¿Cómo Europa intenta transformar la forma en que la justicia aborda la violación?

Francia dio un paso histórico en la lucha contra la violencia sexual. Su Parlamento aprobó una ley que redefine la violación como todo acto sexual sin consentimiento, un cambio que la alinea con una tendencia que se extiende por Europa desde hace más de una década.

El nuevo texto modifica el Código Penal francés, que hasta ahora describía la violación como una penetración o acto sexual cometido mediante violencia, coacción, amenaza o sorpresa. La ley, aprobada por 327 votos a favor y 15 abstenciones en el Senado, establece que el consentimiento debe ser libre, informado, específico, previo y revocable. Además, aclara que no puede deducirse del silencio ni de la falta de reacción de la víctima.

El caso de Gisèle Pelicot, una mujer drogada y violada por decenas de hombres a instancias de su marido, reavivó el debate sobre la definición de violación. Su historia conmocionó a Francia y evidenció la necesidad de revisar una legislación que exigía probar la intención de violar para obtener condenas. Hoy, la ley francesa asume que la clave está en el consentimiento, no en la fuerza.

Sin embargo, las organizaciones feministas subrayan que el cambio legal debe ir acompañado de una transformación social más profunda. Reclaman más educación sexual, capacitación para jueces y policías, y recursos suficientes para los grupos de apoyo a víctimas.

Una tendencia europea

Francia no está sola. En los últimos años, varios países de Europa reformaron sus leyes para definir la violación en función del consentimiento. Suecia fue pionera en 2018, seguida por Dinamarca en 2020, Eslovenia en 2021, España en 2022 y Suiza y Países Bajos en 2024.

Según Amnistía Internacional, 19 países europeos ya cuentan con legislación que considera violación todo acto sexual sin consentimiento. El Convenio de Estambul, tratado del Consejo de Europa contra la violencia de género, ha sido un motor clave de esta ola de reformas.

Adoptado en 2011 y en vigor desde 2014, el Convenio obliga a los Estados firmantes a penalizar cualquier acto sexual sin consentimiento y a garantizar una protección integral a las víctimas. El tratado establece que la falta de resistencia no puede interpretarse como consentimiento y promueve una visión centrada en la autonomía y la dignidad de la persona. Su implementación ha impulsado a varios gobiernos europeos a revisar sus códigos penales y armonizarlos con los estándares internacionales de derechos humanos.

Casos emblemáticos del cambio

• Suecia: cambió su ley tras un fallo que absolvió a tres jóvenes acusados de violar a una adolescente. La indignación social llevó a la creación del movimiento "Entérate" y, cinco años después, a una norma que eliminó la necesidad de probar violencia. Desde su entrada en vigor, aumentaron las condenas y los procesamientos.
• Dinamarca: aprobó en 2020 una ley similar después de años de campañas impulsadas por sobrevivientes. La reforma marcó un avance histórico y reforzó la idea de que el respeto por la autonomía sexual debe reflejarse también en la justicia.
• España: vivió su propio punto de inflexión con el caso de "La Manada". La indignación por la condena por "abuso" y no por violación provocó la reforma del Código Penal. La ley del "solo sí es sí", aprobada en 2022, estableció que la ausencia de consentimiento basta para tipificar una violación.
• Países Bajos: completó su reforma en marzo de 2024. El Parlamento aprobó por amplia mayoría una ley que castiga todas las formas de sexo no voluntario, incluso cuando no hay violencia física.
• Grecia: modificó su legislación en 2019 tras la presión pública y de organizaciones de derechos humanos. El Ministerio de Justicia revisó su propuesta inicial en cuestión de días y aprobó una definición de violación basada en el consentimiento.

Más allá de la ley: los desafíos en caso de violación

Las nuevas legislaciones representan un cambio profundo en la forma en que Europa entiende la violencia sexual, pero su aplicación práctica sigue siendo uno de los mayores retos. Aunque el consentimiento se ha convertido en el eje jurídico, especialistas señalan que los procesos judiciales continúan marcados por viejos patrones: muchas víctimas aún deben probar que no consintieron, y los interrogatorios suelen centrarse en su comportamiento, su ropa o su vida privada, más que en las acciones del acusado.

Expertas en justicia de género advierten que el problema no radica solo en el texto legal, sino en la cultura judicial. Por ejemplo, la abogada irlandesa Donna von Allemann, de la red Women Against Violence Europe, expuso ante el Parlamento Europeo que, pese a las reformas, los tribunales siguen reproduciendo prácticas que revictimizan a las denunciantes.

Según explicó, la carga de la prueba continúa recayendo en las víctimas y muchos juicios se enfocan más en su comportamiento que en las acciones del acusado. Von Allemann y otras especialistas reclaman invertir esa lógica y reforzar las obligaciones del acusado de demostrar que obtuvo un consentimiento claro y libre.

Las organizaciones feministas insisten en que el cambio legal debe acompañarse de educación sexual integral, formación en perspectiva de género para jueces, fiscales y policías, y campañas públicas que cuestionen los mitos que aún rodean a la violación.