Cisneros vuelve a mentir en menos de 48 horas: Consulta sí se hizo a celular personal de Arnold Zamora
El pasado lunes a las 7:36 p.m. CR Ho hizo consulta oficial al ministro de Comunicación, Arnold Zamora Miranda, por medio de un mensaje de whatsApp a un número de celular que está a su nombre, en torno a la investigación por el presunto de violación en contra de un joven periodista de 25 años y cuyo caso está en manos de la fiscalía general.
En el mensaje de 20 segundos, enviado por el periodista Álvaro Sánchez, se le preguntó a Zamora su posición oficial sobre la denuncia interpuesta en su contra.
Esta es la trascripción:
Arnold, buenas tardes, ¿qué tal? Álvaro Sánchez de CR Hoy. Arnold, quería ver si usted nos podría decir algo acerca de la denuncia por un delito de índole sexual que está investigando la Fiscalía en su contra y queríamos ver si podíamos conocer su posición al respecto. Saludos.
Dicho número celular aparece registrado a nombre de Árnold Martín Zamora Miranda, no es un celular de Casa Presidencial. El mensaje enviado por CR Hoy no tuvo respuesta.
La diputada oficialista Pilar Cisneros dijo, este jueves en el plenario legislativo, que el investigado contestó por medio de las plataformas de Casa Presidencial debido a que todas las consultas llegaron por medio de las redes oficiales.
"Ay yo no sé que piensan estos diputados. A ver diputada Cambronero, ¿a dónde hicieron las consultas los periodistas al ministro de Comunicación? Por las redes oficiales y por los canales, no hubo una sola consulta a las redes privadas del ministro de Comunicación, Arnold Zamora. Para pena o para desgracia de todos ustedes que quieren que ruede la cabeza del ministro, Arnold Zamora sigue ocupando su puesto y seguirá ocupando su puesto".
Las declaraciones, las hizo como respuesta a la legisladora, Kattia Cambronero, quien solicitó a la Fiscalía investigar el uso de recursos públicos para dar a conocer su descargo sobre la denuncia en su contra.
La diputada independiente formalizó una denuncia ante la Fiscalía, la mañana de este jueves, contra el ministro de Comunicación, Arnold Zamora Miranda, por presuntas actividades irregulares, a su criterio, al difundir un video con logos del Gobierno para hacer su defensa personal en el caso de una denuncia en su contra por presunta violación.
Cambronero aseguró que en su respuesta, Zamora habría incurrido en un aparente uso indebido de recursos públicos.
En la denuncia se señalan las siguientes causas:
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Uso indebido de recursos públicos, incluyendo recurso humano, oficinas, equipo tecnológico del SINART, así como el uso de logotipos y símbolos institucionales, para atender una defensa personal. "Esto podría constituir el delito de peculado de uso, conforme al artículo 361 del Código Penal, así como incumplimiento del deber de probidad, según lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública", señala la legisladora.
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Amenazas contra funcionario público y órganos del Poder Judicial, en particular contra el fiscal general y el Poder Judicial en su conjunto, conforme al artículo 282 del Código Penal.
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Revelación de la identidad de la víctima en un proceso penal, lo que representaría una vulneración directa del derecho a la intimidad y protección de la víctima en un delito sexual, según lo dispuesto en el artículo 138 del Código Procesal Penal.
Esto luego de que, el pasado martes, Zamora realizó su descargo a través de un video, compartido en canales oficiales del Gobierno, revelando el nombre de la supuesta víctima.
"Es responsabilidad de un ministro velar por el buen uso de los recursos públicos, la protección del Estado de derecho y la dignidad de las personas. Nadie está por encima de la ley; permitir estos abusos es privilegiar a ticos que este Gobierno ha premiado con coronas", aseguró Cambronero Aguiluz.
A diferencia de otros ministerios ordinarios, el cargo de ministro de Comunicación carece de una ley propia, presupuesto asignado o regulación oficial, por lo que el ministro Zamora no estaría amparado por el fuero o inmunidad.
¿El presidente sabía?
Pilar Cisneros, diputada oficialista, cambió de versión, en cuestión de solo 24 horas, y ahora confirmó que Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, sí supo de la denuncia de un periodista por supuesto abuso sexual contra el ministro de Comunicación y Enlace, Arnold Zamora Miranda.
Los supuestos hechos ocurrieron el domingo en un hotel de Escazú y, según se indicó, el denunciante contactó a la diputada de gobierno un día antes de presentar la acusación contra el jerarca.
Cisneros declaró la noche del martes a Teletica.com que no consideró necesario informarle al mandatario sobre la denuncia. Ante la consulta, respondió: "No señor, para nada. ¿Qué tiene que ver el presidente con eso?". Agregó que no lo consideró necesario.
