Caso Punta Leona: Esto dice la ley sobre las construcciones en Zona Marítimo Terrestre
La municipalidad de Garabito y el complejo Hotel Punta Leona han protagonizado un enfrentamiento mediático esta semana por una franja de terrero que el Gobierno Local reclama como pública por estar en la Zona Marítimo Terrestre, pero el hotel alega que le pertenece y que tienen documentos legales que los respaldan.
Este embrollo no es nuevo. En el pasado ya se había dado el reclamo al hotel sobre los accesos públicos a la playa, cada vez más difíciles para las personas que no están hospedadas en los comercios y, ante esta situación. Pero, si todas las playas son públicas en Costa Rica, ¿qué es lo que ocurre en Punta Leona?
La Ley N.º 6043, también llamada Ley sobre la Zona Marítimo-Terrestre, fue creada en 1977 con el fin de regular el uso y aprovechamiento de la franja costera del país. Según lo estipula su artículo 1, esta franja es "inalienable e imprescriptible":
Artículo 1. La zona marítimo-terrestre constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible. Su protección, así como la de sus recursos naturales, es obligación del Estado, de sus instituciones y de todos los habitantes del país. Su uso y aprovechamiento están sujetos a las disposiciones de esta ley.
Según explicó el abogado ambientalista Álvaro Sagot esta ley regula los primeros 200 metros contados a partir de la pleamar (marea alta) hacia tierra firme. De estos, 150 pueden ser objeto de concesión, pero los primeros 50 metros son inalienables; es decir, ninguna persona puede disponer de ellos ni intervenirlos.
"Para que haya una concesión es necesario que exista un plan regulador, y esas áreas en zona marítimo-terrestre que pueden ser otorgadas en concesión no pueden ser humedales ni bosques. Y si están catalogadas como patrimonio natural del Estado, no podrían ser dadas jamás en concesión", detalló el abogado.
Sagot también aclaró que existen algunas excepciones incluidas en los transitorios de la ley, como ocurre en Puntarenas y en ciertos sectores de Limón, pero que, en términos generales, no deberían existir construcciones en los primeros 50 metros.
¿Por qué no se puede construir en esa franja? Según Sagot, permitir construcciones en esa zona limita no solo el acceso público a las playas, sino también el paso de la vida silvestre, ya que se interrumpen corredores biológicos, lo cual perturba los ecosistemas.
"En Costa Rica, tanto en la costa Pacífica como en la Atlántica, hay situaciones en las que las municipalidades —que son las fiscalizadoras de esos 200 metros, como lo señala la ley— no actúan oportunamente. ¿Qué ha significado eso? Bueno, que muchas personas construyen incluso dentro de los 50 metros inalienables, que nadie debería tocar", destacó Sagot.
Ante ello, el artículo 4 de la misma ley establece tanto la Municipalidad como la Procuraduría General de la República están legalmente facultadas para fiscalizar el cumplimiento de esta normativa. No obstante, el abogado enfatizó que esta labor recae principalmente en los gobiernos locales, ya que son las autoridades que se encuentran en el sitio.
"La municipalidad y, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley de Zona Marítimo-Terrestre, también la Procuraduría General de la República. Pero, por supuesto, al estar en el territorio y contar incluso con oficinas especializadas, las municipalidades son los principales ojos, observadores, fiscalizadores y quienes deben aplicar la normativa", agregó el abogado.
Caso Punta Leona
El pasado 2 de julio, la administración de Punta Leona Beach Club & Nature Resort denunció, a través de sus redes sociales, que el alcalde de Garabito, Francisco González, se presentó en el complejo turístico y "pretendió inicialmente que se derribara la aguja colocada en una propiedad privada de Punta Leona y de terceros, sin mediar procedimiento administrativo alguno".
"Se le informó que no se procedería conforme con sus intenciones, y mucho menos sin orden escrita, pues se trataba de una propiedad privada. Cualquier intento de violentar o quitar la aguja iría contra el derecho a la propiedad privada, por lo que deberían responder por esos actos", indicaron en un comunicado.
