Caso Gallo Tapado: tesorero del Banco Nacional afrontará juicio por sustracción de ₡3.293 millones

Ricardo Olivas Valle, extesorero del Banco Nacional y principal sospechoso de sustraer ₡3.293 millones de las bóvedas de la sede central en San José mediante sobres de manila, afrontará un juicio por estos hechos.

Así lo determinó el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, a solicitud de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), la cual acusó al exfuncionario por 33 delitos de peculado, tras considerar que existen pruebas suficientes para demostrar la extracción del multimillonario monto.

El Juzgado también extendió por cuatro meses más la prisión preventiva contra Olivas. De acuerdo con la Fiscalía, entre enero de 2021 y octubre de 2023, Olivas habría orquestado un plan delictivo para acumular ilícitamente millonarias sumas de dinero.

Esto mientras se desempeñaba como tesorero de Procesamiento de Numerario de Clientes Externos del Centro Interno de Procesamiento de Efectivo (CIPE) de esa entidad bancaria.

Esa oficina es la encargada de recibir, tramitar y acreditar todos los depósitos relacionados con convenios de recolección de efectivo de los clientes. La Tesorería, a su vez, coordina el traslado del dinero hacia las distintas sucursales y agencias del conglomerado bancario.

Según la acusación, parte del modo de operar de Olivas consistía en introducir fajos de billetes dentro de sobres de manila que posteriormente sustraía del CIPE. Luego salía caminando por la esclusa y el puesto de seguridad de esa dependencia, hasta sacar el dinero de manera definitiva de la custodia del banco.

Por estos hechos, hay siete personas más bajo investigación. En mayo anterior, la FAPTA decidió separar al principal sospechoso del resto de los implicados y, al tener adelantadas las indagaciones sobre él, solicitó una audiencia preliminar para elevar la causa a juicio.

El Juzgado ya avaló esa petición y admitió que el caso se maneja como tramitación compleja, lo que permite la duplicación de los plazos previstos en la ley para el proceso.

Ese despacho del Ministerio Público formó un expediente denominado "testimonio de piezas" para los demás sospechosos, de apellidos Ugalde Morales, Blanco Oviedo, Cerdas Méndez, Hernández Saborío, Madrigal Faerrón, Ramírez Sandí y Bolaños Zúñiga.

Olivas es señalado por el delito de peculado, que consiste en la sustracción o desviación de dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada a un funcionario público debido a su cargo. El Código Penal lo castiga con penas de tres a doce años de prisión.

Mientras llega a juicio, el extesorero, de 37 años, permanece bajo prisión preventiva desde su detención el 8 de noviembre de 2023. Los otros siete empleados del banco fueron aprehendidos ese mismo mes durante los operativos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Orígenes

Los rumores sobre "desorden" y "manejos irregulares" en el CIPE del BNCR fueron el origen que permitió descubrir la presunta sustracción. Las aparentes anomalías en el manejo del efectivo se conocían desde mediados de 2023, según consta en la orden de allanamiento del caso.

Para entonces, ya existían alertas confidenciales sobre presuntas irregularidades cometidas por funcionarios. La Dirección de Control y Cumplimiento Normativo del BNCR elaboró un estudio en el cual se fiscalizó la Administración del Numerario —área que gestiona el efectivo procedente de tulas o colas de billetes— entre el 31 de julio y el 29 de agosto de 2023.

También realizó el 23 de agosto de ese año, una charla con funcionarios a raíz del desorden detectado en el manejo del efectivo por parte de analistas del CIPE y de información confidencial recibida en esa dependencia.

Esa fue la primera ocasión en que se advirtió sobre el "manejo irregular" atribuido al tesorero Olivas Valle. A partir de esos hallazgos, la Dirección de Control decidió intervenir las oficinas encargadas de gestionar del efectivo que ingresaba a las bóvedas, y efectuó un arqueo físico en octubre que destapó el faltante de dinero.

"De esta manera, tal y como consta en el adendum CCN-CSI-076-2023-IN4, el 3 de octubre de 2023 la Dirección de Control y Cumplimiento Normativo del BNCR inició un arqueo del CIPE, el cual terminó el 4 de octubre de 2023. Ejercicio que fue repetido nuevamente el 6 de octubre de 2023, determinando así que existe un faltante de 3.239.829.421,40 colones en efectivo, que debían estar en custodia del señor Olivas Valle", cita la orden de allanamiento que dio pie a las detenciones de 8 de los 9 imputados en la causa penal, el 8 de noviembre de 2023.

El OIJ y la FAPTA iniciaron las pesquisas después del 23 de octubre de 2023, tras la difusión del caso en medios de comunicación. El Nacional tardó casi tres semanas en presentar la denuncia penal.

Según la hipótesis inicial, el OIJ apunta a que Olivas Valle habría sustraído dinero en efectivo durante siete ocasiones distintas entre agosto y setiembre. Ante la falta de arqueos físicos y controles exhaustivos desde 2019, se investiga si existieron otras sustracciones en los últimos cuatro años.

La Fiscalía sostiene que Olivas se asoció con otros funcionarios para ejecutar el plan. Estos son:

• Ugalde Morales: Supervisor de Tesorería de Procesamiento de Efectivo.
• Blanco Oviedo: Supervisor de Procesamiento de Efectivo.
• Cerdas Martínez: Autoevaluadora de Procesamiento de Efectivo.
• Hernández Saborío: Contador de efectivo.
• Madrigal Faerrón: Jefe de Tesorería.
• Bolaños Zúñiga: Guarda de seguridad.
• Finesse y el Sistema de Control de la Administración de Efectivo (SCAE).

Olivas habría sido el encargado de ejecutar materialmente las sustracciones, valiéndose de la incomunicación entre el Sistema Transaccional Finesse y el Sistema de Control de la Administración de Efectivo (SCAE).

Los imputados Blanco Oviedo, Ugalde Morales, Hernández Saborío, Madrigal Faerrón, Ramírez Sandí (supervisor de Procesamiento de Efectivo) y Cerdas Méndez habrían colaborado para ocultar el desbalance contable generado por la extracción de dinero, mediante el registro de información falsa en los arqueos diarios y la omisión de los controles internos que debían ejecutar y verificar.

Al parecer, Olivas entregaba a Ugalde Morales sumas inferiores a las que recibían otros funcionarios del CIPE. De esa manera, habría acumulado una suma injustificada superior a los ₡4.556 millones, de los cuales 71% fueron sustraídos directamente de las instalaciones.

La investigación logró acreditar al menos siete presuntas sustracciones ocurridas entre el 25 de agosto y el 26 de setiembre de 2023, bajo un mismo modus operandi: Olivas introducía fajos de billetes en un sobre de manila amarillo y salía del CIPE con el sobre en la mano derecha.

Según el Ministerio Público, la "organización criminal" estableció un esquema para justificar el origen del dinero obtenido ilícitamente.

Para ello, el tesorero, entre enero de 2022 y octubre de 2023, habría comprado hasta ₡60 millones mensuales en lotería —chances y Tres Monazos—, invirtiendo entre ₡2 millones y ₡3 millones diarios.

"Producto de esa saturación estadística, logró hacerse acreedor de múltiples premios otorgados por la Junta de Protección Social (JPS), los cuales fueron repartidos entre todos los miembros de la organización", detalla la orden de allanamiento.