Celso Gamboa cuestiona que lo traten “como el narco de narcos” 

El exmagistrado y exministro Celso Gamboa Sánchez cuestionó los operativos realizados por la policía judicial para trasladarlo desde la cárcel, los tratos que recibe, la forma "publicitada" en que se efectuó su detención y la divulgación de la investigación que lleva en su contra la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Durante el juicio que se sigue contra el exfuncionario por un caso de tráfico de influencias ocurrido en 2017 —proceso distinto a la solicitud de extradición que enfrenta—, Gamboa se refirió a su situación actual y a los límites impuestos por los jueces a cargo del debate.

"El más interesado en que este juicio termine soy yo. He sido presentado ante el país como el narco de narcos. Mi traslado a este Segundo Circuito Judicial es casi que histórico. La forma en la que yo vengo acá, con los niveles y estándares de seguridad, son los más altos que yo he visto en los 30 años que casi trabajé para el Poder Judicial y no es una práctica dilatoria, jamás.

Es la primera vez durante las 2 semanas que tenemos, que me permiten hablar después de mi declaración indagatoria. Se ha dicho que por lo que tengo varios abogados, no puedo ejercer mi defensa material y yo reconozco eso en este tribunal.

Pero lo que más me preocupa, no es que no me dejen hablar, es que este ellos hayan dicho en una locución desafortunada por parte del presidente del Tribunal a la hora de rendir su informe que no estaban de acuerdo con la forma que se había interrogado a Natalia Rojas, me deja a mí mucho que desear.

Porque yo la voy a interrogar y voy a ser muy severo en el interrogatorio. Espero que los abogados sean severos en su interrogatorio. Incluso no me dejaron preguntar a mí directamente, como lo hice en el juicio pasado, pero esta circunstancia me hace dar por sentado, aunado a lo publicitado que ha sido mi detención con este tema de la DEA y con este tema de ser costarricense extraditable, me causa esa preocupación sobre la garantía de imparcialidad que yo merezco y que debe ser respetada por los tribunales de justicia", señaló Celso Gamboa.

El exmagistrado y exministro brindó declaraciones en defensa de la gestión presentada por su hermana y abogada, Natalia Gamboa, quien solicitó la separación de los jueces que actualmente están a cargo del juicio en el que se le acusa —junto con el exalcalde capitalino Johnny Araya Monge y la exfiscala subrogante Berenice Smith Bonilla— por el delito de tráfico de influencias.

Los equipos legales de los imputados presentaron una recusación contra los tres jueces del Tribunal Penal de Hacienda a cargo del debate. La recusación es un recurso legal que permite apartar a un juez cuando se presume que carece de imparcialidad o que no se encuentra en condiciones objetivas para conducir un proceso judicial.

La defensa tomó esta decisión luego de que los jueces revelaran que leyeron parte del veredicto del primer debate —realizado en 2021— contra Gamboa, Araya y Smith, así como la sentencia de apelación que anuló ese proceso. A partir de ese momento, los imputados y sus abogados refutaron la permanencia de los jueces al frente del juicio.

Otra tríada de juzgadores asumió el análisis de la solicitud de recusación y, en el proceso de escuchar los alegatos, se le concedió la palabra al extraditable. Gamboa aseguró que su interés no es obstaculizar el trámite del debate, sino garantizar que el proceso se lleve a cabo con jueces imparciales.

Según la defensa, al haber accedido a esa información, los jueces estarían "contaminados"; es decir, tendrían conocimiento previo de los hechos acusados, posturas sobre la investigación o valoraciones de fallos anteriores, lo que podría afectar su objetividad de cara a este nuevo juicio.

¿Por qué el despliegue de seguridad?

Gamboa Sánchez no solo es movilizado en un vehículo blindado para garantizar su seguridad, sino que también se le coloca un chaleco antibalas cada vez que ingresa o sale de los Tribunales de Goicoechea —donde enfrenta el juicio—, desde o hacia el centro penal La Reforma, donde permanece recluido.

El despliegue y las medidas adoptadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) son ante eventuales riesgos que puedan existir contra el exfuncionario. El fuerte contingente incluye varias patrullas, vehículos oficiales, motorizados y agentes altamente especializados para evitar cualquier incidente.

Las restricciones abarcan un perímetro de seguridad que impide la cercanía de personas durante el ingreso, egreso y permanencia del imputado en la sede judicial.

El operativo contempla también el uso de uno o dos vehículos fuertemente blindados, conocidos como La Bestia, en el que se traslada al sospechoso, algo poco habitual. Algunos vehículos abren paso en carretera, mientras otros escoltan por los costados y la parte trasera.

Los agentes a cargo portan una gran cantidad de armamento —hasta dos armas por funcionario—, chalecos antibalas, cascos balísticos y todo tipo de equipo que les permite responder ante cualquier eventualidad.

El nivel de hermetismo y despliegue es tal que incluso participan oficiales del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), el comando élite del OIJ, especializado en atender situaciones de alto riesgo gracias a su formación táctica avanzada.

Tal como reveló CR Hoy días atrás, la Policía Judicial maneja información de inteligencia que apunta a posibles atentados por parte de otros grupos criminales o, incluso, a una posible intención de "rescatarlo" para facilitar su fuga.

Los agentes no solo custodian a Gamboa, sino también los Tribunales y todo el trayecto hasta el área de máxima seguridad. El OIJ asumió el control del resguardo en los Tribunales de Goicoechea para cerrar cualquier brecha que permita una intervención externa.

Esta imagen es poco común: normalmente, la seguridad de los imputados la asumen oficiales internos del Poder Judicial, y los cabecillas criminales suelen ser trasladados en vehículos de la Sección de Cárceles del OIJ —conocidos popularmente como "perreras"—, utilizados para el traslado regular de privados de libertad.

Aunque el juicio en curso no está relacionado con el proceso de extradición, sino con una causa anterior por tráfico de influencias —en la que se le acusa de orquestar, junto con la exfiscala Smith Bonilla, un favorecimiento indebido para eliminar el nombre del exalcalde Araya Monge de una causa penal—, las autoridades han optado por reforzar la vigilancia en torno al imputado.

Tal como reveló CR Hoy en primicia, apenas 24 horas después de su captura, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) lo vinculó como presunto líder regional del Cártel del Golfo de México, a cargo de operaciones de narcotráfico en Panamá, Costa Rica, Honduras y Nicaragua.

Además, se le atribuyen vínculos con el Cártel de Sinaloa, en México, y con el Clan del Golfo, en Colombia, con quienes habría coordinado envíos de droga hacia Estados Unidos.