Celso Gamboa es testigo en causa penal contra policías penitenciarios por supuesta tortura
extraditable fue trasladado bajo fuerte custodia a la Fiscalía Anticorrupción, en una causa que indaga presuntos abusos de autoridad y tortura en el Centro Nacional de Atención Específica
El exmagistrado, exministro y extraditable Celso Manuel Gamboa Sánchez figura como víctima y testigo en una investigación penal por presuntos abusos de autoridad cometidos por agentes penitenciarios. Esa es la razón por la cual fue trasladado a los Tribunales de San José este miércoles.
La indagación está a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) del Ministerio Público, luego de que "se denunciaran aparentes hechos de abuso de autoridad y presunta tortura", confirmó ese despacho judicial a CR Hoy.
Fapta únicamente precisó que como sospechosos figuran funcionarios de la Policía Penitenciaria, pero no brindó más detalles debido a que el caso permanece bajo investigación. El expediente se tramita bajo el número 25-000269-1218-PE.
Michael Castillo, uno de los abogados defensores de Gamboa, explicó que su cliente fue movilizado desde el módulo de máxima seguridad de La Reforma hacia el Primer Circuito Judicial de San José en condición de víctima y testigo de los supuestos malos tratos.
Por ello, el Ministerio Público coordinó su traslado hasta las oficinas de la Fiscalía Anticorrupción.
"La diligencia devenía de una remisión por parte de la Fiscalía que de oficio ha abierto una causa investigando presuntos actos de tortura e incumplimiento de deberes, así como abuso de autoridad por parte de distintos policías penitenciarios. Celso particularmente lo han citado en una condición de testigo y ofendido.
Dentro de los actos que investiga la Fiscalía de Probidad por tratarse de funcionarios públicos, han venido señalando que se pueden estar dando actos como altos tiempos de ayuno, casi 18 horas de ayuno para los privados que se encuentran en máxima seguridad, no tienen acceso a los medios de comunicación, no tienen acceso a implementos de estudio, no tienen comunicación con sus familias, el acceso a la comunicación que tienen con sus abogados es sumamente limitado", detalló el defensor.
Este último aspecto es uno de los principales puntos cuestionados. De acuerdo con Castillo, los abogados deben esperar hasta 18 horas para poder ingresar y conversar con sus clientes por un lapso de una hora.
Por ejemplo, si desean visitarlos un viernes, deben presentarse desde el jueves en la tarde para asegurarse un espacio.
También se investigan las condiciones sanitarias en el módulo de máxima seguridad, así como las horas y métodos en que los oficiales penitenciarios ejecutan las requisas de las celdas, lo que los defensores califican como actos de tortura.
La denuncia no fue presentada por Gamboa, sino que corresponde a una causa abierta de carácter general sobre la supuesta afectación de 78 privados de libertad recluidos en el Centro Nacional de Atención Específica, conocido popularmente como "máxima seguridad" o "alta contención".
Se prevé que otros reclusos también sean trasladados a la Fiscalía para exponer la situación. Sin embargo, debido a la complejidad del protocolo de seguridad que implica movilizar a Gamboa, se inició con él.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene reportes de alto riesgo en dos sentidos: una posible conspiración para rescatar y facilitar la fuga del exmagistrado, o bien, eventuales atentados contra su vida.
Por esa razón, se recurre al Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), el comando élite del OIJ, para asumir su custodia. Además, es trasladado en vehículos blindados conocidos como la Bestia, distintos de las tradicionales "perreras" usadas con otros sospechosos.
Los dispositivos de seguridad incluyen chalecos antibalas, capuchas protectoras y cascos balísticos. La denuncia estaría vinculada a un informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que alertó sobre posibles irregularidades en el régimen carcelario de alta contención.
Por su parte, el Ministerio de Justicia afirmó que no ha recibido notificación oficial de una denuncia como la mencionada.
"Podemos garantizar que trabajamos en el marco de lo que establece la ley y en total garantía de los derechos humanos", indicaron.
Celso Gamboa es requerido en extradición por Estados Unidos, producto de una acusación penal por cargos de asociación ilícita y distribución internacional de cocaína, perfilado por la Administración de Control de Drogas (DEA) como un cabecilla regional vinculado al Cartel del Golfo y el Cartel de Sinaloa de México, así como el Clan del Golfo de Colombia.