Celso Gamboa ha representado a 3 sospechosos de narcotráfico
En varios de los casos donde asumió defensas aparecen figuras políticas
(CRHoy.com) El exmagistrado y exministro de Seguridad, Celso Gamboa Sánchez, tiene entre quienes han sido sus clientes, a varios sujetos ligados con procesos que se mantienen en curso para la persecución del presunto delito de tráfico de drogas.
Supuestos criminales del calibre de James Wilson, conocido como el líder del caso Turesky y González Hernández, alias Pancho Villa, son solo dos de los sujetos a los que el abogado limonense representa legalmente en los procesos abiertos.
A ellos también se suma Alfaro Bustamante, alias "Press", a quien defendió en la causa por narcotráfico por la cual recibió una condena de 9 años en 2022, sin embargo, en el camino, el imputado decidió prescindir de sus servicios.
Desde que fue sancionado en la Corte y recibió la notificación de salida, Gamboa abrió su bufete de asistencia legal con sede en Limón, operando como defensor en diversos casos como los tres mencionados, los cuales han sido muy mediáticos por la opulencia de los hombres que hoy están detenidos.
Caso Turesky
En el 2018, tan solo un año después de haber dejado su puesto como magistrado en la Sala III del Poder Judicial, Gamboa asumió la defensa de James Wilson, en el caso que lleva la Fiscalía de Narcotráfico y Delitos Conexos en el expediente 18-000092-1219-PE.
James fue detenido ese año tras una megaoperación policial realizada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en la que llevaron a cabo 40 allanamientos para detener a la presunta organización delictiva en San José, Alajuela, Heredia y Limón.
Hace poco más de 2 años las autoridades capturaron a James y 22 personas más, tras señalarlas como responsables de orquestar la presunta exportación de cocaína a Europa desde Costa Rica. Asimismo, se les achaca el supuesto tráfico de esa droga desde el sur de América hasta el territorio nacional, donde la almacenaban hasta incluirla en contenedores de mercancías lícitas posteriormente enviados al extranjero.
El Organismo de Investigación atribuye a este grupo al menos tres cargamentos de estupefacientes incautados en 2020, el primero en Livorno, Italia (3,3 toneladas de cocaína) en contenedor con bananos, cuatro meses después, se decomisó otro contenedor con pulpa de piña contaminado con 1.862 kilogramos de la droga y el último en Bello Horizonte de Escazú, donde en un carro ubicaorn 10 kilos de esa misma droga.
También se les asocia con un semisumergible interceptado por el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos a inicios del año siguiente, en el que se llevaban 1.560 kilogramos de cocaína.
Durante los operativos, al clan se le incautaron ¢390.422.990 y $1.811.856 en efectivo.
El grupo además resaltó por las visitas que lograron al menos tres de sus miembros a la Asamblea Legislativa, así como a la Casa Presidencial.
Por este caso, el Ministerio Público confirmó este 4 de octubre que "se encuentra en la etapa final de investigación, a la espera de algunos informes que debe elaborar el OIJ".
Caso Pancho Villa
El otro caso de impacto mediático es el Pancho Villa, donde tiene a su cargo la representación del supuesto líder de la organización criminal, de apellido González, la cual es investigada bajo el expediente 19-000004-0822-PE, también en la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos.
Precisamente el pasado 19 de setiembre ese despacho del ente acusador informó que el Juzgado Penal, a cargo de ver el caso, autorizó apertura a juicio contra el sujeto y el resto de los supuestos miembros de la organización, luego de que se admitiera la prueba que presentaron contra los imputados.
"El despacho acusó los presuntos delitos de tráfico de drogas, legitimación de capitales, favorecimiento, procuración de la impunidad y asociación ilícita", indicó la fiscalía.
Entre diciembre del 2018 y abril del 2021, el presunto grupo criminal habría ingresado droga al país, por las zonas de Golfito, Puerto Jiménez y Zancudo, la cual, se cree que trasladaban en una vagoneta.
