Caso Barrenador: Tras más de 2 semanas de allanamientos todavía no se definen medidas cautelares

Desde el pasado martes 1° de octubre, la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) Marta Esquivel y el resto de funcionarios y directivos activos de la institución, regresaron a sus puestos luego de una semana de afrontar la audiencia de medidas cautelares por el caso Barrenador, sobre supuestos actos de corrupción.

Ya han transcurrido más de dos semanas desde el día de los allanamientos en los que se detuvo a la jerarca y 7 personas más, pero todavía no se define si se suspenderán o no a los imputados. Al menos tres abogados defensores consultados por crhoy.com confirmaron que hasta ahora, no se les ha notificado la resolución.

Es el Juzgado Penal de Hacienda y Función Pública, que analizó la petición del Ministerio Público y que todavía no toma decisión sobre las medidas cautelares.

El Ministerio Público solicitó inhabilitar del cargo por 6 meses a la jerarca, la gerente general interina y los demás miembros activos de la junta directiva, mientras se continúa la investigación por los supuestos delitos de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública.

También se pidió para todos los sospechosos restricciones el impedimento de salida del país y la entrega de pasaportes, así como la prohibición de conocer la licitación cuestionada y de contactar a 11 testigos, dado que la Fiscalía tiene pruebas de qué al menos tres de ellos han recibido amenazas físicas y laborales.

Mientras tanto, y hasta que el Juzgado no dicte un fallo, Esquivel y los funcionarios señalados pueden ejercer sus funciones, según confirmó el abogado Rodrigo Araya tras la finalización de la audiencia el pasado lunes 30 de setiembre.

"El juez claramente indicó que mientras él no resuelva, no pesa ninguna medida cautelar todavía sobre los investigados y por ende podrán regresar a los puestos", señaló ese día.

Caso Barrenador

El escándalo de supuesta corrupción y tráfico de influencias por sobreprecios excesivos de contratos en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para la administración de Ebais, fue nombrado por los agentes judiciales a cargo como el "Caso Barrenador".

Envuelve a altos funcionarios y miembros de la Junta Directiva del Seguro Social costarricense, y gira en torno a los contratos a varias cooperativas para la administración de unos 138 Ebais: adjudicación con un sobrecosto estimado de unos ₡12.400 millones por año.

Esto representaría para la entidad un pago de sobreprecios total de $239 millones durante los 10 años de contrato.

Es decir, seis veces más de lo que costó todo el crédito por el sonado caso Caja- Fischel: un escándalo con un préstamo que se totalizaba $39,5 millones y se avaló para la compra de equipo médico, en un caso que fue destapado en 2004.

Fueron 28 allanamientos ejecutados por las autoridades en oficinas centrales de la CCSS, casas de habitación y sedes de cooperativas contratadas. La causa se tramita bajo el número de expediente 24-000267-1218-PE.

En total, confiscaron ₡2 millones, $5.400 y €875, según confirmó la Oficina de Prensa de la Fiscalía ante la consulta de crhoy.com. Sin embargo, no se detallaron los montos por cada sospechoso.

Adicionalmente, los agentes judiciales decomisaron los celulares de Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, así como los 7 funcionarios y exdirectivos que fueron arrestados.

Según la Fiscalía, también se incautó otra evidencia de interés para el caso, como documentos y prueba digital.

Oficinas de la Caja Costarricense de Seguro Social en San José fueron el foco de los operativos que realizó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) y la Oficina Anticorrupción del OIJ, para investigar los supuestos delitos en los cuales aparentemente incurrieron directivos de la entidad, al adjudicar contratos para la administración de Ebais.

La oficina de la presidenta ejecutiva, Esquivel Rodríguez, la gerencia general y la gerencia médica, las Direcciones de TI y Proyección de Servicios de Salud, así como una oficina en el hospital de San Ramón, eran parte de las locaciones allanadas.

También se realizaron diligencias en la sede principal de Coopesalud (cooperativa que administra dos clínicas del Área de Salud de Pavas y el Área de Salud de Desamparados 2); en las instalaciones de Coopesana (a cargo de los centros médicos de Escazú, Santa Ana y San Francisco); en Coopesiba (administrador de clínicas en San Pablo y Barva de Heredia); en Coopesain de Tibás; así como Asemeco, empresa encargad de los Ebais de La Carpio, San Sebastián y Paso Ancho, según consta en la denuncia presentada por la Auditoría de la CCSS ante el Ministerio Público.

Adicionalmente, se allanó la residencia donde vive Marta Esquivel en una torre de apartamentos en Barrio Escalante y 11 viviendas más en San José, Alajuela, Cartago y Heredia.