Caso Racsa: Fiscalía analiza denuncia de adjudicaciones “a dedo” por casi $30 millones

El Ministerio Público confirmó que la Unidad de Trámite Rápido tiene bajo análisis la denuncia presentada en ese despacho por supuestas irregularidades detectadas en la ejecución de contrataciones públicas del Estado por medio de Radiográfica Costarricense (Racsa).

Ante consulta de este medio, la Fiscalía informó que la documentación se "trasladó a un fiscal, donde se encuentra en análisis".

Una vez que termine ese proceso se determinará si se pasa a una oficina que acoja el caso y se le asigne un número de expediente al documento que entregaron y firmaron 17 diputados, luego de que el legislador liberacionista, Francisco Nicolás, expusiera detalles en el Congreso.

Según datos públicos de Sistema Integrado de Compras (Sicop), esta empresa estatal intervino de diciembre del año pasado a la fecha en las adjudicaciones que suman un monto cercano a los $30 millones en contratos directos, los cuales ahora deberán ser sometidos a estudio, no solo por parte de la Fiscalía, si no también por la Contraloría General de la República, que también le dio trámite a la denuncia.

Cabe señalar que ese monto se deriva de compras en las que Racsa figura como comprador o adjudicatario, las cuales fueron corroboradas por este medio en una revisión hecha en el sistema público, información que además fue incluida en la denuncia penal que está en manos de la Fiscalía.

No obstante, en un total de 40 contrataciones directas, al parecer Radiográfica propuso dar el servicio, pero luego terminó subcontratando empresas "a dedo".

"Según datos de SICOP del 01 de diciembre 2022 al 02 de noviembre 2023, RACSA ha resultado favorecida en más de 40 adjudicaciones, de las cuales todas han sido licitaciones por excepción (es decir sin concurso de oferentes como en las licitaciones mayores, menores o reducidas) porque quienes contratan a RACSA son instituciones públicas, tales como: Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ministerio de Relaciones Exteriores,Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Planificación, Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Banco Central, ICE, COSEVI, CTP, CCSS, IAFA, SINAC, SINEM, CNP, Centro Nacional de Música, Junta Administrativa de Migración y Extranjería, Junta Administrativa Imprenta Nacional.

Según datos de SICOP del 01 de diciembre 2022 al 02 de noviembre 2023, las adjudicaciones efectuadas a RACSA sin concurso y adjudicadas a dedo, ascienden a millonarias sumas provenientes de fondos públicos", dice el documento aportado al órgano acusador.

La solicitud de investigación, que fue firmada por 17 diputados y entregada ante la Fiscalía General de la República, la Contraloría Genera de la República y la Procuraduría de la Ética, el pasado 8 de diciembre, insta a indagar la posible comisión de varios delitos.

Posibles delitos y violación legal

El documento señala que podrían haberse cometido las siguientes faltas:  incumplimiento de deberes, influencia contra la hacienda pública, sobreprecio irregular, fraude de ley en función administrativa, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito; posible lesión a los deberes de probidad, transparencia e Independencia; posible lesión y debilitamiento al Sistema de Control Interno; posible corrupción.

"(…) se trata de más de 40 adjudicaciones a favor de RACSA como proveedor mediante el abuso de figuras excepcionales de contratación. Debe recordarse que la ley no permite el uso fraudulento de la Ley de contratación administrativa, el cual se da cuando formalmente se cumple con esta, pero en el fondo se persigue un resultado contrario al interés público (artículo 2 de la Ley 8422). En este caso particular pareciera que utilizar más de 40 veces mecanismos de excepción, en un espacio de menos de un año, para beneficiar al mismo oferente (RACSA) utilizando el dinero de todos los costarricenses, resulta más que sospechoso y es razonable cuestionarse si tales contrataciones realmente persiguieron el interés público (que debe recordarse es distinto al interés de la administración de turno). Es por esto que, ante el abuso de formas excepcionales de contratar que se han convertido -sospechosamente- en la regla, deben ser investigadas para determinar la posible existencia de delitos como la influencia contra la hacienda pública y el fraude de ley en la función administrativa (artículos 57 y 58 de la Ley 8422)", dice el documento que analiza el Ministerio Público.

Además en este se expone la posible violación de las siguientes legislaciones: Ley General de Contratación Pública, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y Ley General de Control Interno.

"De comprobarse posibles abusos e irregularidades en el uso de los mecanismos de excepción de contratación de los que RACSA podría estar valiéndose con las instituciones antes citadas, se estaría violando la Ley de Contratación Pública e incurriéndose en una violación normativa", señala el texto.

Este señalamiento lo hizo en razón de que aparentemente no existió oportunidad de apertura para la participación de otras compañías.

Entre las empresas que figuran como beneficiadas por adjudicaciones figuran Oracle, Datasys, SGSV, Central de Servicios PC, Redes Fusionet, Noventiq, Vinet Technology y Cisco Costa Rica.

En el informe que acogió la Fiscalía se solicitó que Racsa suministra toda la información de contrataciones que han sido categorizadas como confidenciales a terceros, para ser sometidas a estudio por parte del órgano judicial, al igual que las que se pudieron tramitar y de las que no hay constancia en Sicop.

Tras conocer sobre la denuncia, la semana pasada, la institución se defendió de las acusaciones que ahora son objeto de investigación en el Poder Judicial.

"Es falso que Racsa seleccione a dedo a un grupo 'selecto' de empresas privadas. Por el contrario, Racsa es respetuosa del ordenamiento jurídico y ha cumplido a cabalidad con los procedimientos que establece la Ley General de Contratación Pública y su reglamento", indicaron tras consulta de este medio.