Ministro pone en revisión concurso para contratación de monitoreo de reos

(CRHoy.com) Con el cambio de autoridades, el cartel licitatorio internacional para la contratación de un nuevo proveedor del servicio de monitoreo de privados de libertad con tobilleras electrónicas entró en revisión.

La decisión de estudiar el concurso publicado el 8 de abril pasado la confirmó el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde, en una entrevista con CRHoy.com celebrada el 20 de mayo anterior.

"Estamos revisando todo el equipo con el que contamos. Estamos haciendo una revisión para ver la productividad, los beneficios que nos trae y también para analizar muchas otras alternativas. Estamos en un proceso de análisis y revisión para la toma de decisiones. Estamos en revisión en todas las áreas.

"Para eso tenemos un equipo conformado bajo mi liderazgo, con tres viceministros y directores", indicó el jerarca.

Al ser consultado sobre si el concurso seguirá o no adelante, el ex subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) manifestó: "Estamos en revisión".

El abogado hasta ahora se ha reservado detalles sobre los planes que prepara para afrontar algunas de las problemáticas a las que debe hacer frente la institución bajo su dirección, tales como las estafas telefónicas perpetradas desde centros penitenciarios, la corrupción de funcionarios que ingresan celulares y drogas a cárceles así como la constantes condenas de la Sala Constitucional a la cartera por la ausencia de sistemas de vigilancia de reos robustos.

Respecto al servicio de monitoreo electrónico, únicamente adelantó que el estudio lo realiza junto a sus viceministros de Justicia, Exleine Sánchez Torres; de Paz, Sergio Sevilla Pérez; y de Gestión Estratégica, Carolina Castro del Castillo.

Actualmente, 1.857 privados de libertad descuentan penas o medidas cautelares bajo vigilancia electrónica. De estos, 1.075 son sentenciados, mientras que los restantes 782 son indiciados, según información proporcionada a este medio por el departamento de comunicaciones de Justicia y Paz.

Camino enredado

El 8 de abril, el Ministerio de Justicia y Paz (MJP) publicó el cartel licitatorio internacional para la contratación de un nuevo proveedor del servicio de monitoreo con tobilleras electrónicas. Incluso, el periodo para la recepción de ofertas estaba previsto para terminar el 27 de mayo pasado. La convocatoria incluso llegó a ser divulgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC), a fin de ampliar su alcance fuera de Costa Rica Rica.

Dicho proceso fue el segundo intento de la administración de Carlos Alvarado Quesada por adjudicar la vigilancia de reos con beneficio, luego que el 31 de diciembre del año pasado declarara infructuoso un procedimiento al que se le asignó el número de referencia 2021LI-000001-0006900001. Lo anterior ocurrió en el tanto que ninguna de las siete ofertas presentadas cumplía con la totalidad de requisitos técnicos, legales, presupuestarios y financieros establecidos en el cartel, según lo determinaron la Unidad de Monitoreo Electrónico, la Dirección de Tecnologías de la Información, la Dirección Financiera y Proveeduría Institucional. Tal decisión fue posteriormente confirmada por la División de Contratación Administrativa de Contraloría General de la República (CGR), que declaró sin lugar cuatro apelaciones formuladas por igual cantidad de consorcios participantes.

Actualmente, el servicio en cuestión es proveído por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH). El 25 de de febrero del año anterior, la entonces ministra del ramo, Fiorella Salazar Rojas, informó la suscripción de un "contrato adicional" con esa entidad en los términos señalados por el artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, los cuales incluyen, entre otras, que el nuevo pacto se concluya sobre las bases del precedente, que se mantengan los precios y las condiciones previas, que el monto del nuevo trato no sea mayor al 50% del contrato anterior y que en el contrato precedente no se diese un incumplimiento grave.

Esta posibilidad estuvo antecedida por un convenio de cooperación de 10 días firmado por las partes, que permitió que el pacto original culminara el 27 de febrero del año pasado, sin que se interrumpiera la vigilancia de 1.800 reos (dato a la fecha del anuncio). De esta manera, fue posible que se cumplieran las condiciones para acceder al trato adicional, sin que fuera necesaria autorización del ente auxiliar de la Asamblea Legislativa, que se había opuesto en dos ocasiones a ampliar el contrato.

Tal pacto adicional se fijó por 24 meses o tan pronto se definiera un nuevo proveedor; el cual sigue sin elegirse. El trato además implicó una baja en el costo unitario de las tobilleras y su monitoreo, al pasar de una tarifa diaria de $12,3 a $10,3, informó Rojas Salazar en esa oportunidad. La negociación además preveía descuentos adicionales por cada 100 nuevos monitoreados. La exjerarca indicó que esas nuevas condiciones permitirían ahorrar ¢1.448 millones en 2021.

La adjudicación del contrato anterior se dio en 2016. Sin embargo, la ejecución del pacto estuvo marcada por críticas y cuestionamientos debido al faltante de dispositivos o su vulnerabilidad, la duración en la generación de reportes así como la imposibilidad para conocer la ubicación de los portadores de la tobillera.

Paralelamente, la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción recibió una denuncia anónima por presunto tráfico de influencias en la contratación de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia para el servicio de vigilancia electrónica. El caso se tramita bajo el expediente 18-000094-1218-PE y fue dado a conocer el 7 de diciembre de 2020 por el sitio de noticias El Observador. En él figuran como sospechosos el exministro de Seguridad Pública y exmagistrado, Celso Gamboa Sánchez; el exdiputado Víctor Hugo Víquez Chaverri; el gerente general de la compañía adjudicada, Allan Benavides Vílchez, así como dos empresarios de apellidos Rothe Vallesilla y van Andel Lanzoni. Al cierre de esta publicación, CRHoy.com mantenía en trámite una serie de consultas ante la oficina de prensa del Ministerio Público sobre la causa.

A pesar de todo lo anterior, Justicia y Paz pidió un prórroga de 24 meses del acuerdo original, mientras se realizaba la primera licitación pública internacional, publicada el 2 de febrero del año anterior. Ese pedido fue rechazado por la Contraloría, en el tanto que el Ministerio carecía entonces de contenido presupuestario, además de que la institución siquiera logró clarificar si el contrato estaba vigente para ese momento ni cuál era el precio a pagar en 2021, debido a un faltante de información. La cartera planteó entonces una reconsideración que le fue rechazada por inadmisible.