Pero, en cuestión de horas, el miércoles, la legisladora cambió esa versión y confirmó a CR Hoy que ese mismo lunes —un día después de la llamada del periodista— le comentó al presidente sobre el caso y los supuestos hechos que involucran a Zamora.
"Él me llamó el domingo (el denunciante) a darme su versión y yo le dije, déjeme hablar con Arnold por cada historia tiene dos ángulos. Eso fue todo, ese fue el único contacto que tuve con él. Y después le dije: mire, yo no puedo intervenir en esto porque yo no soy ni su jefe ni tengo posibilidades de nada, haga lo que tenga que hacer", reconoció Cisneros a CR Hoy.
Al consultarle a Cisneros Gallo sobre si comentó lo sucedido al mandatario, confirmó que sí lo hizo, hasta el día lunes, un día después de la comunicación con el periodista.
"Yo lo hablé con don Rodrigo (Chaves) hasta el lunes. Y a Arnold me costó contactarlo ese domingo, hasta la noche hablamos. Entonces, después que hablamos yo le dije al muchacho: ya hablé con Arnold, mi posición es que yo le agradezco por haberme llamado y por la confianza, pero yo no soy jefe de Arnold, ni su jefe suyo, ni tengo ninguna posibilidad de incidir en algo así. Esto tendrá que seguir su curso en los Tribunales como corresponde", detalló la legisladora.
El ministro de Comunicación, Arnold Zamora,admitió la noche de este miércoles que sí se encontró con el periodista de gobierno que lo acusó de una violación en un hotel en Escazú.
El funcionario también admitió que visitaron el hotel en donde estuvieron consumiendo licor e incluso que él mismo pagó por una habitación en el lugar.
Pese a ello, Zamora, afirmó que no abusó sexualmente del funcionario, quien es periodista en otra institución de gobierno.
A través de un video compartido por los canales oficiales de Casa Presidencial, pese a tratarse de un señalamiento judicial en su contra, Zamora también señaló que se presentará voluntariamente este miércoles Ministerio Público para dar su versión de los hechos.
"Nunca abusé sexualmente de usted, fue usted quien me pidió que lo recogiera en su casa el día de los supuestos hechos como consta en varios mensajes de texto que están en mi poder, como prueba de lo anterior, las autoridades pueden solicitar los videos del hotel que visitamos, donde quedará demostrado que nunca existió violencia ni ninguna conducta que pusiera en peligro su libertad o su libre voluntad", dijo Zamora.
El video que dura 3 minutos con 11 segundos señala el nombre completo de la supuesta víctima, según el ministro de Comunicación, quien además es su subalterno debido al cargo que ostenta el investigado. Mencionó el nombre de quien lo denunció 5 veces y reconoció que se trata de hechos de su vida privada:
Ante las acusaciones falsas e infundadas del señor en mi contra, me veo en la obligación de aclarar lo siguiente. Nunca y viéndolo a la cara, abusé sexualmente de usted.
Fue usted quien me pidió que lo recogiera en su casa el día de los supuestos hechos, como consta en varios mensajes de texto que están en mi poder.
Como prueba de lo anterior, las autoridades pueden solicitar los videos del hotel que visitamos, donde quedará demostrado que nunca, pero nunca existió violencia ni ninguna conducta que pusiera en peligro su libertad o su libre voluntad.
El señor es un hombre adulto de 25 años con total autonomía para tomar decisiones. Él ingirió alcohol bajo su propia voluntad, igual que lo hice yo como un hombre adulto.
Tomé, y usted lo sabe, la decisión de alquilar un cuarto en el hotel debido a que consideré imprudente conducir bajo los efectos del licor. No hubo ningún consumo de drogas, como lo demuestran los exámenes realizados a usted y usted muy bien lo sabe y las autoridades también.
Hago esta aclaración por respeto, principalmente, al señor presidente de la República, al pueblo de Costa Rica y a mi familia, pues no puedo permitir que manchen mi intachable carrera profesional de más de 20 años.
Nunca temeré salir al paso y aclarar dar lo necesario, aunque se trate de mi vida personal y de mi vida privada. Por esa razón, anuncio que el día de mañana me presentaré voluntariamente al Ministerio Público a contar la verdad de los hechos y a limpiar de una vez por todas mi nombre. Y nuevamente a usted, no mienta más.
Denuncia en Procuraduría de la Ética
La Procuraduría de la Ética Pública tramita una denuncia contra el ministro de Comunicación, Arnold Zamora, por el supuesto uso indebido de recursos públicos en un video que hizo público, la noche de este martes, tras ser denunciado por el delito de violación en perjuicio de un joven de 25 años.
