Chaves y Fernández tachan de “conjeturas” cuestionamientos sobre decreto que modifica la UEI

Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, y Laura Fernández Delgado, ministra de la Presidencia, alegaron que el recurso de amparo que cuestiona el nuevo decreto de reglamento que regula la Unidad Especial de Intervención (UEI), adscrita al Ministerio de la Presidencia, se fundamenta sobre "conjeturas" u hechos futuros inciertos.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) planteó un recurso de amparo contra el decreto ejecutivo 44637-MP, firmado por Chaves y Fernández, publicado el 21 de noviembre en el diario oficial La Gaceta, y que oficializa una serie de ajustes en la operación del cuerpo policial al derogar un decreto existente desde julio de 2005.

Según el recurso, el decreto ejecutivo es una norma de menor rango dentro de la estructura jerárquica normativa y faculta al presidente, o a la ministra, a designar y remover a discreción al director, subdirector, jefe de operaciones y jefe del cuerpo de protección presidencial de la UEI.

Además, cuestiona que la concentración de la autorización de operativos en el presidente de la República (Chaves, en este caso) plantea preocupaciones desde la "perspectiva constitucional" ya que podría dar la concentración "excesiva" de poder y una vulneración al principio de legalidad, así como facilitar la eventual violación de derechos fundamentales o la limitación del control judicial.

En la respuesta brindada a la Sala Constitucional, Chaves y Fernández insistieron primero en que el mecanismo que ANEP debió usar la acción de inconstitucionalidad y no el recurso de amparo como mecanismo para advertir posibles vicios en el decreto ejecutivo señalado. De paso, enfatizaron en que no se han concretado lesiones o derechos con el decreto citado.

"Por otra parte, observa esta representación, que el recurrente fundamenta su recurso sobre una serie de hechos futuros e inciertos. Es decir, en relación con una serie conjeturas de una suerte de cosas que estima se podrían generar a partir del decreto 44637-MP. Sin embargo, son situaciones que no se han producido. Es decir, no se ha concretado algún tipo de lesión a algún derecho", insistieron Chaves y Fernández.

La UEI nació en 1982 en el contexto de la contrarrevolución de Nicaragua, durante la Administración Monge Álvarez (1982-1986), como una de las fuerzas especiales bajo tutela del Ministerio de la Presidencia. Se especializa en operaciones de alto riesgo contra actividades de terrorismo y narcotráfico. También, ofrece protección a jerarcas de los Supremos Poderes, funcionarios de gobierno o dignatarios extranjeros que visitan el país.

Históricamente ha colaborado con soporte táctico en allanamientos a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El texto del nuevo decreto, que deroga uno existente desde 2005, agrega y detalla que departamento de Operaciones de la UEI tiene como funciones planificar, supervisar y participar en los diferentes operativos policiales de alto riesgo, en los cuales se requiere de la del equipo policial.

Entre estos, se citan textualmente y se amplían a: allanamientos; vigilancias especiales por motivos de narcotráfico, terrorismo; operaciones encubiertas y de montaña. Protección a los miembros de los Supremos Poderes y dignatarios que estén visita oficial dentro del país, atender las acciones de violencia, fuga de reos; búsqueda y rescate de rehenes; persecuciones que sean espontáneas y generen un alto grado de violencia; colaborar en la detección y desactivación de explosivos; buscar y rescatar en caso de calamidad y/o conmoción pública, a personas y bienes en coordinación con grupos organizados de ayuda humanitaria.

Según el nuevo decreto, el departamento de Operaciones deberá estar conformado por las oficinas de Armería, Explosivos, Comunicaciones, transportes, Materiales Radioactivos, Inteligencia Táctica, oficina canina, anfibios, Tiradores de alta precisión (TAP o francotiradores), Operadores Tácticos, capacitación, Tecnologías de la Información y, se abre la puerta a crear "cualquier otra que requiera para el debido funcionamiento".

El decreto obliga a que los funcionarios del departamento de Operaciones acaten y ejecuten directrices (y órdenes) giradas por el propio presidente de la República (Rodrigo Chaves Robles, en la actualidad). Así lo define el artículo 9 del reglamento sobre las competencias y competencias del departamento de Operaciones de la UEI.

El artículo 9 del reglamento, que delimita las funciones y competencias del departamento de Operaciones, señala que esa oficina debe "acatar y ejecutar las directrices y órdenes emitidas por el director o subdirector general de la UEI, o en su defecto, las indicadas por el presidente (a) de la República y el ministro (a) de la Presidencia".

Además, según ese mismo artículo, esta oficina deberá "atender y resolver las solicitudes y consultas técnico-tácticas y administrativas" que sean presentadas por el presidente de la República, el jerarca del Ministerio de la Presidencia o las demás jerarquías de la UEI.

