Celso, Pecho de Rata y Gato acumulan 6 causas penales que deberán resolver antes de extradición
Fiscalía ya analiza si puede prescindir de causas contra Celso Gamboa para agilizar su extradición
La extradición aprobada por el Tribunal Penal de San José para enviar a Estados Unidos al exministro Celso Gamboa Sánchez, al exconvicto Edwin Danney López Vega, alias "Pecho de Rata", y a Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro, alias "Gato", es diferida.
Es decir, no serán entregados hasta que se resuelvan las causas penales que enfrentan en Costa Rica, según lo determina el fallo del juez que tramitó la petición y cuya resolución se emitió este martes.
Gamboa aún tiene tres procesos pendientes con la justicia costarricense. El primero es el juicio en curso por el delito de uso de documento falso y falsificación de documentos. El debate oral y público fue suspendido este martes y reprogramado para finales de semana (expediente 19-000218-0622-TP).
Los otros dos procesos pendientes son: uno por el delito de tráfico de influencias, cuya audiencia preliminar está señalada para el 15 de diciembre de 2025 en el Juzgado Penal de Hacienda en Goicoechea (expediente 18-000075-0033-PE); y otro por cohecho propio, programado para el 30 de enero de 2026 (expediente 17-000015-033-PE).
Pecho de Rata enfrenta dos causas: una por legitimación de capitales, lista para juicio en el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de Limón, sede Bribrí, con señalamiento del 11 al 29 de mayo de 2026 (expediente 15-000026-1322-PE); y otra por lavado de activos (expediente 25-000036-1322-PE), tras una detención este año con gran cantidad de dinero en efectivo, actualmente en investigación.
Álvarez figura como imputado por blanqueo de dinero en el denominado caso Venus (expediente 23-000191-0042-PE), por el cual fue detenido días antes de la captura derivada de la solicitud de extradición.
Estas son las causas que deberán resolverse antes de que los tres sean entregados a Estados Unidos, ya sea porque el Ministerio Público desista de la acción penal o porque los procesos más avanzados concluyan con condena o absolución de los imputados.
"La extradición diferida ignifica que no solo don Celso, sino las otras personas requeridas por el Gobierno estadounidense van a tener que esperar los procesos aquí en Costa Rica para que una vez que se cumplan, ya sea que salgan absueltos o condenados, (finalmente) para ser trasladados de manera oficial a EE. UU.", detalló Michael Castillo, defensor de Celso.
El fiscal general de la República, Carlo Díaz, confirmó recientemente a CR Hoy que el Ministerio Público realiza un análisis jurídico exhaustivo para evaluar si pueden suspenderse o gestionarse pausas en las causas penales pendientes contra Gamboa, con el fin de agilizar su extradición.
"Respecto de este extraditable, nosotros estamos haciendo un análisis de la Ley de Extradición y la legislación nacional para determinar si podemos de alguna manera suspender o prescindir de la persecución penal.
Nuestro interés es que esta extradición se agilice lo más pronto posible", indicó el jefe fiscal.
Gamboa enfrenta actualmente tres procesos penales: uno en curso, otro programado para 2026 y una acusación en etapa preliminar, paso previo para decidir si el caso puede elevarse a juicio. El fiscal señaló que la posibilidad de remitir a Gamboa a EE. UU., incluso en caso de condena en Costa Rica, no está completamente descartada.
"Cabe la posibilidad, lo que tendríamos que ver incluso es el monto de la sentencia: si es una sentencia que tiene que descontar en un centro penitenciario cerrado o si es una sentencia que también se puede ejecutar mediante la ejecución condicional de la pena", manifestó Díaz.
Los tres son acusados por la Fiscalía del Distrito Este de Texas de asociación ilícita y distribución internacional de grandes cantidades de cocaína, tras investigaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA).
Permanecen bajo detención provisional hasta que se entreguen a Estados Unidos. De los procesos pendientes de Gamboa, uno surge de una denuncia que cuestiona su actuación en 2017 como magistrado de la Sala III, cuando presidió la sesión que desestimó la causa contra los exdiputados Otto Guevara Guth y Víctor Morales Zapata, señalados por tráfico de influencias a favor de Juan Carlos Bolaños, principal encausado en el caso Cementazo.
Gamboa también deberá afrontar en noviembre una audiencia preliminar en el Juzgado Penal de Goicoechea por otro expediente de tráfico de influencias, relacionado con hechos de 2018, cuando intentó frenar su destitución de la Corte Suprema de Justicia.
Según la acusación, los diputados del PAC Marco Vinicio Redondo y Marcela Guerrero recibieron llamadas y mensajes de Gamboa para que no asistieran al plenario e impedir el quórum requerido. Minutos antes de su destitución,
Gamboa ofreció renunciar "por las buenas", alegando que se marcharía a México a trabajar en Google como gerente de seguridad, versión desmentida públicamente por la empresa.
Los extraditables
Según el expediente de extradición —cuyos detalles CR Hoy reveló 24 horas después de las capturas—, la DEA perfila a Gamboa como coordinador regional del Cártel del Golfo, con nexos en Colombia, Panamá, Guatemala, Honduras y México.
También lo vincula con el Cártel de Sinaloa y el Clan del Golfo, con los que supuestamente coordinaba la compra de cocaína para almacenarla en Costa Rica y enviarla a Estados Unidos. En septiembre de 2023, Gamboa habría asegurado a dos informantes de la DEA que el gobierno le permitía introducir cocaína al país.
Pecho de Rata fue detenido primero y podría convertirse en el primer costarricense extraditado. Cumplió ocho años de prisión tras un decomiso de más de 300 kilos de cocaína. La DEA indica que utilizaba una finca en Sixaola para recibir aeronaves cargadas de droga, arrendada por la sociedad Hermanos López Tyndall, controlada por sus familiares.
Jonathan Álvarez Alfaro, de 46 años, es señalado por la DEA como líder de una organización narcotraficante que opera en Norte, Centro y Sudamérica desde 2008. Ganadero de profesión, coordinaba envíos de cocaína desde Costa Rica hacia Estados Unidos desde 2014, generando cerca de 1,2 millones de dólares en ganancias ilícitas.
En 2016, la policía interceptó un cargamento de 328 kilos de cocaína en San José, tras vigilancia basada en comunicaciones legales y testimonios de colaboradores. Al detener el vehículo, hallaron 149 kilos ocultos y arrestaron a los ocupantes, confirmando la participación de la organización en el tráfico internacional de drogas.