Célula de Diablo que había reclutado tráficos deberá pagar ₡47 millones por daños y costas

La célula de la organización criminal de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, que fue sentenciada a 321 años de cárcel por narcotráfico, homicidio y otros delitos, también deberá pagar cerca de ₡47 millones por concepto de daño social y costas personales.

Así se desprende del fallo emitido por el Tribunal Penal de San Carlos, en manos de CR Hoy. Los jueces Bolaños Villalobos, López Arias y Blanco González acogieron la acción civil resarcitoria interpuesta por la Procuraduría General de la República contra cuatro demandados civiles, miembros de la banda que fungían como funcionarios públicos.

En total, los cuatro sujetos deberán pagar ₡39 millones por concepto de daño social, distribuidos en montos que oscilan entre los ₡5 millones y los ₡12 millones.

Por concepto de costas personales, se condenó a los imputados a pagar un total de ₡7,8 millones, con montos individualizados entre ₡1 millón y ₡2,4 millones. Las sumas devengarán intereses conforme al tipo legal desde la firmeza de la sentencia hasta su efectivo pago.

Además, todo el dinero que la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confiscaron a la estructura criminal pasará a manos del Estado, al ordenarse el comiso en favor del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

En la sentencia también se ordenó el comiso de dos armas de fuego calibre 9 milímetros que habían sido confiscadas a dos miembros del grupo. El Tribunal ordenó extender la prisión preventiva por ocho meses más, hasta el 2 de enero de 2026, contra los sentenciados a penas de cárcel.

Fuerte condena

Diez miembros de esta célula criminal, que operaba bajo el alias Diablo —el criminal más buscado de Costa Rica, por quien el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 500 mil dólares—, fueron sentenciados este lunes a un total de 321 años de prisión.

Además, se ordenó la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un plazo de 12 años contra todos los funcionarios públicos condenados, excepto uno de los implicados, de apellido Ulate Vásquez, quien fue sentenciado a un año de cárcel reconvertidos a cuatro con ejecución condicional de la pena, más únicamente tres años de impedimento para volver a trabajar en el Estado.

Se trata de una agrupación conformada por oficiales de la Policía de Tránsito en La Fortuna, así como otros funcionarios vinculados con homicidios, portación y venta ilegal de armas, asociación ilícita, y delitos relacionados con distribución, comercio, transporte, almacenamiento y venta de drogas.

Un enfermero de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y otro funcionario del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) también fueron acusados penalmente, al igual que oficiales de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

La célula de la organización criminal de Diablo operaba en la Zona Norte y estaba compuesta por al menos 16 miembros que fueron detenidos en diciembre de 2023. Utilizaban al menos dos centros turísticos para almacenar droga y esconderse.

En su "catálogo" tenían cocaína, marihuana y la droga conocida como MDMA, éxtasis o XTC. Según la Fiscalía, como parte de sus actividades ilícitas, el grupo también cometió el homicidio de Erick Vallejos Rodríguez, ocurrido el 17 de mayo en Santa Gertrudis de Grecia, Alajuela.

También se les imputa el presunto delito de posesión y comercialización de armas. En la causa se acusó además el delito de peculado de uso, ya que, al parecer, oficiales de Tránsito de La Fortuna hicieron uso indebido de los equipos oficiales asignados para apoyar a este grupo narco.

A mediados de enero, seis de los sospechosos se sometieron a un proceso abreviado, un procedimiento especial mediante el cual los acusados aceptan los hechos que se les imputan a cambio de una pena reducida, con el fin de evitar el largo juicio al que fueron sometidos los demás.

Los acusados de apellidos Badilla Elizondo, Sancho Méndez, Ruiz Delgadillo, Salas Marín, Chiroldes Vargas y Carvajal Molina aceptaron las penas al inicio del juicio. Todos eran imputados por delitos de infracción a la Ley de Estupefacientes, asociación ilícita, y portación y tenencia de armas de fuego.

Cinco de ellos acordaron penas de siete años de cárcel cada uno, mientras que el sexto negoció seis años y medio de prisión con el Ministerio Público.

Gran operación

La Fiscalía presume que era alias Diablo quien giraba órdenes a otros integrantes de la agrupación con la finalidad de asegurar la comercialización de la droga y obtener las ganancias ilícitas, en colaboración con uno de los hoy acusados quien actuaba como cabecilla, quien planificó y dirigió las acciones del negocio, además de contar con hombres de confianza.

Los colaboradores de la empresa criminal se dedicaban a diferentes tareas, como distribución y cobro de dineros producto de la venta de drogas, realizar pagos, identificar nuevos puntos de comercialización y reclutar vendedores a cargo de la entrega directa de los estupefacientes a los compradores.

Según la Fiscalía, los integrantes de la agrupación fungían como socios comerciales y uno de ellos había facilitado la finca "El Encanto" en Coopevega de Cutris, una propiedad ubicada estratégicamente a la par del río San Carlos, que les permitía ocultar y almacenar las drogas.

Esta finca también funcionó como residencia de varios integrantes de la agrupación criminal, donde no solo vivían, sino que también almacenaban y ocultaban armas de fuego, dinero y cualquier otro activo, proveniente de la narco actividad.

Por ejemplo, en una ocasión los sospechosos tenían almacenados allí 20 paquetes de marihuana, resguardados con al menos 2 pistolas calibre 9 mm con sus municiones.

Otro de los lugares utilizados por la banda para trasegar drogas, era el centro Turístico Los Tucanes, en el Castillo de Peñas Blancas de San Ramón.

Según el Ministerio Público, varios integrantes de la agrupación se presentaron allí para tomar 20 paquetes de marihuana para transportarlos hasta la otra propiedad de "El Encanto", en Cutris. Esto ocurrió en julio del 2022.

Ellos fueron sorprendidos en Muelle de San Carlos por la Dirección de Inteligencia Policial de la Fuerza Pública, donde se les decomisó la marihuana. Otras comunidades donde operaron fue en Cerro Cortés de Aguas Zarcas y Guatuso.

La organización criminal tenía unos imputados encargados de llevar el control de las cuentas de los clientes, uno ordenaba pagos y el otro los ejecutaba, otro transportaba armas, droga y mantenía controles de los vehículos de la agrupación, que además eran alquilados para ser utilizados como taxis informales.

La investigación arrojó que los oficiales de policía que conformaban la agrupación criminal, brindó información sobre la presencia policial en las zonas donde tenían inconvenientes entre los vendedores de droga. Además, habrían prestado sus propiedades para guardar el producto ilícito.

Gracias a seguimientos, vigilancias e inclusive ventas controladas a informantes policiales, el OIJ consiguió consolidar la investigación contra esta agrupación.

Las autoridades judiciales incorporaron al expediente al menos 3 denuncias, diferentes reportes confidenciales brindados al OIJ de La Fortuna y al OIJ de San Carlos, bitácoras de rastreos, informes de transacciones bancarias, reportes al 9-1-1, múltiples oficios y dictámenes policiales, así como actas de allanamientos, contenidos de teléfonos abiertos e inspecciones de llamadas intervenidas, como parte de las 134 evidencias contra la célula de alias Diablo.