La queja fue presentada por medio del sistema digital de la Procuraduría General de la República (PGR) a las 4:21 p.m. de este miércoles por parte de una ciudadana, así consta en el correo de recibido del cual tiene copia CR Hoy. Se consultó a la oficina de prensa de la PGR sobre el trámite de la denuncia, pero al cierre de edición no hubo respuesta.
La denuncia relata lo siguiente:
El señor Arnold Zamora, en su calidad de Ministro de Comunicación del Gobierno de la República, difundió públicamente un video en redes sociales y plataformas digitales donde se refiere de manera directa a un caso judicial en curso en el cual figura como imputado por el presunto delito de violación. En dicho video, el ministro aborda hechos vinculados a la investigación penal, ofreciendo su versión personal de los acontecimientos, pese a que el caso se encuentra bajo análisis del Ministerio Público y aún no existe resolución firme.
El video incorpora de manera visible el logo oficial del Gobierno de la República, lo que genera la apariencia de que el mensaje tiene carácter institucional o de comunicación oficial del Estado. Además, del contexto visual y de las condiciones de grabación se desprende que habría sido filmado en instalaciones públicas pertenecientes al despacho ministerial, lo que implica la utilización de recursos, fondos, equipos y espacios estatales. Este uso no se encuentra vinculado al cumplimiento de las funciones propias del cargo de Ministro de Comunicación, sino a un asunto estrictamente privado, como lo es la defensa en una causa penal en la que se le acusa personalmente.
En el transcurso del mensaje, el ministro Zamora menciona expresamente el nombre del joven que lo denunció, exponiéndolo ante la opinión pública en un contexto donde la investigación judicial aún se encuentra abierta. Tal proceder constituye una vulneración al deber de reserva y confidencialidad que debe rodear estos procesos, puede afectar la garantía de la presunción de inocencia y, sobre todo, compromete el derecho a la intimidad, dignidad y seguridad de la presunta víctima, al señalarla públicamente desde una posición de poder institucional.
El contenido y la forma del mensaje superan con creces lo que podría considerarse un ejercicio legítimo del derecho de defensa. El video se convierte en un acto de exposición pública con un claro sesgo de confrontación hacia la persona denunciante. En él, el ministro afirma que llevará el caso "hasta las últimas consecuencias", lo cual, en el contexto en que se expresa y dada su condición de autoridad gubernamental, puede interpretarse como un intento de intimidación o advertencia directa al denunciante. Este comportamiento omite que el propio ministro es el imputado en la causa y que el proceso debe sustanciarse exclusivamente en sede judicial, sin recurrir al uso de recursos públicos ni a la plataforma institucional del Estado para litigar en la opinión pública.
En síntesis, la conducta del ministro Zamora representa: Un uso indebido de recursos públicos (espacios, símbolos y posiblemente equipos del Estado) en beneficio propio; una confusión deliberada entre lo institucional y lo personal, al transmitir un mensaje con logo del Gobierno en defensa de intereses privados; una afectación a derechos fundamentales de la persona denunciante, al exponerla públicamente, con un posible efecto de presión e intimidación y una lesión al principio de probidad y transparencia, al instrumentalizar el cargo ministerial para fines contrarios a la ética pública y a los principios que deben guiar la función estatal.
Consultado sobre la denuncia, a su salida de la Fiscalía la tarde de este miércoles, aseguró que "se investigue y daré las explicaciones que consideren. Las consultas llegaron por medio de la oficina de prensa de Casa Presidencial y así se canalizaron. Yo soy ministro y se respondió como cualquier otra consulta".
Sobre la legislación en la que se sostiene la denuncia presentada, se indica lo siguiente:
En el caso denunciado, el ministro utilizó símbolos oficiales del Gobierno (logo) y presuntas instalaciones públicas de su oficina ministerial para difundir un video con fines estrictamente personales: defenderse de una imputación penal que en nada se vincula con el ejercicio de su cargo. Esto constituye un aprovechamiento indebido de recursos estatales y una clara desviación del deber de probidad.
La Contraloría General de la República ha establecido en su jurisprudencia administrativa que los recursos estatales (espacios, logos, equipos, personal) solo pueden utilizarse en funciones propias del cargo. Su desviación hacia fines privados constituye un uso indebido de fondos públicos. El hecho de que el video lleve el logo oficial del Gobierno da la apariencia de que se trata de una posición institucional del
Estado costarricense, cuando en realidad se refiere a un caso penal personal. Esto afecta la imagen, neutralidad y credibilidad del propio Estado, lo cual agrava la falta ética.La legislación señala también la prohibición de que las personas funcionarias públicas actúen en conflicto de intereses, es decir, cuando concurren circunstancias que puedan afectar su independencia o generar beneficio personal indebido.