Concluyó indagatoria por maquillaje en finanzas de la CCSS: Imputados sin medidas cautelares
Este lunes finalizó la indagatoria de los tres imputados en el caso del presunto maquillaje de un informe actuarial de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), según confirmó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA). Además, por el momento no se dictaron medidas cautelares.
Durante la jornada, la FAPTA dirigió seis allanamientos en casas y oficinas de la CCSS, ya que el presunto maquillaje del informe culminó en la suspensión del portafolio de inversiones.
Los imputados son Allan Quesada Soto, exasesor de la presidencia ejecutiva; Carolina González Gaitán, directora actuarial; y Susan Peraza Solano, directora de Planificación Institucional.
De acuerdo con Claudia Villafuerte, fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, la causa data del 2023, cuando se solicitó que se realizara un estudio técnico para verificar la solvencia económica de la CCSS en temas de infraestructura.
Por esto se nombró un equipo intergerencial que en un primer informe mencionó solvencia hasta el año 2027.
Sin embargo, de manera dolosa, estas tres personas que están siendo investigadas modifican las variables y presentan ante la Junta Directiva de la Caja, el 1 de marzo de 2023 un informe maquillado o manipulado en donde al modificar de manera deliberada las variables arribaron a una conclusión de que la Caja en el 2023 iba a tener una insuficiencia presupuestaria para hacer frente a todo el portafolio de inversiones.
Las acciones delictivas de estas personas han provocado que a nivel de Junta Directiva se tomaran acuerdos que impedían invertir en infraestructura. Esto significó que incluso se dejaran de comprar terrenos para construir los hospitales de Turrialba, el hospital de Golfito, la Torre de la Esperanza del Hospital Nacional de Niños, el Hospital Blanco Cervantes, detalló la fiscal.
Además, por la suspensión del portafolio, la institución tuvo que invertir ¢4.400 millones para el pago de alquileres.
Por estas acciones, a los imputados se les atribuye el delito de influencia en contra de la hacienda pública.
"La salud nos interesa a todos los costarricenses y todos los costarricenses de una u otra forma se vieron afectados por esa manipulación dolosa de ese informe", aseguró Villafuerte.