"Se presume que 2 investigadores judiciales asesoraban a la organización y escoltaban la droga, para ubicar a tiempo los retenes policiales. Se sospecha que el imputado de apellidos Chavarría Hernández, quien fungía como presidente municipal de Corredores, se encargaba de coordinar reuniones con el líder de la banda (González Hernández) y otras personas, para instaurar empresas que serían utilizadas para legitimar ganancias", puntualizó la fiscalía.
El cliente de Gamboa y presunto líder del grupo deberá sentarse en el banquillo para enfrentar señalamientos por la supuesta comisión de los delitos de tráfico de drogas, legitimación de capitales y asociación ilícita.
En esta causa también figuraban dos exagentes del OIJ y el presidente del Concejo Municipal de Corredores como imputados.
Press lo hizo a un lado
Alfaro Bustamante, conocido como "Press", fue otro de los clientes de Celso Gamboa, hasta que el limonense condenado a 9 años prisión por el delito de narcotráfico decidió apartarlo de la causa como su abogado.
Según contó una persona allegada al privado de libertad, que hoy goza de un beneficio carcelario que le permite estar libre con monitoreo, Gamboa le habría prometido que de llegar a juicio lograría con su estrategia que lo dejaran libre pese a las serias acusaciones que hizo la Fiscalía en su contra.
Finalmente, "Press" no aceptó la recomendación de su abogado y lo cambió para llegar a un acuerdo con las autoridades y aceptar la pena de prisión que termina de purgar el 15 de diciembre del 2027.
Tras esa condición, Alfaro, una vez que cumplió la mitad de la pena, solicitó acogerse al beneficio, el cual fue dictaminado a su favor por un juez de la república.
El hombre de 40 años había aceptado en setiembre del 2021 que lideró una organización que se dedicaba al tráfico internacional de droga, con centro de operaciones en Limón.
El grupo fue desarticulado tras varios allanamientos en diferentes puntos de Limón en febrero del 2019, posteriormente Gamboa acudió a los tribunales de Limón como representante de Alfaro.
Representante legal de Maduro en Costa Rica
Entre los clientes que en su momento fueron representados por el exmagistrado está nada menos que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Gamboa formuló una demanda penal, en representación de Maduro y la República Bolivariana de Venezuela, contra un grupo de ciudadanos nacidos en ese país pero nacionalizados costarricenses, que participaron en la toma de la embajada de esa nación en Costa Rica el 6 de marzo del 2019.
Pese a que en nuestro país Maduro no cuenta con expedientes o investigaciones oficialmente abiertas, el Departamento de Estado de Estados Unidos lo tiene entre sus objetivos de captura al señalarlo de liderar el Cartel de los Soles.
Maduro ayudó a administrar y, en última instancia, liderar el Cartel de los Soles, una organización narcotraficante venezolana compuesta por funcionarios venezolanos de alto rango, mientras ganaba poder en Venezuela en una conspiración narcoterrorista corrupta y violenta con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Maduro negoció envíos de varias toneladas de cocaína producida por las FARC; ordenó al Cartel de los Soles que proporcionara armas de grado militar a las FARC; durante su mandato como Ministro de Relaciones Exteriores coordinó los asuntos exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala; y solicitó asistencia de los líderes de las FARC para entrenar a un grupo de milicias no autorizadas que funcionaba, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas para el Cartel de los Soles.
Maduro fue acusado en una acusación federal del Distrito Sur de Nueva York de marzo de 2020 por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos y por eso Estados Unidos ofrece por él una recompensa de $15 millones.
Nota del Editor:
El reportaje fue actualizado el 5 de octubre, debido a que se consignó por error que el Instituto Nacional de Criminología había valorado positivamente la solicitud de beneficio condicional de la pena a favor de una de las personas mencionadas en el reportaje.
