Chaves amenazó a jerarcas del BID con retirar al país si no se entregaba contrato a Tradeco, cita testigo
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, amenazó con sacar a Costa Rica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) si no se adjudicaba a la empresa mexicana Tradeco la obra de construcción de la ruta 1 Barranca-Limonal, según se desprende de la declaración como testigo que brindó a la Fiscalía General el exministro del MOPT, Luis Amador, el pasado 11 de junio.
Esto dice el relato de Amador del cual tiene copia CR Hoy:
A finales del 2022, el presidente (Rodrigo Chaves) estaba llamando a la gente del BID para decirles que él quería que a Tradeco se le asignara el contrato. Esto fue telefónicamente, diciéndoles que Costa Rica iba a salirse del BID si no se le asignaba el contrato a Tradeco. Yo estuve presente cuando llamó a Isabel Granada y a Francisco Javier Urra, quien era el jefe de operaciones. En dos ocasiones después de las llamadas, el BID se reunió presencialmente con el presidente.
Debido a que el BID dijo que a Tradeco no le daba la capacidad financiera, el presidente furioso los llama diciéndoles que le tenía que dar. Debido a esto se hizo una reunión en la que estaban todos, Hernán Solís, Roberto Acosta Mora, Francisco Javier Urra del BID y otras personas más, de Tradeco estaba Yves, no recuerdo si Jaime estuvo.
El presidente exigió gritando y golpeando la mesa, decía que le tenía que dar a Tradeco, refiriéndose a que la valoración del BID tenía que salir positiva. La gente del BID le dijo que iban a revisar qué se podía hacer y que iban a regresar con una propuesta. Pocos días después, igual a finales del 2022, el BID cambia de criterio y pide garantías. Tradeco quiso hacer ver que parte de la capacidad de ellos, era haber construido la cárcel de El Salvador y que quería que esto fuera considerado por el BID, dijo Amador a la Fiscalía.
Francisco Javier Urra, mencionado en el relato de Luis Amador, es el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Costa Rica. Isabel Granada también es funcionaria en la misma entidad. Amador dijo al Ministerio Público que las reuniones se realizaban en la Casa Presidencial, en Zapote.
Por el caso Tradeco-Barranca-Limonal, la Fiscalía General tiene abierto un expediente penal desde inicios de 2024. La investigación está relacionada con aparentes presiones de Chaves y Batalla para que la Unidad Ejecutora a cargo de la obra en Barranca-Limonal y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), financista del proyecto, aprobaran que el contrato, valorado originalmente en $182 millones, pasara del consorcio Estrella-H Solís, el cual inició la obra, a la mexicana Tradeco.
El plan vial recibió su orden de inicio en agosto de 2020, sin embargo, quedó en el aire en agosto de 2023, periodo en que el consorcio H. Solís-Estrella, solicitó el finiquito de la obra.
La compañía alegó problemas en diseños y expropiaciones, los cuales impidieron avanzar con normalidad el proyecto. Mientras tanto, las autoridades del MOPT indicaron que el consorcio privado abandonó el desarrollo de las obras.
La iniciativa quedó con un avance de apenas el 18% y se utilizaron $34 millones para efectuar ese pequeño porcentaje.
La Asamblea Legislativa aprobó en octubre de 2024 un empréstito de $270 millones correspondientes del Fondo de Avales, de los cuales $220 millones irán destinados para Barranca-Limonal.
INS y Banco Nacional dijeron "No"
En enero de 2025, el Conavi abrió la licitación del proyecto para la conclusión de la carretera entre Barranca-Limonal en ₡135.068 millones.
El BID exigía una garantía de cumplimiento de $18 millones, entonces el presidente llamó del celular de él, a Alejando Acón del Banco Nacional, y le dice que necesita que le ayude para que a Tradeco tenga una póliza por el monto para garantía de cumplimiento, el banco dijo que no se podía porque la empresa no tenía la capacidad financiera para la garantía de cumplimiento que se requería.
Yves Loustalot Laclette, le dice al presidente en una reunión en la que yo estuve, que hay otra opción que podía ser con el INS a través de una póliza de caución para Tradeco, el presidente llamó a Mónica y la pone en altavoz, ella dice que le envíen los documentos para analizar, sin embargo, igual no le daba a la empresa. Pasaron unos días, Mónica le dijo al presidente que no era procedente la póliza de caución, ella le dice que había una forma si ellos daban un 10% (colateral o efectivo), le advirtió que la Junta Directiva del INS tenía que aprobarlo. Tanto Mónica como yo hablamos y concluimos que a la empresa no le daba por ninguna parte. La Junta Directiva del INS dijo que no se aprobaba la póliza de caución. Luego de todo esto se hizo una comisión de resolución de conflictos para finiquitar con el consorcio H Solís-La Estrella, con el fin de determinar lo que se debía pagar a la empresa, aseguró Amador a la Fiscalía.
Yves Loustalot Laclette es el vicepresidente ejecutivo de Grupo Tradeco, empresa a la cual Chaves quería entregar el contrato para la construcción del tramo Barranca-Limonal y que cuenta con serios cuestionamientos en varios países. Incluso, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) advirtió al presidente Chaves de supuestos vínculos con el narcotráfico, aseguró Amador.
La expresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), Mónica Araya, testigo también en esta investigación señaló que hubo presiones del presidente Chaves para entregarle una póliza de cumplimiento a Tradeco.
CRHoy localizó a Araya; sin embargo, la exjerarca prefirió no profundizar en el tema.
"Prefiero no dar declaraciones en este momento, ya que el asunto corresponde a un expediente judicial en investigación. Confío en que las autoridades harán su trabajo con objetividad y dentro del marco legal, y por supuesto, colaboraré plenamente con lo que la investigación requiera", comentó.
Amador identificó a otra de las personas en las reuniones con Tradeco, se trata del abogado costarricense Randall Chuken.
El exministro del MOPT de la actual administración y candidato a la presidencia por el Partido Integración Nacional (PIN), Luis Amador, aseguró al Ministerio Público que "recuerdo al presidente dándole órdenes a Randall Chuken".
Chuken es un abogado mencionado en el informe 072-OECDO-SECDO1-S-2025, elaborado por la Sección contra el Crimen Organizado del OIJ en marzo del 2025. El mismo cita a Chuken como una persona de interés para la investigación del caso Barranca-Limonal-Tradeco.
En una ilustración tipo organigrama se muestra una supuesta "relación" entre Chuken y el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles. En el mismo documento aparece otro de los imputados en este caso, el exministro del MOPT, Mauricio Batalla Otárola; y el ahora testigo Luis Amador. También se menciona como miembro del grupo Tradeco a Yves Loustalot Laclette Macías, vicepresidente ejecutivo.