Chavismo, PUSC, PLP y Nueva República entierran reforma para combatir y confiscar capitales emergentes

La Asamblea Legislativa enterró de forma definitiva, en segundo debate este miércoles y con 17 votos en contra, el proyecto de ley para fortalecer la figura de capitales emergentes, es decir, que se permita al Estado confiscar bienes o valores con sospecha de que su procedencia esté relacionada a actividades ilícitas como lavado de dinero o narcotráfico.

Al tratarse de una reforma requería de al menos 38 votos para su aprobación en segundo debate, de los cuales solo alcanzó 20 respaldos.

Se trata del expediente 22.834, "Adición de los artículos 20 bis, 20 ter y 22 bis a la Ley 8754 "Ley contra la delincuencia organizada" de 22 de julio de 2009, para fortalecer la función de la jurisdicción contenciosa administrativa", presentado en la Administración de Carlos Alvarado y dictaminado en el actual Congreso por la Comisión de Seguridad, en 2023.

El diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, fustigó a la fracción chavista por rechazar el expediente.

Al proyecto se opusieron la fracción chavista de Progreso Social Democrático (PPSD), el PUSC, el Liberal Progresista (PLP) y Nueva República.

"Saben, diputados, fracción oficialista, Pilar Cisneros, Daniel Vargas, todos ustedes, deberían oponerse a la defensoría del narcotráfico. Porque con el proyecto de vetar allanamientos están haciéndole ahorita el mismo favor al narcotráfico y al lavado de dinero en este país con lo que van a hacer", expresó Robles.

Por su parte, votaron a favor 20 legisladores entre los que están diputaciones de Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio e independientes.

Esta negativa se da luego de que se aprobó, con el respaldo de 36 legisladores en primer debate, el 27 de agosto de 2024.

Reforma a capitales emergentes

El expediente 22.834, buscó atacar los llamados capitales emergentes, como casas, carros o propiedades, que se generan de actividades ilícitas, generalmente del lavado de dinero y el narcotráfico.

La iniciativa es una reforma a la Jurisdicción Contencioso Administrativa que propone secuestrar capitales sin un origen lícito aparente y llegó a la corriente legislativa desde el gobierno de Carlos Alvarado.

El proyecto no establece un umbral para investigar a los capitales emergentes.

El Ministerio Público tendrá la facultad de solicitar al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, la adopción de una medida cautelar anticipada y provisional destinada a asegurar, secuestrar, conservar o verificar bienes y productos financieros de interés.

El texto expuso:

La autoridad jurisdiccional podrá autorizar la medida cautelar anticipada y provisional que considere adecuada, cuando hubiere elementos suficientes para determinar, con grado de probabilidad, que los bienes y productos financieros de interés pueden ser distraídos u ocultados.

Una vez adoptada la medida se concederá audiencia a las partes por tres días hábiles sin efectos suspensivos. Transcurrido el plazo indicado, el juez podrá hacer una valoración de los alegatos y las pruebas aportadas, para mantener, modificar o revocar la medida cautelar anticipada y provisional.

Concedida la medida cautelar anticipada y provisional, el Ministerio Público, deberá en el plazo de un mes interponer la denuncia respectiva. Este plazo correrá a partir del día de la notificación del auto que ordena la medida cautelar anticipada y provisional.

Ahora, en caso de que se quiera volver a conocer esta iniciativa en el Plenario, se deberá presentar un nuevo texto.

Pese a que los legisladores rechazaron el texto en segundo debate, aprobaron una moción de revisión con 24 respaldos, por lo que podrían volver a ver la votación por el fondo, lo que significaría un último "cartucho" u oportunidad del expediente.