CCSS ya tramita rebajo de salario a Marta Esquivel y gerente general suspendidas por 6 meses
Jerarca gana ₡5.5 millones y gerente general a.i. ₡5.8 millones
La Dirección de Administración y Gestión de Personal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), confirmó que se encuentra en los trámites administrativos y legales necesarios para proceder con el rebajo del salario de la presidenta ejecutiva Marta Esquivel, así como la gerente general a.i., María de los Ángeles (Marielos) Gutiérrez.
Ambas funcionarias fueron suspendidas de su cargo por parte del Tribunal Penal de Hacienda durante 6 meses, dado que ambas son investigadas por el caso Barrenador: un supuesto escándalo de corrupción y posibles presiones de la Junta Directiva de la CCSS para adjudicar varios contratos con sobreprecios por ¢12.400 millones a cooperativas, para que estén a cargo de la administración de 138 Ebais.
De acuerdo con la misma Dirección, Marielos Gutiérrez devenga un salario mensual bruto de ₡5,801,785.71 millones de colones, uno de los más altos de la institución.
Por su parte, la jerarca tiene un salario aprobado de ₡5.565.000, ajustado por la Junta Directiva el pasado 9 de enero tras una polémica en torno a sobrepagos que recibía y que todavía no ha devuelto todo.
En caso de que no se hubiera suspendido la remuneración, la institución hubiera incurrido en unos ₡33 millones para seguir cancelando el sueldo a Esquivel, así como unos ₡35 millones para el de la gerente interina.
La cifra sumada de casi ₡68 millones de colones, se hubiera duplicado en caso de tener que pagar por el mismo periodo y los mismos montos, a la gerencia y la presidencia ejecutiva suplentes durante el tiempo de la inhabilitación.
La interrupción de los sueldos se ampara en un criterio de la Dirección Jurídica que días atrás concluyó que ambas no deben recibirlo mientras cumplen con la medida cautelar impuesta el pasado 10 de octubre. Cita el documento técnico:
Es posición jurisprudencial de la Sala Constitucional de que, así como durante la prisión preventiva, no se paga el salario (imposibilidad de asistir al trabajo), tampoco se debe pagar durante el plazo de otra medida cautelar que también impida al trabajador asistir, aunque no necesariamente esté privado de libertad, esta posición resulta vinculante según lo estatuido por el ordinal 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la tesis es compartida por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la República, concluyó la Dirección Jurídica en el oficio GA-DJ-08518-2024.
Marta Esquivel fungió como magistrada suplente y en su paso por la Sala Constitucional apoyó un criterio que indica que se puede suspender el salario, lo cual no violenta ningún derecho fundamental.
De hecho, en la resolución N. 201901422, una funcionaria de la CCSS acusada por el presunto delito de estafa, recibió la medida de suspensión del cargo y la Dirección Jurídica indicó que no debía recibir su salario, por lo que interpuso un recurso de amparo.
Cabe destacar, que Marta Eugenia Esquivel, presidenta de la institución avaló la acción de personal que subió el salario a Marielos Gutiérrez tan solo 23 horas después de salir de celdas, tras ser detenida. Así lo confirmó la misma funcionaria a crhoy.com el pasado 30 de setiembre, durante la audiencia de medidas cautelares.
Marielos Gutiérrez también está señalada en el caso Barrenador, dado que fungía como directora de Proyección de Servicios de Salud y en los últimos ha ejercido de forma interina la gerencia.
Caso Barrenador
Tanto la jerarca como la gerente general interina, Marielos Gutiérrez y los tres directivos María Isabel Camareno, Johnny Gómez y Zeirith Rojas, fueron apartados como una medida cautelar por el caso Barrenador.
La Fiscalía Anticorrupción (FAPTA) atribuye a los sospechosos la presunta comisión de los delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. El expediente es el 24-000267-1218-PE.
El escándalo de supuesta corrupción y tráfico de influencias por sobreprecios excesivos en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que varias cooperativas sigan con la administración de centros médicos, fue nombrado por los agentes judiciales a cargo como el caso Barrenador.
Envuelve a altos funcionarios y miembros de la Junta Directiva del Seguro Social costarricense, y gira en torno a los contratos a varias cooperativas para la administración de unos 138 Ebais: adjudicación con un sobrecosto estimado de unos ₡12.400 millones por año.
Esto representaría para la entidad un pago de sobreprecios total de $239 millones durante los 10 años de contrato: dinero que alcanzaría por ejemplo, para la construcción de un hospital completo como el nuevo Monseñor Sanabria, de Puntarenas.
