Chaves ataca a magistrados que recomendaron levantarle la inmunidad
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, usó un espacio frente los diputados para atacar a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que le recomendaron al Congreso el levantamiento del fuero de improcedibilidad o inmunidad a su persona por la acusación penal por presunta concusión en el caso BCIE-Cariñitos.
Este descargo lo externo durante la audiencia en la Comisión Especial que analiza el levantamiento del fuero presidencial, y del ministro Jorge Rodríguez, en la Asamblea Legislativa.
"Me avergüenza la liviandad tan antipatriótica de 15 magistrados que por línea política, por orden superior, por formación de un grupo, que le podríamos decir el partido del Poder Judicial, ni siquiera se molestaron es pedir la información correspondiente, ni siquiera hicieron una lectura crítica y le pasaron a la Asamblea Legislativa lo que es una responsabilidad histórica de una semilla de vergüenza nacional que la Corte Plena nunca debió", expresó el mandatario.
La Comisión Especial dispone de un plazo de 20 días —con una única prórroga posible— para presentar al Plenario un informe con recomendación sobre si debe levantarse o no la inmunidad presidencial. Para que se apruebe el retiro del fuero, se requiere una mayoría calificada de 38 votos en la Asamblea Legislativa.
Cabe señalar que, el pasado 8 de agosto, en el mismo foro legislativo, el fiscal general Carlo Díaz afirmó ante los diputados que sí existen pruebas documentales, audios y testimonio que sustentan la acusación por concusión contra Chaves.
¿Qué se investiga?
La fiscalía general presentó la acusación correspondiente al expediente 25-000019-0033-PE, en el cual se investigó la contratación, aparentemente a la medida, de la empresa RMC La Productora S. A., con el fin de que brindara servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de tendencias de opinión para la Presidencia de la República de Costa Rica, durante el período 2022-2026.
En la documentación se señala al presidente de la República, Chaves Robles, y exjefe de su despacho, Rodríguez Vives, como responsables de la comisión del delito de concusión, previsto en el artículo 355 del Código Procesal Penal.
Este delito sanciona con penas de 2 a 8 años "al funcionario público que, abusando de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial".
Según la acusación, el contrato con el BCIE, con el que financiaron gastos de imagen en Casa Presidencial, benefició a la empresa del productor Bulgarelli, quien realizó una consultoría de comunicación entre octubre de 2022 y agosto de 2023, por un monto de $400 mil.