La Ley General de Policía 7410 faculta a la UEI la posibilidad de participar como apoyo táctico en operativos y allanamientos efectuados por el OIJ. Sin embargo, tanto el decreto de 2005 como el de 2024, señalan que el presidente de la República deberá brindar toda autorización a la unidad para participar en operativos de la policía judicial o del Ministerio Público acorde con lo dispuestos en la Ley General de Policía.

"(…) para obtener la intervención de ese cuerpo policial, debe existir una solicitud previa de colaboración por parte del OIJ o del Ministerio Público, en la que conste la necesidad de una operación policial de alto riesgo. Posteriormente, una vez analizada la gestión y cumplido con los procedimientos internos se procederá a informar al presidente de la República para obtener o no, la autorización para tal intervención. No existe en este decreto injerencia en las labores del Poder Judicial ni quebranto del principio de legalidad ya que las labores son estrictamente de apoyo siempre bajo la autorización de la judicatura costarricense", alegaron los jerarcas de gobierno ante el tribunal, quienes enfatizaron en que la UEI no puede actuar de manera "oficiosa" en los operativos o allanamientos, sino que lo hace en "ánimo de colaboración".

Además, Chaves y Fernández defendieron la designación discrecional de las jefaturas de la UEI, pues recalcan que "son plazas de confianza" y que por esa naturaleza son de libre remoción en sintonía con la Ley General de Policía.

"El recurrente reclama que existe un aparente conflicto en cuanto a los rangos policiales. Sin embargo, el decreto en cuestión se acogió a lo estipulado en el artículo 66 de la Ley General de Policía, el cual textualmente expresa lo siguiente: (…) El Poder Ejecutivo determinará vía reglamento las escalas jerárquicas correspondientes, de acuerdo con las labores específicas de los cuerpos policiales que no pertenezcan al Ministerio de Seguridad Pública (…).

"De modo que no existe el conflicto planteado al ser un tema a la potestad otorgada en la ley de cita al Poder Ejecutivo. Es decir, no se produce una designación antojadiza de rangos como pretende denunciar el recurrente", alegaron los jerarcas de gobierno.

Albino Vargas Barrantes, secretario general de ANEP, dijo a crhoy.com que lo dicho por Chaves y Fernández constituye una "respuesta muy pobre".

"Sinceramente, de gran pobreza intelectual. El corazón de nuestro recurso de amparo es que las potestades legales de la UEI ya fueron dadas en la ley general de policía. Si ellos querían darle más potestades a la UEI, debían haber ido a la Asamblea Legislativa. Usted no podría arrogarse potestades de imperio, invadir las atribuciones del poder legislativo para desde el Ejecutivo cambiar una ley que ya estaba dada. El presidente (Chaves) y su ministra (Fernández) se extralimitaron con propósitos políticos, para nosotros, con propósito de incrementar el sesgo autoritario, represivo e intimidatorio que lleva este gobierno", comentó Vargas.

El dirigente señaló que el decreto del gobierno es como "tomar el Código de Trabajo y reformarlo por reglamento porque no le gusta".

"Una cosa parecida, de ese calibre, no se puede hacer porque todavía, a pesar de que a Chaves no le gusta, hay división de poderes", concluyó Vargas.

Potestad discrecional

El nuevo reglamento recalca que el director y el subdirector general de la UEI serán nombrados exclusivamente por el presidente de la República (Chaves). Un cambio relevante en comparación con el reglamento previo de 2005, el cual también daba la potestad de los nombramientos al ministro de la Presidencial.

Con el decreto nuevo se reforma el artículo 10 del decreto ejecutivo 41096-MP-SP, "Reglamento sobre grados policiales de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional y la Unidad Especial de Intervención", publicado el 3 de mayo de 2018, y se incluye la potestad para que el presidente de la República y el ministro de la Presidencia de manera discrecional puedan otorgar el rango policial correspondiente vía Acuerdo Ejecutivo según la urgencia y la necesidad que posea la institución, en aras de garantizar la continuidad del servicio público".

Artículo viejo

Artículo nuevo

El nuevo reglamento responde a la propuesta de reorganización de la UEI solicitada por Natalia Diaz Quintana, entonces ministra de la Presidencia, el 27 de octubre de 2023 y que respondió a un informe técnico remitido el 1° de noviembre de 2023 por el Ministerio de Justicia y Paz, cuyo jerarca es Gerald Campos Valverde, quien fue subdirector general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La "reorganización interna parcial" fue aprobada el 12 de diciembre de 2023 por el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) dirigido por la ministra Fernández Delgado, quien también ostenta el cargo de ministra de la Presidencia.