Consultado al respecto, González aseguró a CR Hoy que el gobierno local trabaja en un proceso para liberar el área pública de la zona marítimo-terrestre en diversos sectores del cantón, entre ellos Guacalillo, Herradura y Playa Blanca. También afirmó que esta decisión se basa en denuncias vecinales y en lo establecido en la Ley 6043.
"En ningún momento llegamos con tractores, martillos, maquinaria ni mazos. No fuimos a demoler ninguna aguja. Llegamos con todo el respeto. Más bien, ellos se mostraron un poco agresivos, pero nosotros somos la autoridad. No teníamos que botar nada. Ellos debían abrir, como lo hicieron, y permitirnos ingresar al área pública, que era lo que buscábamos en ese momento: conocer, ver qué había ahí y determinar si era prudente medir o si era fácil detectar cuánto estaba ocupado", mencionó el alcalde.
Agregó que lo que se pretendía era determinar si parte del hotel estaba invadiendo el área pública.
"Por ser dueños de una finca que rodea el acceso, tienen por ley que permitir el paso. Además, construyeron una calle en el área pública. Entonces también se debe revisar por qué construyeron esa vía, que claramente debió hacerse sin permiso. Y bueno, básicamente, negociar si la usamos todos o si se demuele, porque si la quieren con fines privados, no puede pasar por el área pública", mencionó el alcalde.
De acuerdo con un croquis que maneja la Municipalidad sobre el área, lo que está a la izquierda de la línea amarilla, estaría invadiendo el terreno público. Como se puede ver, hay infraestructura como aceras, baños, gradas, muros y accesos.
Por su parte, el complejo hotelero aseguró que desde mayo presentó documentación, pruebas e informes técnicos ante la Municipalidad de Garabito, en relación con las estructuras que presuntamente estarían invadiendo la zona marítimo-terrestre. Sin embargo, indicaron que no han recibido respuesta formal ni criterio técnico por parte del municipio. Según afirmaron, lo único que recibieron fue una advertencia verbal con un plazo urgente, sin sustento técnico.
El gerente general del resort, Miguel Fernández, indicó que ya se activaron los mecanismos formales, tanto a nivel administrativo ante la Municipalidad como en los tribunales correspondientes.
"El alcalde está dando informaciones que no son veraces. La empresa ha reiterado en múltiples ocasiones que Playa Blanca es pública, existe acceso público y no se está impidiendo el sano disfrute hacia la playa. La propiedad de acceso en donde están colocadas las agujas que el alcalde amenaza con derribar pertenece a varios propietarios, no solo a Punta Leona Beach Club & Nature Resort, y esos propietarios también ejercerán las acciones correspondientes".
También recalcaron que no existe una declaratoria de interés público sobre dicha propiedad y que, según el conocimiento de la empresa, tampoco hay ningún proceso de expropiación abierto.
Medida cautelar
Posteriormente, el Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea declaró con lugar una medida cautelar provisionalísima interpuesta por el complejo. La resolución ordena a la Municipalidad de Garabito abstenerse de realizar cualquier acción material contra la aguja ubicada en la entrada de la propiedad.
"La Municipalidad nunca ha estado trabajando sobre propiedad privada. Nuestro trabajo está únicamente direccionado al área pública de la zona marítimo-terrestre. Nos llama la atención que ese documento sea público sin que hayamos sido notificados", aseveró el alcalde y detallo qué: lo que anda circulando es completamente contrario a lo que estamos haciendo. A Punta Leona no se le demuele nada en propiedad privada; si se le demuele algo, es porque invadió propiedad pública", añadió.
Denuncia penal
Además, este jueves 10 de julio, la empresa Real de Punta Leona presentó ante la Fiscalía de Garabito una denuncia penal contra González por el presunto delito de abuso de autoridad, junto con una solicitud de medidas cautelares provisionalísimas, según informó en un comunicado de prensa.
Por su parte, el alcalde afirmó que no ha sido notificado de dicha denuncia, por lo que no brindará declaraciones al respecto.
