Caso Yanber: gestión de contadores públicos está bajo la lupa
OIJ analiza informes sobre períodos fiscales de 4 años
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) procura establecer una posible responsabilidad de los contadores públicos autorizados sobre los estados financieros auditados presentados por la empresa Yanber para obtener millonarios créditos bancarios.
Esa es una de las líneas que mantienen la policía judicial y la Fiscalía General en el denominado caso Yanber en el que se investigan posibles delitos de fraude.
Al parecer, varios exempleados habrían participado en un esquema delictivo fraudulento para que la compañía consiguiera millonarios créditos de la banca estatal y privada con tal de sortear una presunta crisis financiera.
Actualmente hay 5 imputados: Samuel Yankelewitz –expropietario de la empresa- cumple arresto domiciliario. Mientras, 4 exempleados de la compañía están en prisión preventiva. Ellos son de apellidos Paniagua Moya, Soto Bolaños (exgerente general), Sandí Sandí y Brenes Chaves.
La empresa obtuvo más de $20 millones de bancos antes de que iniciara el proceso para declararse en quiebra ante el Juzgado Concursal. Sin embargo, parte de ese dinero se habría usado en otros fines ajenos a la compañía.
"Utilizando estados financieros auditados falsos lograron que empresas financieras públicas y privadas les dieran préstamos millonarios, los cuales no honraron. La prueba nos permite acreditar los hechos", explicó en febrero anterior, cuando se dieron las detenciones, la Fiscal General a.i. Emilia Navas.
Las pesquisas
Entre los documentos bajo la lupa destacan papeles de trabajo de la firma de auditores Ugarte Camareno y Asociados correspondientes a los períodos fiscales de 2011, 2012, 2013 y 2014. Así se establece en el documento P04-OIJ-18, enviado al Consejo Superior del Poder Judicial, a principios de agosto.
Albán Ugarte, exauditor externo de Yanber y miembro de la firma señalada, aseguró en febrero -ante la comisión legislativa que investigó el otorgamiento de créditos bancarios- que fue engañado por la anterior administración de la compañía.
Según dijo en esa oportunidad, la información que le suministró la empresa para preparar los documentos presentados a los bancos no tenía indicios de ser incorrecta y, por eso, emitieron un informe favorable.
"Todo el trabajo realizado en 2014 fue suficiente para emitir una opinión y las pruebas realizadas salieron bien. No había indicios de información incorrecta, de ahí la opinión que emití en 2014. No había ninguna traza de que hubiera algún problema", señaló en esa oportunidad.
El auditor agregó que en noviembre de 2015, cuando ya no brindaba servicios para la empresa, recibió una llamada del ahora exgerente general del BAC San José, Gerardo Corrales, para informarle que la junta de acreedores de Yanber quería reunirse con él porque habían detectado diferencias en el patrimonio de la empresa.
Ugarte precisó que el 23 de noviembre de ese año, antes de ir a la reunión, llamó a personeros de Yanber. El entonces gerente financiero de la empresa (imputado Soto) le dijo que "no se trataba de un tema de diferencias en el patrimonio".
"Aquí el problema es que nosotros le dimos información que no era correcta, los estados financieros estaban alterados, había ventas que no eran reales, había problemas con los inventarios y las pruebas de auditoría que usted hizo no lo detectaron, y lo sentimos mucho, le recomendamos que se busque un abogado, y que nos disculpe, porque nosotros no queríamos causarle a usted perjuicio, pero los bancos están muy enojados, y lo van a demandar a usted y a Samuel Yankelewitz", recordó Ugarte, sobre lo dicho por Soto, ante la comisión legislativa.
Más diligencias
Otra de las acciones trata determinar los bienes de la Corporación Yanber S.A y los de Yankelewitz Berger en un cuestionado fideicomiso constituido para traspasar los activos de la empresa y así evitar que fueran embargados por acreedores. Se trata de la sociedad CJE Consultoría y Fiduciaria S.A.
También, se analizan las presuntas ventas ficticias hechas por Yanber a la compañía Interplastic Panamá en los períodos fiscales 2011, 2012, 2013 y 2014.
El 1º de junio, los últimos dueños de la empresa –que asumieron en 2016- anunciaron la decisión de iniciar el cierre de la planta de producción en Costa Rica en virtud de las dificultades financieras para mantener la operación. Unas 91 personas quedaron sin empleo.
