Chaves reconoció que sabía de vínculos de Celso Gamboa con el narco

El mandatario Rodrigo Chaves Robles admitió conocer sobre los aparentes negocios de narcotráfico de Celso Gamboa Sánchez, sin que ello derivara en acciones concretas desde el Ejecutivo que sean conocidas. Algunos de sus allegados también sabían.

Durante su programa televisivo del pasado miércoles, Chaves afirmó —de forma incorrecta— que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no había investigado a Gamboa, ignorando que una pesquisa conjunta está en curso desde hace meses con la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA).

Dijo no conocer al exmagistrado y exministro, pero aseguró que "todos lo sabíamos", al referirse a la captura de Celso Gamboa por vínculos con el tráfico internacional de drogas, tal como lo acusa el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

"Celso Gamboa, que por cierto a quien yo no conozco, nunca he hablado en mi vida, no he intercambiado ni un saludo y que no conocía. Eso es una confesión de parte: "qué difícil investigar a Celso Gamboa porque él tiene muchos amigos".

Don Randall, ¿le pagan para dejarse llevar por los amigos de Celso Gamboa? (…) ¿Usted no tiene las hormonas? Todos lo sabíamos", expresó durante su programa.

Con estas declaraciones, Chaves reconoció que conocía o al menos tenía una noción de los supuestos vínculos de Gamboa con el narcotráfico y sus negocios ilícitos. Pero no consta todavía la existencia de ninguna investigación al respecto.

Las declaraciones del exministro de Seguridad (2022-2023) y actual director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Jorge Torres, durante una audiencia legislativa este jueves, también sugieren que el gobernante fue informado o sospechaba de hechos delicados relacionados con Gamboa.

Torres reveló que el exmagistrado visitó su despacho entre finales de 2022 e inicios de 2023, acompañado por los narcotraficantes Jair (Pecueca) y Mario Estupiñán Montaño —detenidos por presunto lavado de dinero en el caso Piazza y con antecedentes de cárcel en suelo norteamericano—.

En esa reunión, los Estupiñán y Gamboa ofrecieron información para ubicar a Alejandro Arias Monge, alias Diablo, uno de los criminales más buscados en Costa Rica.

A cambio, pidieron levantar un retén policial en las cercanías de la residencia en Granadilla de Curridabat. Torres se negó a negociar. Uno de los hermanos Estupiñán hizo un comentario sobre la ubicación de los familiares del exministro, lo que este interpretó como una amenaza.

Tras la reunión, Torres pidió a los visitantes abandonar su oficina y luego remitió una carta al mandatario Chaves solicitando protección para él y su familia, mediante agentes de la Unidad Especial de Intervención (UEI).

Durante una comparecencia en la Asamblea Legislativa el jueves, el exjerarca confirmó que dio aviso al mandatario. A continuación parte de la declaración ante cuestionamientos del diputado Ariel Robles.

“¿Reportó usted esta reunión que tuvo con don Celso y con dos personas más que le acompañaban, al presidente de la República?”, preguntó Robles.

“Sí, señor”, respondió Torres.

“¿Mediante oficio?”, insistió el legislador.

“No, presencial”, contestó el director de la DIS.

Luego, fuera de la comparecencia, Torres confirmó que Chaves le indicó alejarse de Gamboa:

“Únicamente le informé y él me dijo no se le acerque más a este señor, y ya no lo volví a recibir”, aseguró en declaraciones publicadas por Diario Extra.

También explicó por qué consideró necesario comunicárselo al mandatario.

"Porque Celso es una figura mediática, ocupó un cargo muy importante y yo creo que no hago nada sin informarle al presidente", añadió Torres.

A esta cadena de hechos se suma una advertencia del director del OIJ, Randall Zúñiga, quien dio a conocer sobre vínculos directos entre Celso Gamboa y figuras muy cercanas a Rodrigo Chaves.

"Hay más de un asesor y exministro que tiene una relación no cercana, sino directa con Celso Gamboa. Incluso un actual ministro le decía «jefe»", confirmó el jefe policial.

Adicionalmente, el director del OIJ señaló por la notable ausencia de investigaciones desde el Poder Ejecutivo contra Gamboa. 

"(Chaves) habla mucho, pero no se ve acción. En 3 años, él ha tenido a la PCD y, sin embargo, no se ve ninguna investigación contra Celso Gamboa.

