Chaves reclutó como asesor a abogado de CNE con rol clave en decreto sobre aeropuerto de Liberia

Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, reclutó como jefe de asesoría jurídica de su despacho a un abogado de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) que, 7 meses antes, fue clave en la propuesta y formulación de un decreto que permitió incluir al cantón de Liberia en la declaratoria de emergencia, con el objetivo de destinar recursos a la reparación de la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós (AIDOQ).

El funcionario de la CNE, Eduardo Castro Mora, pasó a formar parte del equipo de Chaves como asesor legal en Casa Presidencial, luego de impulsar la firma de ese decreto y en medio de los cuestionamientos por la forma en que se ejecutó esa disposición del mandatario, pues existían informes técnicos que descartaban que la pista se hubiera dañado por efectos de las dos ondas tropicales y la tormenta Bonnie, ocurridas en junio de 2023, como se argumentó en el decreto.

Castro Mora ha ostentado la plaza de jefe de asesoría legal de la CNE durante varios años, pero desde febrero de 2024 pasó a las filas del despacho del mandatario.

La firma de la ampliación del decreto ejecutivo por parte de Chaves, gestado por Mora desde la CNE, según el expediente de la contratación, abrió la puerta al gobierno para tomar $39,9 millones del Fondo Nacional de Emergencias y destinarlos a la terminal aérea de Guanacaste, sin necesidad de un refrendo de la Contraloría General de la República (CGR), es decir, sin control previo.

Las presuntas irregularidades que son investigadas por el Ministerio Público en el expediente 24-000454-1218-PE surgieron luego de que se determinara que no existió un nexo causal entre los eventos meteorológicos y los daños posteriores en la estructura de aterrizaje.

La reparación de la pista fue adjudicada a la empresa Constructora MECO S. A., que ganó una licitación por contratación excepcional, pese a que existía una propuesta más barata por parte de la empresa Pedregal.

Mora Castro fue parte del equipo que participó en junio del 2023 en la discusión para incluir a Liberia como zona afectada por los desastres naturales que golpearon a la Zona Norte del país en esa época.

El acta 06-06-2023, de la Sesión Extraordinaria del 20 de junio del 2023 de la junta directiva de la CNE, acredita que el abogado y entonces jefe de la asesoría legal de la CNE fue uno de los que insistió en que ese cantón guanacaste debía incorporarse a los que resultaron con daños severos por las tormentas.

"(…) de la valoración que hace la Comisión Nacional de Emergencias se logra determinar que además de la afectación que está planteando el Ministerio de Obras Públicas y por mediación de acción civil, hubo una serie de afectaciones a la población, lo que podría justificar una ampliación del decreto para efectos de incluir al Cantón de Liberia en el Decreto de Emergencia", expuso el funcionario, en esa sesión.

Mora agregó que la propuesta de acuerdo sometida a valoración de los miembros de la junta directiva cubría "la totalidad de los elementos técnicos requeridos y Jurídicos para poder recomendarle al poder ejecutivo la aplicación del Decreto".

Uno de los que reforzó esa posición de la injerencia del abogado al momento de tomar la decisión de meter a Liberia en el decreto fue el exministro del MOPT Luis Amador Jiménez, quien en su declaración ante la Fiscalía General confesó la intervención del funcionario junto a su entonces jefe, Alejandro Picado Eduarte, presidente ejecutivo de la CNE.

"En dicha acta consta que quienes intervinieron reiteradamente para solicitar a la junta directiva que recomendaran ampliar el Decreto de Emergencia fueron nada menos que Alejandro Picado Eduarte (Presidente de la CNE) y Eduardo Mora Castro (entonces asesor legal de la CNE, y curiosamente ahora asesor legal del Presidente de la República), y no así mi persona", dijo.

Precisamente, mediante el oficio CNE-JD-CA-091-2023, del 20 de junio de 2023, se comunicó al presidente Rodrigo Chaves Robles el acuerdo 091-06-2023, tomado por la junta directiva de la CNE, en el que se recomendaba al Poder Ejecutivo la ampliación del Decreto Ejecutivo 43626-MP para incluir al cantón de Liberia en la declaratoria de emergencia nacional por las lluvias.

Según la declaración adjunta al expediente, el 4 de julio de 2023, Mora Castro — aun en su condición de jefe de la Unidad de Asesoría Legal de la CNE— emitió el criterio legal CNE-UAL-OF-0217-2023, mediante el cual concluyó que la inclusión del aeropuerto en el Plan de Emergencia del decreto no constituía una inclusión “extemporánea”, otorgando así respaldo legal y técnico a la decisión adoptada.

"(…) se debe de aplicar el plazo de dos meses para que las instituciones hagan el reporte de sus afectaciones para ese cantón, de conformidad con el artículo 38 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos número 8488. Por lo que los reportes que se efectúen para ese cantón no son considerados inclusiones extemporáneas, siempre que se realicen en el plazo señalado", argumentó.

Posteriormente, a inicios de 2024, trascendieron las presuntas irregularidades en el manejo que se le dio a la contratación y a los argumentos previos que se utilizaron.

El 15 de febrero de 2024, el presidente Chaves solicitó a Mora Castro asumir la jefatura de Asesoría Jurídica de Casa Presidencial. Tan solo un mes después, el mandatario destituyó a Luis Amador del cargo de ministro, endosándole la responsabilidad de lo ocurrido con el decreto de emergencia que él mismo había firmado.

Ese mismo año, el 6 de septiembre, ya como asesor de Chaves, el abogado se reunió con otros asesores de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y personeros de MECO. En dicha reunión —según consta en el expediente— se ejerció presión para que la Unidad Ejecutora del proyecto de reparación del Oduber confeccionara la orden de modificación del contrato, documento que formalizaría la propuesta de ingeniería de valor.

"Entre el 10 de setiembre y 13 de setiembre se realizó la modificación por parte de la Unidad Ejecutora, donde se realizaron solicitudes a la empresa Meco en vista de que no se habían presentado las memorias de cálculos, además observaciones en el sentido que tendrían que pagarse los trabajos realizados que no se deberían pagar al no cumplir con las especificaciones solicitadas", dice el documento.

Nueva prueba

Este jueves 29 de mayo, el diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio (FA), presentó ante la Fiscalía General de la República una copia certificada de las actas de la Comisión de Infraestructura como prueba en los expedientes 24-000030-1218-PE y 24-000454-1218-PE, en los cuales figura como imputado el presidente Rodrigo Chaves, junto con otras 15 personas, entre ellas los exministros Mauricio Batalla y Luis Amador, así como el presidente de la CNE, Alejandro Picado.

"En dichas sesiones de la comisión se recibió en audiencia a varias personas relacionadas con el caso del Aeropuerto Daniel Oduber, brindando sus declaraciones bajo fe de juramento y constando en las actas respectivas de la sesión.

Espero que su contenido resulte de utilidad en la búsqueda de la justicia y la verdad real de los hechos, para que quienes han atentado contra las normas que rigen la función pública, así como el carácter ético y de servicio que la caracteriza, se hagan responsables de sus actos", detalló Ortega en la documentación que facilitó.