Comenzó juicio contra el Estado por “Ruta del Arroz”

El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda comenzó este lunes un juicio contra el Estado por la implementación de la “Ruta del Arroz” desde agosto de 2022, por medio de dos decretos del presidente Rodrigo Chaves.

La demanda fue interpuesta por la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) el 7 de septiembre de 2022 debido a una posible afectación a los productores y a los consumidores.

Datos de Conarroz indican que, luego de 30 meses de la aplicación de los decretos, los productores se han visto directamente afectados y han disminuido en un 47 % desde agosto de 2022 a febrero de este año.

Las importaciones de arroz, por su parte, han desplazado la producción nacional. En lo que respecta a hectáreas de cultivo, se pasó de 35.317 hectáreas a tan solo 14.020 hectáreas cultivadas, es decir, menos de un 60 %.

Según esa organización, esto genera una dependencia de las importaciones de arroz que, a su vez, pone en riesgo la seguridad alimentaria de los costarricenses.

Alexander Campos Sánchez, asesor jurídico de Conarroz, dijo que no se puede adelantar mayores detalles del proceso, ya que son dos audiencias que se fijaron en diferentes fechas.

“Buscamos evitar vicios en la parte legal. No vamos a adelantar criterios ni ahondar en detalles sobre lo descrito en la demanda, pero esperamos que los jueces acojan la solicitud en pro de los productores, de la seguridad alimentaria y del pueblo costarricense”, comentó.

Otro tema que se analizará en este proceso legal es lo referente a la certificación del enriquecimiento del arroz importado.

Costa Rica inició la fortificación obligatoria del arroz en 2001, un proceso que previene deficiencias nutricionales y problemas de salud pública, como las malformaciones congénitas del tubo neural y la enfermedad cardiovascular.

“El arroz fortificado provee aproximadamente el 30 % de los requerimientos calóricos en la región, lo que lo convierte en un vehículo efectivo para la reducción de las deficiencias de micronutrientes, en conjunto con otros vehículos como el trigo y el maíz. De ahí la relevancia de que se restablezcan los controles y se exija la certificación de fortificación al arroz importado”, agregó Campos.

La “Ruta del Arroz” está conformada por dos decretos del Poder Ejecutivo vigentes desde hace más de dos años. Uno de ellos redujo los aranceles a las importaciones de ese producto. Bajaron de un 35 % a un 3,5 % en el caso del arroz en granza y de un 35 % a un 4 % para el arroz pilado (listo para la venta).

"El otro decreto eliminó el esquema para fijar el precio de referencia del arroz en granza y el precio máximo y mínimo de todas las calidades de arroz pilado que se comercializan en el país, y lo sustituyó por un modelo de libre mercado.