sino porque, tal como se ha indicado, no son susceptibles de ser conocidos en un proceso sumario como lo es el recurso de amparo. 

Finalmente, al haberse informado que las personas menores de edad amparadas en la actualidad no son estudiantes del centro recurrido, sólo cabe disponer que se abstengan de incurrir en las conductas que dieron origen a la estimatoria", externa la resolución.

A criterio de los altos jueces, debido a que se contaban con suficientes elementos para abordar la situación, se debió realizar de manera pronta y eficaz una investigación que permitiera determinar las causas y las soluciones respecto del agravio acusado.

Pese a la prueba aportada, el colegio se defendió diciendo que "no es cierto" que hayan sido "víctimas de bullying físico, verbal y emocional en el centro educativo" o que haya "pasividad de la directora ante los hechos que se detallan en el recurso".

Ese calificativo también lo utilizaron para desvirtuar lo expuesto por los padres de familia, pero finalmente la asociación a cargo del centro fue condenado.

"Deseos de matarse y ataques de pánico"

Tal como lo dio a conocer CRHoy.com en diciembre del 2022, los estudiantes afectados denunciaron que a raíz de las agresiones físicas y verbales, así como supuestas burlas por parte de sus compañeros y hasta educadores del Colegio Sagrado Corazón de San José, sufrieron ataques de pánico, de ansiedad, temor y hasta deseos de matarse.

Así se expone en una denuncia presentada por sus padres de familia ante la Fiscalía Primera Adjunta de San José y las pruebas documentales contenidas en el expediente judicial, al que tuvo acceso este medio y que se tramita en la causa penal 22-000299-0619-PE.

 

Además, solicitó investigar ejercicio ilegal de la profesión, a varios educadores de ese colegio, debido a que muchos de los profesores no tienen formación docente, lo cual habría provocado supuesto mal maneja de situación de violencia en la población estudiantil, para que ellos no estaban capacitados.

En el expediente judicial se incluyó una noticia criminis donde señalan las aparentes deficiencias e incumplimientos del colegio con los menores.

"Tenemos conocimiento y denunciamos, que no respetan las condiciones de discapacidad y no aplican las adecuaciones curriculares o de acceso, como otra forma de violencia cruel, maltrato, abuso y si algunos padres no lo exigen y han ocasionado un perjuicio económico, daño emocional, psicológico y físico, maltrato, negligencia, en perjuicio de las personas menores de edad y familias, que se han visto sometidas al antojo de las personas denunciadas, que deciden con el aval de la directora, actuar de esta manera y esto ha motivado a distintas comunicaciones, quejas, citas, reuniones y algunos estudiantes o personas menores de edad, han tenido que desertar por esto y por todos los hechos ya denunciados (…)", se lee en el documento.

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En los documentos judiciales también se expone un expediente clínico de una de las menores que sufrió a causa de la presunta negligencia del colegio.

Se trata de un "Reporte a Instancia Judicial" en el cual se expone las secuelas del bullying que en apariencia recibió por parte de compañeros y profesores.

La Caja Costarricense de Seguro Social estuvo a cargo de la evaluación de la colegial y confirmaron que tiene ideas suicidas por la discriminación de la que es víctima en el centro educativo.

Este fue enviado al Ministerio Público y el Patronato Nacional de la Infancia para que tomaran las medidas pertinentes.

A raíz de esto se diagnosticó "problemas relacionados con la discriminación y persecución percibidas", por lo que se recomendó en el plan de manejo de tratamiento para "episodio depresivo reactivo".

Otro de los niños fue "víctima de golpes, exclusiones a la hora de jugar o de comer, le han botado su comida, lo han dejado sin derecho a calentar su almuerzo".

También se denunció que uno de los profesores investigados "le arrebató unas tijeras a un estudiante, delante de todos los compañeros (as) quien se encontraba distraído con ellas y se las lanzó a otra estudiante".

Por estas aparentes inacciones, los encargados de las víctimas interpusieron un recurso de amparo el pasado 1 de setiembre donde solicitaban, entre otras cosas, que se tomen las acciones necesarias que no se incurra en la violación de los derechos de los amparados.

Sobre este primero, la Sala condenó a la señora Ramírez Quirós, una funcionaria del MEP y a otra del PANI.

 

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