Caso Richter: Apertura de celulares decomisados podría ampliar investigaciones por aparentes sobornos
Por el momento, al único que no le han decomisado el celular es al candidato a diputado del PUSC, Jorge Arturo Campos Araya
La alcaldesa de San Ramón, María Gabriela Jiménez; el presidente Rodrigo Chaves; el candidato a diputado del PUSC, Jorge Arturo Campos; y el diputado del PUSC, Leslye Bojorges.
La apertura de los celulares decomisados en la investigación del caso Richter que investiga presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias podría ampliar las investigaciones que realiza la Sección Especializada contra el Crimen Organizado del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y que dirige la fiscalía general.
Tras una consulta de CR Hoy, el Ministerio Público explicó que por el momento no se ha hecho la apertura de los teléfonos celulares decomisados, sin embargo, tras el análisis que se haga de la información contenida en dichos dispositivos las investigaciones y los imputados en el caso podrían ampliarse.
Los imputados en este caso son: el actual regidor de la Municipalidad de Alajuela y candidato a diputado en el primer lugar por Alajuela del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Jorge Arturo Campos Araya; Leslye Bojorges León, diputado del PUSC; María Gabriela Jiménez Corrales, alcaldesa de San Ramón; Lourdes Saúrez Barboza, exdirectora de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública (MEP) y hoy presidenta del AyA; Marlen Luna Alfaro, expresidenta de Migración y actual jerarca del IFAM; y Carlos Ávila Arquín, viceministro de Transportes.
El Ministerio Público destacó que de los seis imputados, únicamente a Campos no se le decomisó el teléfono. Los demás celulares no han sido revisados porque se está a la espera de la autorización judicial para la apertura.
De momento ninguno de los seis imputados ha sido indagado ni existe audiencia programada en el corto plazo.
El caso Richter
Se trata de un caso que se deriva de la investigación llamada Madre Patria en la cual se investigan millonarios fraudes registrales y legitimación de capitales. Uno de los imputados en el caso Madre Patria es el autobusero Jonathan Herrera González, investigado por lavado de activos (22-005018-0042-PE).
En comunicaciones que obtuvo el OIJ y la Fiscalía, durante el proceso de investigación de Madre Patria, se evidenció la cercanía entre los investigados y cómo solicitaban apoyos en medio de la campaña política en la que Campos Araya aspiraba a la alcaldía de Alajuela, aunque finalmente solo alcanzó el cargo de regidor.
(…) Arturo le pregunta que si está en comunicación directa con Leslye, el mae lo está ayudando o lo está abandonando. Jonathan le contesta que "el mae me está ayudando". Arturo le dice que la idea "es que nos ayudemos entre los dos". Jonathan le pregunta que si puede sacar un ratito el sábado en la mañana y venir, él le da los locales, para que escoja cuál quiere, hay un local muy grande que él (Arturo) puede poner una vara de operaciones… (…)
La investigación reveló que entre el 19 y el 24 de octubre de 2023, Bojorges sostuvo reuniones con el presunto líder del caso Madre Patria, el español Fernando Gómez González, y con Herrera, para coordinar supuestamente el pago de retribuciones económicas a favor del diputado, provenientes del grupo criminal.
El documento indica que Bojorges aprovechó su cargo para ejecutar actos contrarios al deber de probidad en beneficio de Gómez y Herrera, ambos ligados a la compañía de autobuses.
"Lo anterior, previa intermediación de Jorge Arturo Campos Araya, quien puso en contacto a Jonathan Herrera González con el investigado Leslye Rubén Bojorges León, bajo la intención de que esté último beneficiara a la organización en temas relacionados con la explotación y funcionamiento de rutas de transporte público, donde justamente las empresas autobuseras de Fernando Gómez González ofrecían servicios de transporte o tenían la finalidad de hacerlo".
A Campos, ahora candidato a diputado del PUSC, también se le atribuyen acciones en conjunto con Bojorges y la actual alcaldesa de San Ramón, María Gabriela Jiménez Corrales —quien recientemente se apartó del PUSC para adherirse a Rodrigo Chaves Robles—, con el fin de obtener beneficios indebidos para terceros.
El informe lo vincula además con reuniones junto a Lourdes Suárez Barboza, entonces directora de Infraestructura del MEP, imputada en esta causa por encuentros clandestinos con Bojorges en su despacho, burlando los controles de seguridad.
