Caso Turesky: Pandemia obligó a banda a cambiar modelo de negocio para mantener lujos

La presunta organización criminal limonense investigada por narcotráfico internacional y legitimación de capitales, del conocido Caso Turesky, tuvo que cambiar su modelo de negocios durante la pandemia para poder mantener los lujos a los que se acostumbraron gracias a los réditos que les daba la supuesta exportación de cocaína a Europa.

Así lo determinó el Ministerio Público y se expuso en un documento que Carlo Díaz, fiscal general de la República, firmó para solicitar al Juzgado Penal de San Joaquín de Flores que se traslade el expediente a la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada (JEDO) para que se le de un tratamiento diferente al proceso que enfrentan Alejandro James Wilson (presunto líder) y 22 personas más.

Como parte de los argumentos presentados por Díaz al juzgado, el funcionario explicó que la organización sufrió un importante golpe a sus finanzas por el cierre de fronteras y menor tránsito de embarcaciones de Suramérica a Costa Rica y posteriormente a España y Francia, principalmente.

"(…) se pudo determinar en el transcurso de la investigación que con ocasión de la pandemia por el COVID-19, los miembros de la agrupación a fin de solventar el estilo de vida que mantenía la gran mayoría de los miembros de la organización comercializaron droga a nivel nacional, esta investigación se desarrolló por aproximadamente dos años, logrando en este período la policía judicial obtener los suficientes elementos de prueba para poder acreditar en un eventual debate la comisión de los hechos delictivos que se le atribuyen a los imputados y que permitieron en fecha 25 de mayo de 2021 llevar a cabo su detención", dice el documento judicial.

Díaz respaldó su posición con el decomiso de una gran cantidad dinero que mantenía oculto en las casas y vehículos modificados de los miembros de la agrupación y días después de los allanamientos.

"La policía judicial durante este período de investigación identificó a los miembros de la organización, estableció su modus operandi, determinó los roles de cada uno de sus miembros y cómo distribuían funciones para lograr con éxito la actividad criminal que desarrollaban, así como el método utilizado para lograr legitimar la gran cantidad de dinero que obtenían como consecuencia del tráfico internacional de drogas, lo cual se logró establecer tanto mediante las diligencias de campo como mediante la herramienta de la intervención de las comunicaciones ordenada por el Juzgado Penal San Joaquín de Flores en la presente causa", señaló el jefe del Ministerio Público en el texto enviado al Juzgado florense.

Este es solo uno de los elementos que Carlo Díaz pidió al Juzgado tomar en cuenta para trasladar el expediente 18-000092-1219-PE a la JEDO.

El presunto líder Alejandro James Wilson y otros 22 sujetos fueron detenidos por la presunta participación en la exportación de cocaína a Europa desde Costa Rica.

Asimismo, se les achaca el supuesto tráfico de esa droga desde el sur de América hasta el territorio nacional, donde la almacenaban hasta incluirla en contenedores de mercancías lícitas posteriormente enviados al extranjero.

Los argumentos del fiscal

Según Díaz, los imputados se asociaron de manera ilícita y conformaron una agrupación delictiva que se dedicó entre julio del 2018 y abril del 2021 "a delinquir de manera constante y permanente en el tiempo, dedicados al tráfico, almacenamiento, distribución, preparación y venta de drogas de uso no autorizado, específicamente clorhidrato de cocaína y su posterior exportación a países europeos".

El funcionario señaló que los miembros de la organización criminal crearon una estructura a través de la conformación e inscripción de empresas fachada, para legitimar las ganancias obtenidas de la actividad del narcotráfico, por medio de las cuales adquirieron y en algunos casos vendieron bienes muebles e inmuebles.

Según el documento firmado por Díaz, estas personas inscribieron esas propiedades a nombre de las sociedades anónimas que habían creado, de algunos miembros de la organización criminal o bien a terceros mediante la figura de testaferros.

"El modelo operativo adoptado por la organización criminal, consistió en recibir la droga de un país suramericano, de forma inmediata transportarla, almacenarla y dosificarla, para posteriormente, transportarla en pequeñas cantidades por vía terrestre, esto, por medio de vehículos con compartimentos ocultos hasta diferentes zonas geográficas de Costa Rica, especialmente la provincia de Limón", detalló sobre las operaciones.

Añadió que los cargamentos eran enviados a Francia y España, principalmente mediante la "contaminación de contenedores" que llevaban productos lícitos desde Moín, Limón.

Según lo señalado por el jefe del Ministerio Público, los acusados ejecutaron acciones, de manera conjunta o separada, para transportar alijos de droga a distintas provincias del país donde se ubicaban sus propiedades y posteriormente realizaron la distribución de dichos paquetes a nivel nacional e internacional.