Mientras que el OIJ hizo todo el esfuerzo para que esta persona estuviera en detención y extradición. 

La PCD es una policía solo enfocada en combatir el tema de drogas, ya que tiene el Gobierno tiene tanta cercanía con la DEA, ¿cómo no concretaron nada. En los 2 años que tenemos, ya logramos concretar algo contra Celso Gamboa. 

Esto no es una crítica a los compañeros de la PCD, con quienes trabajamos y que hacen un esfuerzo, sino que es una respuesta a lo que Chaves dijo", añadió el jefe del Organismo.

CR Hoy consultó abiertamente al ministro de Seguridad, Mario Zamora Cordero, sobre qué investigaciones ha abierto el Gobierno contra Gamboa. Zamora enmudeció y se limitó a responder vía mensaje de texto:

"Esa es información de naturaleza confidencial", dijo en una corta respuesta.

Otro nexo no menor es que Celso Gamboa fue abogado defensor de Federico Cruz Saravanja, alias Choreco, exasesor presidencial e íntimo amigo de Chaves durante los primeros meses de su mandato.

El mandatario enfrenta una acusación penal por presuntamente presionar a un empresario para que transfiriera $32 mil a Choreco, en un caso que podría derivar en juicio por el delito de concusión.

Facilidades del gobierno

Como reveló CR Hoy, Gamboa también aseguró a dos de sus socios narcos que el gobierno de Chaves le permitía ingresar cargamentos de cocaína a Costa Rica.

En una reunión grabada por autoridades policiales en setiembre de 2023, el exmagistrado alardeó de sus cargos pasados —comisionado antidrogas, director de Inteligencia y ministro de Seguridad— y afirmó que podía introducir droga por el Caribe o el Pacífico, gracias a ayuda gubernamental.

La grabación, obtenida por la DEA, fue parte de la solicitud de extradición revelada por este medio. Aunque aún no se han identificado a todos los colaboradores gubernamentales, el expediente señala que Gamboa aseguraba tener el control de las rutas de ingreso de cocaína al país.

Lo que sí está documentado es que mantuvo relaciones cercanas con figuras clave del actual gabinete, como Mario Zamora Cordero, su superior jerárquico cuando fue viceministro de Seguridad en el gobierno de Laura Chinchilla y más tarde en la DIS.

Fue en setiembre de 2023 —ya con Zamora como ministro— cuando Gamboa afirmó contar con respaldo oficial para introducir droga a Costa Rica.

Además, Celso Gamboa utilizó declaraciones del actual viceministro de Seguridad, Manuel Jiménez Steller, para sustentar la defensa de uno de sus clientes acusados por narcotráfico, Alejandro James Wilson, alias Turesky.

En el expediente, Gamboa incorporó afirmaciones de Jiménez que sostenían que muchos cargamentos de droga se contaminan fuera del país, no en los puertos costarricenses.

Jiménez, exfiscal de Limón, ha reiterado esa versión públicamente al menos en tres ocasiones. Esta tesis ha sido usada por Gamboa para tratar debilitar los cargos contra Turesky, al alegar que los contenedores no fueron contaminados en suelo nacional.

Esta coincidencia de criterios y algunas medidas tomadas por el actual gobierno han generado dudas sobre su papel en la estrategia de seguridad del gobierno, especialmente cuando Costa Rica figura como punto clave del tráfico de cocaína hacia Europa.

Las decisiones operativas de Jiménez también han sido cuestionadas. Durante su gestión, ordenó el cierre del puesto policial en Sixaola —zona estratégica en el Caribe sur para el ingreso de droga— y trasladó un grupo élite del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) de Bahía Drake a Quepos, debilitando la cobertura en una región crítica.

Además, reubicó la Academia de Guardacostas tierra adentro, en Pococí, dificultando la formación técnica de nuevos oficiales.

Estas acciones alimentan las sospechas en medio de la investigación internacional que señala a Gamboa como presunto coordinador de una red de tráfico de cocaína con tentáculos en Colombia, México y Estados Unidos.

Tanto Gamboa como Jiménez Steller compartieron trayectorias paralelas como fiscales en Limón y como altos funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública.

En el pasado reciente, Jiménez también fue investigado disciplinariamente por supuestas conversaciones con personas en apariencia relacionadas con hechos ilícitos.