Ya sin inmunidad que lo proteja, Celso Gamboa Sánchez, magistrado suspendido de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, tendrá que dar la cara y enfrentar la justicia por una acusación de presunto tráfico de influencias en perjuicio de los deberes de la función pública.

El cuestionado magistrado se quedó este jueves sin el fuero que lo cubría, luego de que 45 diputados votaron a favor del informe de una comisión especial de la Asamblea Legislativa que recomendó quitarle la inmunidad.

Ninguno de los legisladores presentes votó en contra, aunque el congresista Otto Guevara, del Movimiento Libertario, se abstuvo de votar y perdió su dieta.

Once diputados no estuvieron presentes en la sesión. Ellos fueron: Emilia Molina, del Partido Acción Ciudadana (PAC), Óscar López, del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), y Ligia Fallas, del Frente Amplio.

Además, Aracelly Segura, Olivier Jiménez y Marta Arauz, del Partido Liberación Nacional (PLN), Abelino Esquivel y Gonzalo Ramírez, de Renovación Costarricense, así como Gerardo Vargas Rojas y Humberto Vargas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Celebran decisión

Minutos después de que el Plenario Legislativo dejó sin inmunidad a Gamboa, legisladores de todas las bancadas celebraron el acuerdo.

Ronny Monge, del Partido Liberación Nacional (PLN), calificó como "contundente" la decisión del Plenario en una votación pública.

"Cualquier persona, indistintamente del cargo que ostente, cuando hay elementos suficientes para iniciar un proceso, tiene que responder ante la justicia", dijo.

Patricia Mora, del Frente Amplio, aseguró que la decisión fue ejemplarizante y recordó que todos los costarricenses son iguales ante la ley y deben responder por sus actos.

El legislador Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana (ADC), declaró que el Congreso dio el paso correcto y manifestó que el caso de Gamboa tiene que llegar hasta sus últimas consecuencias.

Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), expresó su satisfacción porque la decisión fue prácticamente por unanimidad.

"Ojalá que Celso Gamboa acepte la decisión que ha tomado la Asamblea Legislativa sin ningún cuestionamiento", agregó.

El congresista Rafael Ortiz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), destacó que se siguió el debido proceso.

"Estoy muy satisfecho de que se tomara la decisión de que la votación fuera pública (…) Hoy la Asamblea Legislativa le cumple con su función al pueblo de Costa Rica", añadió.

Usó su cargo

Según el informe de la comisión especial del Congreso que recomendó levantar la inmunidad del magistrado, Gamboa, mientras fungía como subjefe del Ministerio Público, se valió de su puesto para obtener ventajas indebidas a favor de Johnny Araya, alcalde de San José.

Gamboa realizó gestiones en esa dirección entre el 25 de noviembre de 2015 y el 8 de enero de 2016, de acuerdo con el dictamen elaborado a partir de información que la Corte Plena envió a la Asamblea Legislativa.

"Implementó, en conjunto con otros funcionarios del Ministerio Público, una serie de gestiones encaminadas a eliminar toda referencia del señor Johnny Araya como imputado en la causa conocida en el expediente 12-00096-621-PE en el Sistema Informático de la Fiscalía de Probidad e incluso de la carátula del legajo antes mencionado", señala el documento que fue leído en el Plenario el martes anterior.

El magistrado de lo penal enfrentará ahora un proceso por esta causa en la Sala III.

Pero también pronto tendrá que pasar por otro procedimiento en la Asamblea Legislativa cuando se conozca la solicitud de la Corte Plena para destituirlo por el caso del cementazo.

La Corte acordó el 22 de febrero anterior pedirle al Congreso la revocatoria del nombramiento de Gamboa por el viaje que hizo a Panamá con el importador del cemento chino, Juan Carlos Bolaños, quien descuenta seis meses de prisión preventiva.