Suárez, pese a la investigación en su contra, fue designada por Chaves hace menos de dos meses como presidenta ejecutiva del AyA.
Según el informe 01-IP-OECDO-2024, las comunicaciones captadas reflejan que miembros del caso Madre Patria buscaban incluir de forma irregular a personas de confianza en temas políticos. Además, señalan que el diputado favorecía los intereses de la organización criminal, aprovechando su investidura y recibiendo ventajas económicas en efectivo.
La alcaldesa chavista
Una conversación intervenida por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), incluida en ese expediente, reveló supuestas negociaciones para el pago de dádivas entre Herrera y Leslye Bojorge, diputado del PUSC, como ayudas relacionadas con aparentes colaboraciones en el Consejo de Transporte Público (CTP), pese a que la diputada niega haber recibido dinero en efectivo.
El legislador señaló que, ante la insistencia de los empresarios en brindarles apoyo, les sugirió hacerlo con la entonces candidata a alcaldesa del PUSC por San Ramón, Gabriela Jiménez Corrales, quien finalmente ganó las elecciones.
Posterior a esas comunicaciones intervenidas, mediante el uso de cámaras de seguridad de la Policía Municipal de Alajuela, el OIJ logró captar un vehículo marca Chevrolet Captiva, sin placas pero identificado con una calcomanía de la campaña política de Jiménez, llegando el 3 de noviembre del 2023, al plantel de buses de Herrera ubicado en el barrio San José de Alajuela.
Precisamente en una de las intervenciones telefónicas se pudo corroborar que se coordinó la entrega de dinero de efectivo por parte de Herrera a la hoy alcaldesa "para evitar dejar registros en entidades bancarias".
Una vez que se dio a conocer públicamente esta información, Jiménez confirmó haber recibido dinero de un autobusero cuestionado, pero aseguró que el diputado socialcristiano Leslye Bojorges "la embarcó", al generar un contacto entre ella cuando era candidata y al menos dos imputados en el megacaso de fraudes y legitimación de capitales.
Por su parte, el congresista confirmó que él se reunió con los empresarios Herrera González y el cabecilla de apellido Gómez, quienes ahora descuentan un año de prisión preventiva tras su captura.
Tras las revelaciones del legislador, Gabriela Jiménez emitió un comunicado respondiendo a los señalamientos.
"Durante la campaña pasada de alcaldías, Leslye, sin que yo le solicitara nada, me ofreció ayuda con un "amigo" suyo. Como siempre pasa en medio de la campaña, yo no tenía por qué desconfiar de una persona como Leslye que siempre me pareció correcto.
En este caso, ciertamente existe una interceptación de una comunicación entre el Diputado Bojorges y don Jonatan Herrera González, donde el Diputado pide una ayuda para mí, entendiéndose esto como la campaña.
Ciertamente, no voy a ocultar que por la intermediación de Leslye me dieron una bolsa con monedas con menos de cien mil colones.
Cabe aclarar que para ese momento yo no había sido electa, ni tenía competencia pública alguna, ni me comprometí nada en lo absoluto", replica el comunicado de aquel momento.
Jiménez Corrales no reportó ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) la donación que le hizo el empresario autobusero. Ella declaró en un programa de televisión que todo el dinero ingresado a las arcas de la campaña se había registrado ante las autoridades electorales; sin embargo, el TSE confirmó que no existe constancia de esa persona como donante.
En una revisión del listado oficial del TSE, no se encontró ningún aporte al PUSC por parte de Herrera, ni de los presuntos cabecillas de la organización criminal, apellidados Gómez y León, quienes están imputados en el caso Madre Patria.
También se buscó en el documento oficial del Tribunal a los más de veinte imputados que figuran en la causa, pero ninguno de ellos aparece como donante de la contienda electoral que apoyó a la entonces candidata del PUSC.
Ante la consulta de CR Hoy, el Tribunal indicó que, al comprobar que no se registró ese aporte como contribución a la campaña de Jiménez, abrió una investigación el viernes 24 de enero.
"Se dio una apertura por parte del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, de una investigación administrativa preliminar relacionada con posibles donaciones referidas por una alcaldesa, según noticias divulgadas desde el día jueves", explicó Ronald Chacón, jefe de esa oficina del TSE.
