“Choreco” usó giro de $32 mil del BCIE para compra-venta de casa de la que después fue desalojado
Cuenta de Bulgarelli transfirió dinero a dueña de casa que alquió Cruz Saravanja
El dinero que Rodrigo Chaves, presidente de la República, pidió a Christian Bulgarelli Rojas que le entregara a Federico Cruz Saravanja como "comisión" se utilizó para el alquiler con opción de compraventa de una casa ubicada en el condominio Barlovento, en La Unión de Cartago.
La Fiscalía General del Ministerio Público estableció que Bulgarelli Rojas entregó a Choreco $32 mil tras una solicitud expresa del mandatario y de Jorge Rodríguez Vives, actual ministro de Cultura y Juventud y exjefe de despacho del mandatario.
A mediados de 2022, Bulgarelli Rojas fue contratado para realizar productos de comunicación y materiales audiovisuales para la Casa Presidencial a través de un acuerdo de cooperación no reembolsable con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El contrato del empresario rondó los $405 mil y, según reveló Bulgarelli Rojas a la Fiscalía General, estuvo sujeto a atender la petición de Chaves de entregar la "comisión" de $32 mil en favor de Choreco.
Choreco fue estratega de campaña de Chaves durante las elecciones de 2022. Al inicio del gobierno fungió como uno de los asesores principales del mandatario y luego, entre 2023 y 2024, fue presidente del partido chavista Aquí Costa Rica Manda (ACRM) para el proceso electoral municipal de febrero de 2024. Esa agrupación no cumplió con los requisitos para participar por puestos de alcaldía y en marzo de 2024 Cruz abandonó el partido.
La investigación estableció que el 24 de febrero de 2023, Bulgarelli Rojas, "obligado e inducido" por Chaves, tras las coordinaciones previas concretadas por Rodríguez Vives, entregó el dinero que fue utilizado por Cruz Saravanja para pactar el contrato de alquiler con la propietaria de la casa.

Cruz y la dueña del inmueble, de apellido Fernández, acordaron que los $32 mil facilitados por Bulgarelli se distribuirían de la siguiente forma: $20 mil por la opción de compraventa; $12 mil, de los cuales $7.200 serían abonados a la señal de trato por la opción de compra y $4.800 como abono a las mensualidades de alquiler.
Según la acusación de la Fiscalía General, Choreco procuró que la retribución económica no quedara registrada a su nombre para no dejar rastro de los planes coordinados con Chaves y Rodríguez. Para eso, pidió a Bulgarelli que él firmara el contrato de alquiler con opción de compraventa, pero este se negó.
Pese a ello, el 24 de febrero de 2023, el productor audiovisual realizó la transferencia bancaria de los $32 mil a la propietaria de la casa. El movimiento de dinero se concretó a las 9:35 a.m. desde una cuenta de la empresa RMC La Productora (propiedad de Bulgarelli) hacia una cuenta de Fernández en el Banco Popular (BP).
Ese mismo día, ante una abogada y notaria pública de apellido Guerrero, mediante la escritura pública 106, del protocolo número 7, comparecieron Cruz Saravanja, en calidad de inquilino- comprador del inmueble (esto ante la negativa de Bulgarelli Rojas de firmar dicho contrato) y Fernández como arrendante-vendedora, pactándose entre ambos un contrato de alquiler por el plazo de 6 meses, con opción de compra venta una vez vencido el plazo anterior, quedando consignado que los pagos debían depositarse a una cuenta del BP a nombre de Fernández.
Cruz Saravanja fue desalojado del inmueble el 8 de agosto de 2024 por falta de pago en el alquiler del inmueble.
Pruebas aportadas
La Fiscalía General acreditó en el proceso de investigación que uno de los pagos que el BCIE efectuó a la cuenta de la empresa de Bulgarelli ocurrió el 20 de febrero del 2023 y apenas cuatro días después, se verificó la transacción bancaria que hiciera Bulgarelli en favor de la dueña de la casa, con quien Choreco pactó un contrato de alquiler con opción de compra en la misma fecha de la transferencia bancaria.
Cruz pretendió inicialmente que el contrato fuera firmado por Bulgarelli Rojas, por lo cual le remitió, vía correo electrónico, un borrador de la escritura en el cual incluía a este último como inquilino- comprador. Sin embargo, ante la negativa de Bulgarelli Rojas, Cruz tuvo que celebrar el convenio directamente con la dueña del inmueble.
Entre las pruebas contenidas en el expediente destaca el contrato de alquiler con opción de compraventa que firmaron Cruz y Fernández. También, existe una adenda contractual de ese mismo acuerdo.
"Mediante lo cual se acredita que el beneficio patrimonial exigido e inducido por el mandatario y acusado Chaves Robles, en asocio y distribución de funciones con el acusado Jorge Rodríguez Vives, sí se materializó, el cual consistió en solventar el monto de $32 mil que se exigía en el contrato por concepto de señal de trato por la compra y algunas mensualidades adelantadas que Cruz Saravanja debía cancelar inicialmente a la dueña del inmueble.
La propietaria de la casa confirmó a la Fiscalía General que Choreco se interesó en el inmueble y que con él firmó el contrato de alquiler con opción de compraventa. Incluso, negó conocer a Bulgarelli Rojas.
El esposo de Fernández también confirmó que el contrato fue pactado con Cruz Saravanja y negó conocer a Bulgarelli.
La versión dada por Bulgarelli a la Fiscalía General fue confirmada por Patricia Navarro, exministra de Comunicación del gobierno de Chaves, quien estuvo presente durante el proceso de negociación del contrato.
Navarro confirmó que Chaves exigió e indujo a Bulgarelli para que Cruz fuera incluido en el contrato con el BCIE.
Chaves y Rodríguez Vives fueron acusados por el delito de concusión, previsto en el artículo 355 del Código Procesal Penal.
La acusación fue entregada este lunes a la Secretaría General de la Corte Plena para el trámite debido, de acuerdo con el procedimiento especial de juzgamiento a miembros de Supremos Poderes, y también fue comunicada a la Procuraduría General de la República (PGR), como representante del Estado, a efectos de que manifieste si desea constituirse en querellante o actor civil.
En contra de Bulgarelli se mantiene la causa penal 25-000043-0033-PE, en la cual se solicitará la suspensión de la acción penal hasta que exista una sentencia firme en ese proceso. En caso de que la colaboración no llegue a ser eficiente para los intereses del Ministerio Público, se continuará con la persecución penal en su contra.
Choreco también es investigado penalmente en otro expediente.