Comisión legislativa aprueba informe del Caso Diamante que delega a Fiscalía fijar responsabilidades de alcaldes
En una votación dividida, la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa dictaminó por mayoría el informe sobre el caso Diamante del Partido Nueva República (NR), en el cual recomienda solicitar al Ministerio Público que determine el establecimiento de posibles responsabilidades de alcaldes y funcionarios involucrados en este caso.
La votación fue de 5 a 4. Entre los cinco votos favorables estuvieron Yonder Salas, de NR, como proponente del documento; Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y Dinorah Barquero Barquero, Francisco Nicolás Alvarado y Katherine Moreira Brown, del Partido Liberación Nacional (PLN).
Los 4 diputados que votaron en contra fueron Manuel Morales y Paola Nájera de Progreso Social Democrático (PSD), la congresista del Frente Amplio (FA), Sofía Guillén Pérez, y la independiente Kattia Cambronero Aguiluz.
El informe recomienda que el Ministerio Público investigue si los siguientes alcaldes, exalcaldes y funcionarios públicos incurrieron en presuntos delitos como cohecho, malversación de fondos, tráfico de influencias u otras infracciones:
- Johnny Araya Monge (San José)
- Alfredo Córdoba Soro (San Carlos)
- Alberto Cole de León (Osa)
- Humberto Soto Herrera (Alajuela)
- Arnoldo Barahona Cortés (Escazú)
- Mario Redondo Poveda (Cartago)
- Cristian Boraschi González (gerente del Departamento de Gestión Urbana de la Municipalidad de Escazú)
- Gustavo Mayorga Mayorga (exregidor de Golfito)
El informe insta a investigar posibles actos de corrupción, cohecho y penalidad del corruptor, entre otros delitos, en las empresas MECO S. A., Explotec y Grupo H. Solís, involucradas en el caso.
También se recomendó a la Contraloría General de la República (CGR) aplicar sanciones a los funcionarios que ignoraron alertas sobre presuntas irregularidades en contrataciones, así como a aquellos en cargos de elección popular.
La congresista Vanessa Castro, del PUSC, afirmó que tanto las empresas MECO como Explotec protagonizaron acciones contrarias al ordenamiento jurídico.
Castro espera que las autoridades competentes estudien el tema, lo analicen y lleven a cabo las acciones correspondientes con el más alto nivel de rigor.
"El caso Diamante es un grave ejemplo de lo que sucede en otras municipalidades. Es una constante en el resto del país. Debe surgir una propuesta de acciones que generen algún tipo de reacción para impulsar los cambios necesarios en el régimen municipal", indicó Castro.
Según la legisladora socialcristiana, existen fuertes deficiencias en el control interno, falta de seguimiento a las recomendaciones y limitaciones de recursos para labores de monitoreo, por lo que se debe transparentar la información.
Cuestionó las relaciones impropias entre funcionarios públicos y empresas, y advirtió que la falta de acción en la gestión municipal debe ser corregida para evitar estos problemas.
Votos en contra
La diputada Sofía Guillén, del Partido Frente Amplio, aseguró que en el informe de Nueva República se omitieron conversaciones clave para la investigación.
Según Guillén, se eliminaron escuchas telefónicas relacionadas con Siquirres, Osa, San Carlos y San José, así como una de Cartago y otra de Escazú.
En el caso de Siquirres, la congresista denunció que se suprimió una conversación en la que representantes de MECO hablaban de "darle cariñitos" a un funcionario municipal.
Con respecto al exalcalde de San Carlos, Alfredo Córdoba, Guillén aseguró que se eliminó una transcripción sobre un aparente nombramiento irregular, así como un supuesto ofrecimiento de dinero al exalcalde de Osa, Alberto Cole, por 10 millones de colones.
En cuanto a la Municipalidad de San José, la diputada afirmó que se borró una conversación que dejaba entrever favores explícitos entre empleados de MECO y el gobierno local.
La diputada independiente Kattia Cambronero Aguiluz votó en contra del informe, señalando que el documento elaborado por el Frente Amplio era más robusto y abordaba con mayor profundidad los temas de corrupción.
Según Cambronero, si las fuerzas políticas del país continúan sin comprender que la corrupción carcome el sistema democrático debido a la inacción de algunas agrupaciones, la ciudadanía perderá la fe en el sistema.
La legisladora recalcó que normalizar los actos de corrupción y la manipulación de recursos públicos es algo que el electorado costarricense rechaza con firmeza.
Enfatizó que no es aceptable que, después de casi cuatro años, no haya habido consecuencias para los funcionarios involucrados en estos hechos.
La diputada oficialista Paola Nájera también votó en contra, argumentando que la documentación recopilada por el Frente Amplio era más sólida en cuanto a la relación de hechos y grabaciones.
Nájera lamentó que dicho informe fuera rechazado por tres fracciones: la de los neorepublicanos, la de los liberacionistas y la de los socialcristianos, en un proceso que calificó como "atropellado".
Tras esta votación, pasará a Plenario para que los diputados analicen y discutan el documento.
